Usuario:CarlaLu18/Taller

Índice

• 1Historia
  • 1.1Universidad de Buenos Aires y los efectos de la sanción de 1885
• 2Descripción
• 3La Ley Avellaneda bajo el Peronismo
• 4La Ley Avellaneda bajo la Revolución Libertadora
• 5La Ley Avellaneda en el Proceso de Reorganización Nacional
• 6La Ley Avellaneda en el retorno de la democracia y actualidad
• 7Referencias
• 8Enlaces externos

Historia[editar código · editar]

Universidad de Buenos Aires y los efectos de la sanción de 1885[editar código · editar]

La sanción de la "Ley Avellaneda" (Nº 1597/85) en 1885 , fue la primer norma universitaria de alcance nacional en el país, basada en el texto redactado y propuesto por el Dr. Nicolás Avellaneda, ex presidente de la República y a la sazón Senador Nacional y Rector de la UBA.

En el transcurso del debate parlamentario del proyecto, se produjo un valioso intercambio de ideas en torno a la conveniencia o inconveniencia del sistema de concursos para la provisión de cátedras, triunfando la posición opuesta a los concursos, en contra del deseo de Avellaneda.

En virtud de esa Ley, queda en manos de las Universidades Nacionales (Buenos Aires y Córdoba) el derecho exclusivo de expedir títulos. Si bien aseguraba la autonomía universitaria y organizaba su autogobierno, integraba los Consejos Académicos con profesores en ejercicio de la docencia y con notables ajenos a la enseñanza, convirtiendo a tales cuerpos en Academias dotadas de autoridad y de la misión de proponer ternas para ocupar las Cátedras que, finalmente eran ocupadas por profesores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, sin concurso de antecedentes ni de oposición. En 1886, la Universidad de Buenos Aires reformó sus Estatutos para adecuarse a lo dispuesto por la nueva ley.

Este régimen, de carácter conservador, no impidió la actualización universitaria por mérito de quienes lo aplicaron, pero no establecía ninguna garantía de renovación y supeditaba la vida universitaria a las decisiones del poder político. Fue un sistema bastante estable mientras fue hegemónico el pensamiento positivista, pero hacia fines de siglo empezó a agotar su vitalidad por el surgimiento de nuevos movimientos intelectuales, como aquellos que llevaron a la creación de la Facultad de Filosofía y Letras en 1896 y a la primera reforma del Estatuto de la UBA en 1906.

En 1905 y 1906 se habían producido en la Universidad de Buenos Aires reclamos estudiantiles que exigían la democratización de la misma e insistían en la modernización del conocimiento. . Como consecuencia de ellos, y basándose en un proyecto elaborado por el diputado Cantón en 1898, las Facultades dejaron de ser gobernadas por las “academias” -que se constituyeron en entes científicos independientes y quedaron como cuerpos asesores- y pasaron a ser dirigidas por “Consejos Directivos”, según la nueva normativa estos consejos de carácter electivo donde los profesores tenían derecho a voto, reemplazando a las academias cuyos miembros eran de carácter vitalicios. La inclusión de los profesores no fue ajeno al inicio de la modernización científica y a la apertura de ciertos espacios de investigación. El 9 de junio de 1908 los centros de estudiantes de Filosofía, Derecho, Medicina e Ingeniería, de Buenos Aires convocan a una Junta Universitaria Provisoria y el 11 de septiembre se constituye la Federacón Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

A estas modificaciones se sumaron el establecimiento del régimen de concursos para la provisión de cátedras -algo propuesto en 1883 por Avellaneda y rechazado entonces por el Congreso, luego de un complejo debate-, y el establecimiento de la “docencia libre”, o “cátedra paralela”. El Rector durante ese periodo era , Eufemio Uballes.

En 1917 en la Provincia de Córdoba, los estudiantes cuestionan la legitimidad del rector y de los decanos, al mismo tiempo denuncian el arcaísmo de los reglamentos universitarios, pero estas proclamas estudiantiles fueron rechazadas reiteradamente.

