Investigados los miembros de la Mesa del Parlament. Llarena llamó a los citados miembros de la Mesa del Parlament a declarar los días 2 y 3 de noviembre en calidad de investigados, por los posibles delitos pedidos por la Fiscalía de rebelión, sedición y malversación. Quedaron todos en libertad bajo fianza, excepto Joan Josep Nuet, diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, que quedó libre sin ningún tipo de medida por haber votado pero en contra.[2]
Auto de acumulación de la instrucción contra los Jordis y el Govern destituido. Paralelamente, la Audiencia Nacional seguía la instrucción con los miembros no aforados, llevada por la jueza Carmen Lamela.[3] El 24 de noviembre, Llarena dictó un auto por el cual —tras solicitar informe a la jueza—[4] acumulaba la instrucción: contra los miembros de la Asamblea Nacional CatalanaJordi Sànchez y de Òmnium CulturalJordi Cuixart; contra los miembros del destituido Gobierno catalán: Oriol Junqueras (vicepresidente), Raül Romeva (consejero de Exteriores), Dolors Bassa (de Trabajo), Carles Mundó (de Justicia), Jordi Turull (de Presidencia), Josep Rull (de Territorio), Meritxell Borràs (de Gobernación) y Joaquim Forn (de Interior), todos ellos en prisión; contra Santi Vila (exconsejero de Empresa), en libertad bajo fianza; y contra Carles Puigdemont (presidente), Antoni Comín (consejero de Salud), Lluís Puig (de Cultura), Meritxel Serret (de Agricultura) y Clara Ponsatí (de Educación), que se habían trasladado a Bélgica y estaban a la espera de que la justicia belga resolviese la euroorden dictada por Lamela. Finalmente, Lamela mantenía únicamente la causa contra Josep Lluís Trapero —destituido major de los Mossos— y su intendente Teresa Laplana, acusados de sedición.[5] Tras haber prestado declaración, el 4 de diciembre Llarena decretó libertad bajo fianza para seis de los miembros encarcelados del Gobierno catalán: Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull y Meritxell Borràs.[6] Y, al día siguiente, anuló la euroorden de Lamela por los problemas para la causa judicial si la justicia belga no la resolviese de forma afirmativa.[7][8]
Auto de denegación de libertad para los nuevos electos y delegación del voto. Los días 4 y 10 de enero de 2018, declararon ante Llarena y solicitaron su salida los cuatro que seguían en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.[10][11] Los tres primeros habían sido elegidos en las elecciones al Parlamento de Cataluña del 21 de diciembre de 2017 y pidieron poder asistir a las reuniones del Parlamento. La acusación popular de Vox y la fiscalía se opusieron a la solicitud.[12] Llarena dictó auto de denegación de libertad por el riesgo de que hubiera "grave enfrentamiento ciudadano" "con ocasión del traslado" de unos presos que suscitan un "apoyo incondicional".[13] Y propuso que fuera la Mesa del Parlamento la que adaptase las normas para que los parlamentarios pudieran delegar su voto:[14] "Se reconoce a estos la posibilidad de delegar su voto, debiendo administrarse su ejercicio por la Mesa del Parlamento".[15] El 15 de enero, los letrados de los servicios jurídicos del Parlamento catalán emitieron un informe cuestionando la intromisión del juez y considerando que el reglamento de la cámara no contemplaba la delegación de voto en este caso.[16] El 17 de enero de 2017 la Mesa de Edad, en la formación de la Mesa del Parlamento catalán, permitió el voto por delegación de los parlamentarios encarcelados.[17]
Auto de no reactivación de la Euroorden. El 22 de enero de 2018, Puigdemont viajó desde Bélgica a Dinamarca, donde tenía una conferencia universitaria y reuniones políticas. La Fiscalía pidió reactivar la Euroorden –solo para Dinamarca– para detenerlo[18] y la acusación popular de VOX se manifestó contraria a su reactivación.[19] Llarena no reactivó la Euroorden. Según el auto, la 'jactancia' de Puigdemont con el viaje es una 'provocación' que busca la dentención, forzando poder delegar su voto para alcanzar la investidura como presidente de Cataluña.[20][21] Otros, como Javier Pérez Royo, creían que Llarena no reactivaba la Euroorden por el peligro para la causa judicial si la justicia danesa no la resolviese de forma afirmativa.[22] A Carles Puigdemont, le pareció 'sorprendente' y 'delirante que un juez diga que no va a detener a un peligroso criminal porque este quiere ser detenido'.[23]
