Usuario:Pollo poderoso/Taller

La presidencia de Maria Estela Martínez de Perón fue el periodo en el cual el 1 de Julio de 1974, tras la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón, Martínez de Perón asume la presidencia de la Nación Argentina, y finaliza su gobierno el 24 de marzo de 1976 cuando es derrocada por la junta militar, dando lugar a la última dictadura cívico militar en el pais. Es considerado un gobierno neofascista​​​​​​​​​y ultraliberal o neoliberal en términos económicos.​​​​​

Presidencia de María Estela Martinez de Perón
María Estela 'Isabel' Martinez de Perón portando el bastón y la banda presidencial.
Información general
Ámbito	Argentina
Presidente	María Estela Martínez de Perón
Vicepresidente	Vacante
Formación	1 de julio de 1974
Disolución	24 de marzo de 1976
Composición del gabinete
N.º de ministerios	9
Partido (s)	Partido Justicialista
Coalición (es)	Frente Justicialista de Liberación
Elección
Elección	1973
Periodo	1974-1976
Situación en el poder legislativo
Senado	Mayoría
Cámara de Diputados	Hasta agosto de 1975: Mayoría A partir de esa fecha: Primer minoría
Sucesión
Tercer gobierno de Perón Presidencia de María Estela Martinez de Perón Golpe de Estado en Argentina de 1976

Es considerado un gobierno de gran inestabilidad política y económica, y artifice de la opresión contra grupos revolucionarios y minoritarios.​Tal periodo de gobierno es a menudo comparado con la Alemania nazi de Adolf Hitler debido a las atrocidades cometidas y los métodos de acción utilizados por las bandas criminales del gobierno, como la Triple A y el Comando Libertadores de América.​​​

Fallecimiento de Perón y asunción

Cerca de las 14:00 horas del 1 de julio de 1974, Martínez de Perón anunció públicamente el fallecimiento de Juan Domingo Perón por cadena nacional (cuyo anuncio fue titulada por última vez «señora vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional»)​ con la frase: «con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero [se quiebra] apóstol de la paz y la no violencia; asumo constitucionalmente la primera magistratura del país».​​ Durante su breve discurso, Martínez de Perón solicitó el apoyo de la población y de las principales figuras políticas del país para ejercer el gobierno, así como pidió a sus opositores y adversarios que cooperaran para cumplir con los objetivos trazados por el peronismo. Finalizó su alocución con la frase: «que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión».​

Horas posteriores a la muerte del General Perón, Isabelita había planteado la posibilidad de renunciar a la primera magistratura del país y regresar España, ya que sentía que no estaba en condiciones de poder suplir el vacío de poder que había provocado la muerte de su difundo esposo. Ante tal situación, el teniente general Leandro Enrique Anaya, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Héctor Luis Fautario, la convencieron de conservar la presidencia aludiendo que las fuerzas armadas la ayudarían en la misión de gobernar​.

La llegada de Martínez de Perón a la presidencia desató un pequeño debate con respecto al título que debía emplearse para referirse a ella: si debía considerarse «presidente» o «presidenta».​ Al momento de su llegada al poder, Martínez de Perón era la primera mujer en ocupar la jefatura de estado en América, y la primera jefa de estado de un país republicano cuyo jefe de Estado empleara el título «presidente». El 10 de julio de 1974, nueve días después de la llegada al poder y respondiendo a algunos medios que se refirieron a ella como «presidenta», la Secretaría de Prensa y Difusión emitió un comunicado: «A través de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación se dio a conocer una información destinada, según se señala, a evitar erróneas denominaciones, con respecto al cargo de la señora María Estela Martínez de Perón, quien habiendo asumido la primera magistratura en cumplimiento de un mandato constitucional, corresponde ser reconocida como la “excelentísima señora presidente de la Nación Argentina”. Se expresa que tal denominación es establecida por el artículo 74 de la Constitución Nacional, al señalar que el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de “presidente de la Nación Argentina”».​ El conflicto con respecto a la denominación volvió a producirse en 2007, décadas más tarde, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta y optó por utilizar la forma femenina del título.​ La Real Academia Española considera que el femenino «presidenta» es el más adecuado para referirse al cargo cuando este lo ocupa una mujer.​ Sin embargo, durante el gobierno de Martínez de Perón la prensa y las instituciones habitualmente se referían a ella como «la presidente» o la «señora presidente»,​ siendo muy minoritarios los medios de comunicación que la llamaron por la forma femenina del título.​

Aspectos políticos

Contexto inicial

Martínez de Perón junto a José López Rega.

