La anticoncepción de emergencia en España hace referencia a los métodos anticonceptivos utilizados en España que impiden que un óvulo fecundado se implante en el útero. Éstos incluyen la píldora del día después y el Levonorgestrel. La situación en España es única debido a su historia del acceso a la anticoncepción en general, el cronograma legislativo que legalizó la anticoncepción de emergencia y bajo qué condiciones podrían dispensarse, el impacto de la objeción de conciencia por parte de médicos y farmacéuticos, los casos en el poder judicial español relacionados con la objeción de conciencia, el costo relativamente alto en comparación con otros países de Europa y Norteamérica, la vinculación de la anticoncepción de emergencia con los esfuerzos para reducir los abortos por parte de los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la distribución de anticonceptivos de emergencia, y las estadísticas de uso.
El artículo 149.1.16 de la Constitución Española otorga al Gobierno nacional el derecho exclusivo de regular los productos farmacéuticos en España. La Ley 29/2006 otorga a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP) el derecho de modificar las condiciones relativas a la prescripción y dispensación por motivos relacionados con la salud pública o la defensa de la salud. La distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAU) fue autorizada por el gobierno encabezado por el Partido Popular de José María Aznar el 23 de marzo de 2001 y su distribución comenzó en mayo de 2001. Las políticas relativas al uso de la anticoncepción de emergencia en la atención sanitaria pública se dejaron en manos de los gobiernos regionales, lo que dio lugar a diferentes políticas y niveles de acceso en todo el país. Estas diferencias eran claras en 2008. Por este motivo, en mayo de 2009 el Gobierno español autorizó la distribución sin receta de la PAU-LNG para facilitar el acceso de las mujeres al medicamento y garantizar su eficacia independientemente de su lugar de residencia, iniciando su distribución en las farmacias sin necesidad de prescripción a partir de septiembre de ese año. La ley de salud reproductiva de España de 2022, la Ley Orgánica 4/2022, también cambió la forma en que las mujeres podían acceder a la anticoncepción de emergencia en un esfuerzo por disminuir los abortos y crear un acceso equitativo en todo el país. Por primera vez, la legislación nacional dictaminó que la píldora sería financiada por el Ministerio de Sanidad, y que se proporcionaría de forma gratuita en los centros de salud de todo el país, exigiendo que las farmacias tuvieran anticonceptivos de emergencia en sus inventarios.