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Reglamento sobre los Minerales de Conflicto de la UE

El Reglamento sobre Minerales de Conflicto (Reglamento (EU) 2017/821) es un reglamento legislativo de la Unión Europea que establece una serie de obligaciones a las empresas de la Unión importadoras de minerales (menas y concentrados) o metales de estaño, tantalio, wolframio y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo con el objetivo de que los grupos armados y fuerzas de seguridad tengan menos oportunidades de comerciar con estos recursos de conflicto.

Fue aprobado en 2017 y aplicado el 1 de enero de 2021.[1]

Reglamento (EU) 2017/821
Texto pertinente a efectos del EEE
Título Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo.
Aplicabilidad En la UE y los países del EEE
Hecho por Parlamento Europeo y Consejo
Referencia del DOUE DO L 130 de 19.5.2017, p. 1
Cronología
Fecha de aprobación 2017
Entrada en vigor 20 días posteriores a la publicación
Fecha de aplicación 17 de mayo de 2021
Textos preparatorios
Propuesta de la Comisión COM/2012/010 final – 2012/0010 (COD)
Legislación relacionada
Reemplaza Directiva de Protección de Datos
(Directiva 95/46/CE)
Legislación vigente


Contexto[editar]

Su principal objetivo es dificultar la capacidad de financiación que tienen los grupos armados o las fuerzas de seguridad implicadas en un conflicto armado o una zona de alto riesgo, que utilizan la venta de minerales de conflicto o las estructuras comerciales de estos productos para perpetuar o escalar las situaciones de conflicto. Este objetivo se pretende lograr obstaculizando la compra y venta de minerales de conflicto por parte de importadores intermedios de la UE y sus proveedores. [1]

Este reglamento se centra en los minerales llamados 3TG, un grupo de minerales más conocido por las siglas en inglés de sus metales derivados más utilizados: tin (estaño), tungsten (wolframio), tantalio (tántalo) y gold (oro).[2][3]​Este grupo de minerales

En 2010 el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Dodd-Frank, cuyo artículo 1502 exige que las empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, ya sean nacionales o extranjeras, revelen si los minerales de conflicto utilizados en sus productos se originaron en los países de la región de los Grandes Lagos de África, zona que sufre numerosaas situaciones de conflicto desde hace décadas. La regulación de los minerales de conflicto de la UE de 2017 amplió el alcance de la obligación de realizar un estudio bajo dijligencia debida a cualquier zona en conflicto, y al hacer obligatorias las orientaciones de la OCDE, la UE prohíbe implícitamente a los importadores contribuir a la financiación de conflictos, a abusos graves contra los derechos humanos y a apoyar a grupos armados no estatales, ya que exige que las empresas se desvinculen de los proveedores que participan en estos tipos de actividades.[4]

Otros reglamentos de la UE relacionados con los recursos de conflicto son el Reglamento de la Madera de la Unión Europea

Zonas de conflicto y de alto riesgo[editar]

La Guía de la OCDE, utilizada como base para estructurar el reglamento, define las zonas de conflicto y de alto riesgo en los siguientes términos: “Las áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo se identifican por la presencia de conflictos armados, violencia generalizada u otros riesgos de daño a las personas. Los conflictos armados pueden adoptar diversas formas, como un conflicto de carácter internacional o no internacional, que puede involucrar a dos o más Estados, o puede consistir en guerras de liberación, o insurgencias, guerras civiles, etc. Las zonas de alto riesgo pueden incluyen áreas de inestabilidad o represión política, debilidad institucional, inseguridad, colapso de la infraestructura civil y violencia generalizada. Estas zonas se caracterizan a menudo por abusos generalizados de los derechos humanos y violaciones del derecho nacional o internacional”.

La UE elabora la lista Cahra, actualizada de forma trimestral por la organización RAND, donde se incluyen todas las zonas de conflicto y de alto riesgo a nivel mundial.

Ámbito de aplicación[editar]

Como reglamento de la Unión Europea es directamente aplicable en todos los Estados de la Unión, sin que sea precisa ninguna norma jurídica de origen interno o nacional que la transponga para completar su eficacia plena. Una vez realizado el estudio de la cadena de suministro se deberán aplicar las consideraciones observadas en el Manual sobre diligencia debida ambiental en las cadenas de suministro de minerales de la OCDE.[5]

Este control de la cadena de suministro de los productos importados se debe llevar a cabo por la misma empresa importadora mediante diligencia debida, e incluye información como la mina de origen de los minerales, los lugares en los que los recursos se consolidan, comercializan y procesan, o los impuestos, tasas y cánones pagados. Las empresas deben informar públicamente anualmente sobre sus prácticas de diligencia debida,.

