Usuario:AugustoCC/Taller
Recientemente el gobierno de Argentina lanzó el "Libro Abierto del Futuro", una publicación que estará en construcción permanente, donde los autores se irán sumando en forma periódica para reflexionar y proponer nuevas políticas para la Argentina de mediano y largo plazo, abordando de forma interdisciplinaria diferentes miradas en torno a los desafíos del país y el mundo post-pandemia COVID-19. Comprendido dentro del proyecto Argentina Futura, la iniciativa estará conformada por 4 publicaciones en las cuales intervendrán autores locales e internacionales. La primer parte ya puede descargarse, mientras que el resto se pondrá a disposición de forma libre y gratuita a medida que vayan saliendo.[1]
Antecedentes en la gestión de los residuos sólidos urbanos[editar]
Desde 2005 el gobierno Argentino implementa la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) como eje para llevar a cabo una política pública ambiental. La estrategia esta basada en los criterios de integralidad (reducción en origen, separación domiciliaria, recolección y transporte, transferencia y regionalización), el procesamiento (reciclado de inorgánicos, compostaje de orgánico y otros) y Centros de Disposición Final (CDF).
Desde entonces se han instalado en distintas localidades del país los centros de reciclado denominados GIRSU -Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- el cual consiste en un sistema de manejo de los RSU que, basado en el desarrollo sostenible, y que tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Mediante este proceso se está logrando un equilibrio entre la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Historia del término y acepciones[editar]
En los últimos años, el auge de la comunicación digital ha generado nuevas prácticas cotidianas, lo que ha llevado a la creación de nuevas normas regulatorias en materia de comunicación digital. En el uso de las redes digitales, se aplican, en la medida de lo posible, las normas existentes; como así también principios universalmente aceptados en el sistema internacional de derechos humanos. De esta manera, se observa que en internet, rigen derechos como libertad de expresión, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, libertad de información y participación de la vida cultural de la comunidad.
Por otro lado, se habla de Derecho al algoritmo para referirse a la preocupación de un grupo de activistas por el rumbo que está tomando la virtualidad y que muchos engloban bajo la denominación genérica de los derechos digitales. En base a la pregunta ¿qué derechos tenemos quienes hacemos uso de los recursos digitales en internet?, la respuesta a la misma podríamos afirmar que aún está en discusión. La vigilancia digital y la necesidad de protección de datos son temáticas emergentes que vienen marcando fuertemente la agenda y accionar de movimientos sociales que se ocupan de los derechos humanos en Internet; tales como el feminismo y el hackerismo.
El conjunto de derechos que deben ser garantizados se renuevan a medida que aparecen nuevos riesgos conforme a la innovación tecnológica, van imponiendo nuevos modos de funcionamiento y aplicaciones. Sin embargo, existen principios orientadores tendientes a garantizar la libertad de expresión en internet, como el acceso, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad.
Algunos autores consideran a este conjunto como la cuarta generación de Derechos Humanos, consistiendo en una ampliación de las distintas conquistas de aquellos de primera, segunda y tercera generación aplicados al contexto digital
Robert Gelman propuso una Declaración de Derechos en el Ciberespacio entre los que se define que las ideas y las opiniones de todos los seres humanos merecen igualdad de oportunidades de expresar y compartir sus ideas y opiniones, sin distinción basada en jurisdicciones físicas o políticas, ni por el método de acceso a la red.
Legislación vigente en materia de derechos digitales y ciudadania[editar]
En España, el título X de la Ley Orgánica 3/2018, el 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece con carácter pionero una regulación sobre la materia. Dicha ley derogó a la anterior Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para así adecuar el derecho interno español a los lineamientos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos vigente en Europa.
En Argentina se encuentra en vigencia desde Diciembre de 2014 la Ley 27.078, Ley Argentina Digital, que declara de interés público el desarrollo de las TICs, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados con el objetivo de garantizar el acceso de toda la ciudadania a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas y con los más altos parámetros. Además existe una amplía normativa vigente en relación a los derechos digitales de los ciudadanos, entre las que se comprenden leyes especificas en relación protección de datos personales (Ley 25.326. Ley de Protección de los Datos Personales) o el acceso a la información pública (Ley 27.275. Derecho de Acceso a la Información pública.), entre otras regulaciones.