Testimonio de Diego Pérez de los Cobos. Llarena citó a declarar para el 1 de febrero de 2018 al coronel de la Guardia CivilDiego Pérez de los Cobos, como máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad para impedir el referéndum del 1-O, nombrado por el Ministerio del Interior después de asumir las competencias.[24] Las acusaciones de la Fiscalía y Vox le interrogaron por la participación del majorJosep Lluís Trapero. El testigo declaró que el dispositivo de los Mossos durante la jornada del referéndum estaba diseñado para no ser operativo y lo atribuyó a las órdenes de Trapero, por instrucciones del consejero de interior Joaquim Forn. Por su parte, las defensas le interrogaron por incidentes como las 1.060 asistencias sanitarias y la apertura de expedientes. En opinión del testigo, "el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana", muchas de las asistencias eran falsas y ningún agente había sido expedientado.[25]
Declaración de los miembros del Comité Estratégico. El juez llamó a declarar a Mireia Boya el 14 de febrero de 2018. Tras afirmar que la declaración de independencia buscaba efectividad real pero que la causa judicial era política, salió sin ninguna medida cautelar.[26] El 19 de febrero, declararon Marta Rovira y Marta Pascal. Ambas afirmaron que la declaración de independencia no tuvo efectos jurídicos. Rovira quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros y Pascual quedó en libertad sin medidas cautelares.[27] El 20 de febrero declararon Artur Mas y Neus Lloveras. Mas afirmó que la declaración de independencia fue simbólica y que no existió ningún Comité Estratégico –así denominado por la Guardia Civil–, sino que eran reuniones para hablar de política. La fiscalía y la acusación popular de Vox habían solicitado libertad bajo fianza de 60.000 euros, pero no fue aceptada por el juez.[28] Lloveras quedó en libertad sin medidas cautelares, ya que no fueron solicitadas por las acusaciones.[29] Anna Gabriel debía declarar el 21 de febrero pero, desde Suiza, comunicó el día anterior que no acudiría a la citación judicial por estar siendo procesada por su "actividad política" y porque en esta causa "no existe derecho a un juicio justo".[30][31] Al no presentarse a la citación, el juez ordenó la detención de Anna Gabriel[32] y Suiza anunció que rechazaría la extradición, si se pedía, al ser un asunto preponderantemente político.[33]
Ampliación del plazo de instrucción. El 2 de marzo de 2018, el juez decidió –con informe favorable de Fiscalía, Abogacía del Estado, VOX y la mayoría de investigados– ampliar seis meses el plazo de instrucción, hasta un máximo de 18 meses, debido a la complejidad de la causa y el número elevado de investigados.[34]
Pleno de investidura de Jordi Sànchez. El 5 de marzo de 2018, tras consultar con los partidos, el presidente del parlamento de CataluñaRoger Torrent propuso a Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya, como candidato a presidente de la Generalitat y, al día siguiente, convocó el pleno de investidura para el 12 de marzo.[35][36] Sànchez pidió permiso al juez para poder asistir al pleno. Para igual motivo, el presidente del parlamento de Cataluña solicitó la libertad provisional de Sànchez.[37][38] El 9 de marzo, la Fiscalía presentó escrito de oposición, argumentando que había riesgo de reiteración delictiva de Sànchez por "el reciente pacto alcanzado por las formaciones políticas de JxCat y ERC para la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la república” y ese mismo día, aceptando las tesis de Fiscalía, Llarena denegó la libertad provisional de Sànchez.