Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)
El 27 de junio de 1973, en vista de que "la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal", el entonces presidente Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de "proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.
En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Central Nacional de Trabajadores) lanza un manifiesto en el que en el que llama a la "ocupación de las fábricas, estado de alerta y asamblea". El Partido Comunista del Uruguay toma resoluciones también en la noche del 26 de junio respecto a la huelga general con ocupación de fábricas, moviendo a miles de sus afiliados de agrupaciones de empresas que en la misma madrugada se dirigen a sus lugares de trabajo y de las agrupaciones barriales. Posteriormente se plegarían los gremios de estudiantes universitarios. La huelga duraría 15 días, la más larga en la historia del país.
Las Fuerzas Armadas detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza acusándolos de sedición y otros delitos todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 200 personas.
En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista.
Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.
Mientras continuaba la persecución de los "sediciosos", Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez, quien en 1984 llama a elecciones. Tras realizarse ese mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. Durante los primeros días de 1985 Gregorio Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.
En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar la ley 18.548 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de impunidad" o "ley de caducidad"), que consagra la impunidad a la violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del "voto verde". El triunfo del "voto amarillo" significó no derogar la ley de impunidad, e indultar los crímenes ocurridos durante el gobierno militar.