En 1918 los estudiantes cansados de que sus pedidos no sean escuchados conforma la Federación Universitaria Argentina (FUA), con representantes de las universidades de  Tucumán, Santa Fe, Córdoba. La Plata y Buenos Aires, regida por Osvaldo Loudet.  Ante el conflicto de los sucesos que ocurrían en Córdoba,  el presidente Yrigoyen decreta la intervención de la Universidad y designa a Nicolás Matienzo para ejercerla. Matienzo modificó el Estatuto reemplazando al de 1893 al que calificó de restrictivo. Durante el mes de Mayo se convoca a una nueva Asamblea donde   se eligieron democráticamente los decanos de las tres facultades (Medicina, Derecho y Ciencias Exactas) asi logran triunfar  los partidarios de la Reforma.

El 21 de julio inicia sus sesiones el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la FUA en Córdoba, proclamando la necesidad de autonomía, gobierno tripartito, asistencia libre, régimen de concursos y periodicidad de la cátedra, entre otras demandas. Se suceden las manifestaciones estudiantiles y el gobierno nacional, haciéndose eco de las protestas, designa como interventor en la Universidad de Córdoba a José Salinas, quien da lugar a muchas aspiraciones estudiantiles, como la reforma del estatuto, y acepta la renuncia de numerosos docentes.

En Buenos Aires, el nuevo Estatuto de ese año de 1918 adoptaba el sistema de representación tripartita según el requerimiento del movimiento estudiantil, que contó con el apoyo del rector.

La Reforma Universitaria heredera del progresismo liberal y laicista del Siglo XIX, fue una vanguardia democratizadora del Siglo XX, y fue alentada por pensadores liberales, conservadores y socialistas provenientes de diversos espacios ideológicos.

La Ley Avellaneda bajo el Peronismo

El Primer Plan Quinquenal de Perón introdujo una concepción política distinta en relación a las universidades nacionales, plasmada en la ley 13.031 de 1947. En esta ley se relativiza la relación entre autonomía y autarquía, y democracia, al tiempo que se recalca que la universidad tiene una función social. Se rechaza que la institución de educación superior sea un ámbito exclusivo de acumulación y transformación del saber y se propende a que se incorpore como promotora de las energías nacionales y necesidades populares. Si bien el texto de la ley establece la autonomía técnica, docente y científica, así como el pleno ejercicio de la capacidad jurídica y de sus tareas específicas (el fomento cultural, la investigación científica y la formación profesional), varios artículos limitan aquellas atribuciones. Los principales son la prohibición de realizar actividades políticas y asociarse en las universidades a docentes y estudiantes (con cierta ambigüedad en relación a la extensión de esa medida al ámbito político en general),la elección del rector por parte del PEN sin la aprobación del Senado(requisito que establecía un primer proyecto del PEN), el nombramiento de los decanos por el Consejo Directivo sobre una terna propuesta por el rector, y la representación de los alumnos por medio de un estudiante sorteado entre los mejores promedios de los últimos años, aunque con voz solo para temas de su incumbencia y sin voto.

Dictado el Segundo Plan Quinquenal y la Constitución de 1949, el PEN presentó al Congreso de la Nación un nuevo proyecto, que en realidad consistía en una serie de modificaciones a la ley 13.031, que restringían aún más los principios reformistas y avanzaban en la imposición de la doctrina peronista en los planes de estudio. Fue aprobado como ley 14.297, en 1953. Aunque escapa al sentido de este artículo, vale destacar la preocupación de diputados peronistas por el problema espiritual, no en términos católicos como ocurrió en discusiones anteriores, sino aludiendo a conceptos espiritualistas vinculados con el krausismo. Incluso, en el caso del diputado bahiense por Buenos Aires, Eduardo Forteza, sus repetidas citas a Francisco Giner de los Ríos para fundamentar que la nueva reforma se dirigía a la formación integral de los universitarios.