El reglamento de la UE exime de su cumplimiento a las empresas que utilizan estos minerales en productos manufacturados, así como a las empresas que importan volúmenes bajos de minerales, siempre y cuando el volumen total importado cubierto por mla regulación no caiga por debajo del 95% del total importado a la UE. La propia estimación de la UE es que el reglamento se aplica directamente a entre 600 y 1.000 importadores de la UE, e indirectamente a unos 500 fundidores y refinadores de minerales 3TG.[4]

Cada Estado miembro debe designar una o más autoridades competentes responsables de la aplicación del reglamento de la UE, recayendo en los Estados miembros la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del reglamento mediante la realización de controles. El único instrumento formal previsto por la misma UE para abordar el incumplimiento es un aviso de las medidas correctoras que debe adoptar un importador de la Unión.[4]

Normas complementarias[editar]

El Reglamento de los Minerales de Conflicto fue complementado por el Reglamento Delegado (UE) 2019/429 de la Comisión, publicado el 11 de enero de 2019, en lo que respecta a la metodología y los criterios para la evaluación y el reconocimiento de los programas de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro.[6][7]

Críticas[editar]

Una de las críticas que se le han hecho a la regulación es que la lista Cahra no contempla aquellos países que manufacturan productos con minerales 3TG y que a su vez importan minerales de otras regiones en conflicto. Por ejemplo los socios comerciales de oro más importantes de la UE (es decir, Suiza, EE. UU., Canadá o Australia) no están incluidos en la lista CAHRA a pesar de que tienen un sector de refinería o fundición con importaciones significativas de países de alto riesgo. Tampoco están incluidos en la lista Cahra los países que sirven como centros comerciales de importación indirecta vinculados al comercio ilícito y la financiación de conflictos como Dubái.[8]

Otra crítica que ha recibido es que la lista de importadores de 3TG no es pública, por lo que la función de identificar y controlar estas empresas recae en organismos civiles como las ONG o los medios de comunicación. Aun que los Estados miembros pueden publicar estas listas a nivel individual en 2021 Austria era el único país que divulgó los nombres de las empresas importadoras. [8]

Por otro lado el reglamento no permite sanciones punitivas, sino sólo medidas correctoras, por lo que una empresa puede seguir importando minerales de conflicto en el caso de que el Estado al que le corresponda sancionar no tome medidas. Las medidas sancionadoras dependen de cada Estado, y estas pueden variar contemplando desde un aviso a sanciones económicas o el cese de la actividad.[8]

Los delitos ambientales y los problemas causados por la polución relacionada con la minería, como los altos niveles de contaminación del agua, suelo, aire o contaminación acústica con impacto en la salud de la población local, no están contempladas

Large-scale mines lead to high pollution levels of water, soil, air and noise pollution with impact on the health of the local population. There is evidence but at the same time also lacking data and missing measurement about pollution levels. These conflicts are not tackled by the regulation on responsible sourcing as environmental conflicts are not included in the “conflict” definition of the regulation. According to the Global Witness, in 2020, 65 water and land defenders were murdered in Colombia, making it the country with the highest environmental murder rate in the world.[9]

From a climate perspective, the extraction and processing of metals account for a significant share of global greenhouse gas emissions (approximately 10% in 2018[10]

It is worth mentioning that raw materials are rather trivial in EU trade flows with non-EU countries. The total import of raw minerals represented less than 5% of EU imports in 2018, whereas machinery, vehicles and other manufactured goods represented 56% of EU imports. 9 In short, the vast majority of EU com- panies and consumers do use the 3TG minerals, but they are importing them beyond the metal stage and, therefore, fall outside the EU Regulation.[4]


[11]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]

  1. a b «IPIS Insights on Due Diligence in Mineral Sourcing - Regulating Responsible Sourcing of 3TG Minerals». IPIS (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de junio de 2024. 
  2. Koos, Carlo; Basedau, Matthias (2013-09). «Does Uranium Mining Increase Civil Conflict Risk? Evidence from a Spatiotemporal Analysis of Africa from 1960 to 2008». Civil Wars (en inglés) 15 (3): 306-331. ISSN 1369-8249. doi:10.1080/13698249.2013.842744. Consultado el 29 de febrero de 2024. 
  3. «Conflict Minerals | Responsible Minerals | Global Witness». Global Witness (en inglés). Consultado el 15 de febrero de 2024. 
  4. a b c d «IPIS Insights on Due Diligence in Mineral Sourcing - Regulating Responsible Sourcing of 3TG Minerals». IPIS (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de junio de 2024. 
  5. OECD (2024). Manual sobre debida diligencia ambiental en las cadenas de suministro de minerales (en inglés). Organisation for Economic Co-operation and Development. doi:10.1787/b4b11202-es. Consultado el 11 de julio de 2024. 
  6. Reglamento Delegado (UE) 2019/429 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la metodología y los criterios para la evaluación y el reconocimiento de los programas de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro, 11 de enero de 2019, consultado el 11 de julio de 2024 .
  7. «BOE.es - DOUE-L-2019-80411 Reglamento Delegado (UE) 2019/429 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la metodología y los criterios para la evaluación y el reconocimiento de los programas de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro.». www.boe.es. Consultado el 11 de julio de 2024. 
  8. a b c «IPIS Insights on Due Diligence in Mineral Sourcing - Regulating Responsible Sourcing of 3TG Minerals». IPIS (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de junio de 2024. 
  9. «Review paper - The EU Conflict Minerals Regulation: Implementation at the EU Member State level». IPIS (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de junio de 2024. 
  10. Franken, Gudrun; Schütte, Philip (2022-12). «Current trends in addressing environmental and social risks in mining and mineral supply chains by regulatory and voluntary approaches». Mineral Economics (en inglés) 35 (3-4): 653-671. ISSN 2191-2203. doi:10.1007/s13563-022-00309-3. Consultado el 19 de junio de 2024. 
  11. «Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Entra en vigor el Reglamento sobre minerales de zona de conflicto». comercio.gob.es. Consultado el 20 de junio de 2024.