[39] Tras la decisión de Llarena, Torrent anunció el aplazamiento del pleno de investidura y,[40] el 12 de marzo, Sànchez recurrió al Tribunal Supremo, argumentando que la decisión de Llarena violaba la Constitución y el Estatut.[41] El Tribunal Supremo rechazó este recurso, señalando que salir de prisión era limitación legítima.[42] Posteriormente, Sànchez recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó su denuncia e instó a España –como Estado miembro– “a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sànchez i Picanyol puede ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Convenio” en tanto se resuelva el fondo de la denuncia.[43] La medida cautelar de la ONU fue presentada por el letrado de Sànchez ante Llarena el 26 de marzo.[44]
Cierre de la instrucción y auto de prisión. El 21 de marzo, Llarena cerró la instrucción de la causa —publicada en el auto de procesamiento el día 23— y citó para el día 23 a las partes. A los miembros destituidos del gobierno catalán Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a la expresidenta del parlamento catalán Carme Forcadell y a Marta Rovira —los seis en libertad bajo fianza—, les anunció que podría enviarlos a prisión hasta la celebración del juicio si Fiscalía y la acusación popular de Vox lo solicitaban.[45][46] Tras la citación de Llarena, el presidente del parlamento Roger Torrent anunció la convocatoria de un pleno de investidura para el día 22, proponiendo como candidato a presidente de Cataluña a Jordi Turull, de Junts per Catalunya.[47] En el pleno, Turull obtuvo 64 votos a favor y 65 en contra, por lo que no fue proclamado presidente en primera votación.[48] El 23 de marzo, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa acudieron a la citación y Llarena dictó auto de prisión incondicional para ellos. Además, denegaba que los parlamentarios para los que acordaba prisión pudiesen acudir al parlamento catalán, donde se había convocado el segundo pleno de investidura de Turull.[49] Marta Rovira no compareció ante Llarena y ERC publicó una carta de ella, donde decía que emprendía "el camino del exilio".[50]
Orden de detención. El 23 de marzo, Llarena dictó orden europea e internacional de detención (euroorden) contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Marta Rovira.[54] En la euroorden contra Puigdemont, Llarena le imputaba los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, y marcó la casilla de corrupción. El 25 de marzo, cuando volvía de Finlandia en coche en dirección a su residencia en Waterloo, Puigdemont fue detenido en Alemania y arrestado en la prisión de Neumünster.[55][56] El 28 de marzo, Clara Ponsatí se presentó ante una comisaría escocesa para que la Sheriff court de Edimburgo decidiera sobre la euroorden; mientras, fue puesta en libertad bajo fianza.[57] Comín, Serret y Puig transmitieron a la fiscalía de Bruselas que estaban a disposición de la justicia belga, la cual pidió información adicional a las autoridades judiciales españolas.[58] Pere Aragonès, nuevo adjunto a la presidencia de ERC, confirmó que Marta Rovira se encontraba en Suiza y que comparecería cuando tenga resuelta su situación de estancia legal.[59][60] El 5 de abril, el Tribunal Superior de Justicia (Oberlandesgericht) de Schleswig-Holstein consideró inadmisible la imputación del delito de rebelión a Puigdemont —equivalente al de alta traición en Alemania— al no cumplirse el requisito de violencia; pidió más datos a Llarena sobre el pago de los gastos del referéndum para analizar el delito de malversación y decidir si cursaba la euroorden; mientras, dejó al expresidente catalán en libertad bajo fianza de 75.000 euros, sin poder abandonar Alemania.[61][62][63] Ese mismo día, Llarena envió un escrito al tribunal alemán alegando que basaba la malvesación en dos informes policiales que apuntaban al uso por el Govern de 1,6 millones de euros en un referéndum inconstitucional.[64] También el 5 de abril, en Bruselas, los exconsejeros Comín, Serret y Puig declararon ante un juez belga, que les dejó en libertad sin medidas cautelares ni fianza mientras decidía sobre la euroorden de Llarena.[65]