La ley Avellaneda durante la Revolución Libertadora

La ley de 1953 fue derogada por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, mediante el decreto-ley 6403 de 1955. Dicha norma restableció el espíritu de la Ley Avellaneda, sumando las banderas reformistas y, en su artículo 28, la posibilidad de que las universidades privadas, en su mayoría católicas, otorgaran títulos habilitantes. A partir de ese momento comenzó un paulatino crecimiento de la acción político educativa de las universidades privadas, que alcanzaron un alto grado de independencia de los poderes públicos con la sanción de la ley 14.557 durante el gobierno de Arturo Frondizi, en 1958. Ese hecho provocó una de las movilizaciones más importantes del estudiantado argentino, dividido entre quienes apoyaban la educación pública y laica y quienes propugnaban la reglamentación del artículo 28, bajo la consigna de “libertad de enseñanza”.​

La Ley Avellaneda bajo el Proceso de Reorganización Nacional.

La dictadura de 1966-1973 intervino las universidades, provocó miles de renuncias y expulsó estudiantes y docentes. Pero en 1973, en el gobierno de Héctor J. Cámpora se abrieron todas las puertas en un movimiento inverso: la sociedad entraba a los recintos y asumía responsabilidades políticas y políticas educativas inéditas. Hubo importantes reformas pedagógicas y, previa consulta a la comunidad universitaria y a diversos sectores, se alcanzó a aprobar la ley universitaria No. 20.654/74(Ley Taiana), que sustituyó al decreto ley 17.245/67 y remitía en sus fundamentos a la 13.031/47.La nueva norma vinculaba a las universidades con el proceso de liberación nacional y social, restablecía la autonomía y la autarquía, el cogobierno y el sistema de concursos. Entre sus innovaciones se destaca que los Consejos Superiores y Directivos se conformaban con un 60% de profesores, 30% de estudiantes y 10% de trabajadores no docentes; se establecía la incompatibilidad de la función docente con la pertenencia a empresas multinacionales o extranjeras y a organismos internacionales “cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación”. Asimismo, se delegaba en el PEN la reglamentación de una Coordinación Interuniversitaria que debía ser “compatible con el sistema nacional de planificación y desarrollo”. La misma ley se ocupaba de la jubilación de los docentes a los 65 años. La oposición al gobierno peronista atacó duramente la nueva ley y, en septiembre de 1974, el gobierno del mismo signo, ahora bajo el mando de Isabel M. de Perón, intervino las universidades, comenzando la noche más oscura, antecesora de la tragedia dictatorial de 1976-1983. La dictadura mantuvo las universidades intervenidas y duramente reprimidas, durante casi siete años.​

La Ley Avellaneda desde el retorno de la Democracia

El gobierno de Raúl Alfonsín no dictó una ley universitaria integral, sino medidas parciales, como el decreto ley 154/83, la ley 23.068 que restablecía los estatutos universitarios vigentes hasta 1966 y un régimen de financiamiento mediante la ley 23.569/88. La mayoría de la dirigencia radical quería regresar a la Ley Avellaneda, el peronismo a la Ley Taiana y la derecha procesista pugnaba por permanecer dentro de las universidades.​

Con la recuperación de la vida constitucional se reinstaló la autonomía, pero pronto el avance del mercado sobre el terreno educativo puso en tensión aquel concepto. La discusión ya no se centró en la relación política entre la universidad y el gobierno, sino entre aquella y el mercado.

El gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem vinculó a las universidades con el programa de reducción del Estado, el Banco Mundial, el FMI y el BID, a cuyos ojos los principios políticos democráticos sobre los que se basa la universidad argentina eran (y son), al menos, un escándalo. En 1995 se aprobó la ley 24.521, que estableció un sistema de educación superior en el orden nacional, sostuvo los principios reformistas y la gratuidad a la vez que abrió las puertas a la mercantilización y comercialización de la educación superior, incluso a formas opacas de arancelamiento, en años en los que la opinión pública todavía era mayoritariamente renuente a ello. Pero el paquete de políticas educativas fue presentado como una nueva generación de herramientas asépticas que acercaría el trabajo de los universitarios a los niveles de europeos y norteamericanos, y la comunidad universitaria se mostró frágil frente a la imposición de nuevas reglas que afectaron su actividad académica y la composición de su salario. Pese a que los gremios docentes se opusieron a la política del gobierno, los universitarios se vieron sumidos en el mundo de las evaluaciones ligadas a incentivos salariales y en la competencia con los colegas por magros subsidios o becas. El ministro de economía Domingo Cavallo los mandó “a lavar los platos”. En cuanto a la preocupación del estudiantado, se redujo a responder a las demandas de sobrevivencia en la vida personal y en la universidad.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, la demanda de educación superior había crecido exponencialmente, y las políticas sociales de su gobierno ofrecieron posibilidades de estudios secundarios y universitarios a cientos miles de personas. El Congreso de la Nación aprobó la creación de quince universidades públicas nuevas y un instituto universitario. Jóvenes y adultos de sectores populares accedieron a ellas. No obstante, desde la década de los ’90 las universidades estaban a merced de las presiones del mercado internacional de educación superior, ya instalado en casi toda América latina, e intereses diversos se interpusieron en el tratamiento del proyecto de Ley de Educación Superior presentado desde el bloque oficial. Ese proyecto profundiza la vinculación entre autonomía y responsabilidad social, así como el carácter de las universidades de consultoras del Estado y articula un sistema nacional de educación superior con el conjunto de las instituciones del nivel (universidades, subsedes, institutos universitarios y de educación superior, colegios universitarios, centros de investigación); sostiene el cogobierno y la libertad de cátedra, avanza en un sistema de créditos y de vinculación entre carreras. La propuesta introduce una concepción político pedagógica compatible con los principios de soberanía nacional y de educación superior como un derecho universal. En el mismo período, la mayor parte de los proyectos de la oposición se oponían a la organización de un sistema y regresaban a la antigua independencia de las universidades, o bien profundizaban la política de mercantilización​.

En el año 2014, en vistas de las dificultades para el tratamiento de una nueva ley, se presentó un proyecto modificatorio de los aspectos más acuciantes de la vigente 24.521, que fue aprobado por la ley 27.204/2015. La ley instituyó a la educación superior como “bien público y derecho personal y social”; la responsabilidad indelegable del Estado de proveer su financiamiento y supervisión y fiscalización a universidades nacionales y privadas; la igualdad de oportunidades y condiciones de acceso, permanencia, graduación y egreso, la promoción de políticas de inclusión que reconozcan las identidades de género, multi y pluriculturales; la gratuidad prohibiendo gravámenes, tasas, etc.; la prohibición de acuerdos o convenios que impliquen ofertar servicios lucrativos o alienten la mercantilización con organismos nacionales, internacionales públicos o privados. Afirma el ingreso irrestricto, complementado con procesos de nivelación y orientación de carácter no excluyente ni selectivo y establece mecanismos de auditoría que garanticen la transparencia en la generación y uso de los bienes y recursos.[2]

Referencias[editar código · editar]

1. ↑ Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. «Leyes Universitarias Nacionales (recopilación)». Consultado el 16 de noviembre de 2018.
2. ↑ «Ley Avellaneda». Consultado el 27 de octubre de 2017.
3. ↑ «¿En qué consistió la Reforma Universitaria de 1918?». Nodal.
4. ↑ «Historia de la Universidad de Buenos Aires».
5. ↑ «La Reforma Universitaria de 1918 en Argentina».
6. http://www.uba.ar/reforma/lareforma/cronologia.php
7. https://www.vocesenelfenix.com/content/avatares-de-la-legislaci%C3%B3n-universitaria