La presidencia de Martínez de Perón se desarrolló en el marco de la Guerra Fría a nivel mundial, acrecentada con la derrota estadounidense en la guerra de Vietnam, el accionar de guerrillas y organizaciones terroristas fuertes en numerosos países (ETA, IRA y las Brigadas Rojas) y el ascenso de partidos comunistas en Europa. En el plano regional, Argentina era al momento de la asunción de Martínez de Perón el único estado del Cono Sur que mantenía un gobierno constitucional democrático. Durante el año anterior, sucesivos golpes de estado derrocaron a las únicas democracias vecinas (Chile y Uruguay) e impusieron dictaduras militares bajo los respectivos liderazgos de Augusto Pinochet y Juan María Bordaberry. Brasil, Paraguay y Bolivia ya tenían regímenes similares desde hacía varios años atrás, apoyados por los Estados Unidos por su marcado signo anticomunista, a través del Plan Cóndor. En el plano interno, la Argentina también enfrentaba una creciente violencia política, con la actuación de varios grupos armados de distinto signo ideológico. El gobierno exhibió una marcada inoperancia administrativa en distintas áreas, y la acción estatal violenta contra la izquierda condujo a un debilitamiento persistente de las libertades políticas y civiles del país.​ Bajo la presidencia de Martínez de Perón, el informe de «Libertad en el mundo» de la organización internacional de derechos humanos Freedom House, publicado en enero y febrero de 1975 y 1976, rebajó en ambas ocasiones el porcentaje de la Argentina a «parcialmente libre» con respecto a la categoría de «libre» recibida en enero de 1974, cuando aún gobernaba Perón.​ Se trató, junto con la crisis de diciembre de 2001, de las únicas dos ocasiones desde la primera publicación del índice en 1973 en las que un gobierno constitucional argentino recibió un puntaje inferior a «libre».​

En un primer momento, dejando de lado la política de acercamiento entre Perón y el líder de la oposición, el radical Ricardo Balbín, la presidenta Martínez de Perón se apoyó principalmente en su ministro de Bienestar Social, el exsecretario personal de Perón, José López Rega, conocido como «Daniel» por sus allegados y «el Brujo» por sus adversarios políticos. López Rega fortaleció la presencia en el gobierno de los sectores de derecha por sobre otros grupos, y organizó una fuerza parapolicial conocida como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, que emprendió acciones de hostigamiento a figuras destacadas de la izquierda, que acabarían en secuestros, torturas y asesinatos.​​ El alcance real de la influencia de López Rega dentro del gobierno de Martínez de Perón es objeto de debate histórico. Existen posturas que lo describen como una suerte de «primer ministro de facto» o «presidente en las sombras»,​​ que tomó la inmensa mayoría de las decisiones políticas durante poco más de la mitad del mandato de Martínez de Perón; una influencia que ya había comenzado a implantar durante los últimos años de vida de Perón y su tercer mandato.​​ Algunas filmaciones donde se muestra a Martínez de Perón ofreciendo discursos públicos mientras que López Rega se encontraba detrás de ella moviendo los labios, condujeron a afirmaciones de que tenía un control casi directo sobre las acciones tanto políticas como físicas de la presidenta.​​​

Isabel Perón baja del avión Hércules T C 64 que sobrevoló durante dos horas la base Marambio sin poder aterrizar por el mal tiempo y debió bajar en la base aérea de Río Gallegos. 10/12/1974.

Aunque Martínez de Perón carecía del carisma de Eva Perón y del propio Perón, la muerte de su marido había dejado una sensación generalizada de vacío de poder; al principio su imagen de «viuda afligida» le granjeó un amplio apoyo político y público, que comenzó a diluirse con el pasar de los meses, el declive económico y las controversias que afectaron su figura.​​ La influencia de López Rega sobre las acciones gubernamentales y su controvertida relación con Martínez de Perón dentro del marco de su pasión mutua por el esoterismo dieron lugar a numerosas anécdotas históricas, que involucran haber intentado realizar supuestos rituales místicos con el cadáver embalsamado de Eva Perón antes de retornar a la Argentina para intentar «transmitirle» a Martínez de Perón el espíritu de la anterior esposa del líder justicialista; o su afirmación de haber «resucitado varias veces» a Perón mediante magia durante su presidencia.​​ De acuerdo con Julio Broner, presidente de la Confederación General Empresaria, Ricardo Balbín habría intentado convencer a Martínez de Perón de apartar a López Rega de su cargo con el fin de «preservar la imagen pública» de la presidencia, lo que llevó al ministro a cerrar el círculo íntimo de la presidenta en torno a él, con el supuesto objetivo de «peronizar» el gabinete.​ Entre agosto y octubre de 1974, cuatro ministerios clave (Interior, Economía, Educación, y Defensa) fueron cesados o forzados a renunciar y reemplazados por dirigentes del sector del Peronismo ortodoxo, destacando funcionarios de la primera presidencia de Perón que se habían distanciado de su liderazgo después del derrocamiento del mismo.​​ Martínez de Perón cambió cada uno de sus ministros al menos cuatro veces durante menos de dos años de gestión,​ y solo tres de ellos (el propio López Rega y el canciller Alberto Juan Vignes, ambos designados antes de su llegada a la presidencia, así como el titular de la brevemente autónoma cartera de salud pública, Pedro Rolan Yáñez) duraron un año completo en el cargo.​

