Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
La ley 18.548 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de impunidad" o "ley de caducidad"), es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los autores de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) quedaran impunes.
La misma fue aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986, y sometida mas tarde a consulta popular, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogarla. La votación fue llevada a cabo el 16 de abril de 1989, determinando finalmente la victoria del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta), que pretendía no derogar la Ley de la Pretención Punitiva del Estado) por un margen de 57% contra 43% en favor del "voto verde".