Entre 1973 y 1976, la Triple A fue responsable de la desaparición y muerte de entre setecientas y mil cien personas.​​​ La figura de López Rega y el viraje político derechista del gobierno de Martínez de Perón condujeron a que la izquierda peronista pasara de una disputa interna a una abierta oposición al gobierno, que desembocó incluso en violencia armada. La organización guerrillera peronista Montoneros, que pretendía disputarle la autoridad a la presidenta, anunció el 6 de septiembre de 1974 que pasaría a la clandestinidad, lo que afectó la gobernabilidad de la endeble democracia.​ Un año más tarde, el 8 de septiembre de 1975, durante el acercamiento de Martínez de Perón con las filas militares, la organización sería declarada «ilegal y terrorista» por el gobierno. Con posterioridad, el papel de la propia Martínez de Perón en las acciones de la Triple A fueron objeto de controversia, lo que condujo a la apertura de causas judiciales en su contra. Atilio Neira, abogado defensor de Martínez de Perón, afirmaría en 2007 que la presidenta «no contaba con información» con respecto a los crímenes del grupo paramilitar.​

Situación de las provincias

Entre julio de 1974 y enero de 1975, cuatro gobernadores provinciales peronistas fueron cesados de sus cargos por intervención federal por parte del gobierno de Martínez: el mendocino Carlos Mendoza (extremo superior izquierdo), el santacruceño Jorge Cepernic (extremo superior derecho), el salteño Miguel Ragone (extremo inferior izquierdo), y el misionero Luis Ángel Ripoll (extremo inferior derecho).

En las elecciones de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) había tomado el control de veintidós de las veintitrés gobernaciones provinciales de Argentina, resultando derrotado solo en la provincia del Neuquén, donde ganó el neoperonista Movimiento Popular Neuquino (MPN). De estas veintitrés gobernaciones, veintidós respondían al Partido Justicialista y una (la provincia de Santa Fe) al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El enfrentamiento interno del peronismo, exacerbado durante el tercer mandato de Perón, motivó numerosas intervenciones federales o salidas de poder anticipadas de gobernadores. Durante el tercer mandato de Perón, fue intervenida la provincia de Formosa, gobernada por Antenor Argentino Gauna, el 19 de noviembre de 1973. Once días más tarde, el misionero Juan Manuel Irrazábal y su vicegobernador, César Napoleón Ayrault, murieron en un sorpresivo accidente de avión, dejando la provincia en un prolongado interinato. A su vez, tres gobernadores abandonaron en forma anticipada el poder: el bonaerense Oscar Bidegain (que renunció en enero de 1974), el cordobés Ricardo Obregón Cano (derrocado en un golpe de Estado policial que desembocó en la intervención en febrero) y el mendocino Alberto Martínez Baca (destituido por un juicio político por parte de la legislatura en junio). La política de intervenir a los gobernadores identificados políticamente con el sector izquierdista del peronismo, así como aquellos que eran sospechados de verse involucrados en la «infiltración marxista» en el peronismo, comenzó a volverse más recurrente durante el mandato de Martínez de Perón. Semanas después de asumir Martínez de Perón, en julio de 1974, fue llevado al Congreso de la Nación Argentina un proyecto para intervenir los tres poderes de la provincia de Mendoza después de la suspensión en el cargo de Alberto Martínez Baca y su reemplazo por el vicegobernador Carlos Mendoza, del sector ortodoxo, en el marco de un juicio político llevado a cabo por un sector del peronismo en la legislatura con el apoyo de los partidos opositores, bajo el alegato de que Martínez Baca respondía al sector «zurdo» del justicialismo.​​ Los movimientos para derrocar del poder al mandatario mendocino habían comenzado a finales de 1973, y en diciembre de ese año ya había sido intervenida la rama del Partido Justicialista provincial. Por su parte, Martínez de Perón tenía una buena relación personal con Martínez Baca, a quien había conocido como candidato a vicegobernador de Ernesto Corvalán Nanclares en las elecciones provinciales de abril de 1966, en la fórmula del justicialismo verticalista contra el proyecto vandorista, cuando la presidenta era delegada personal de Perón.​​ Los intentos de mediación entre Martínez Baca y los sectores opositores del justicialismo auspiciados por el gobierno, considerados como única alternativa para preservar la institucionalidad de la provincia, fracasaron.​​ La intervención fue aprobada a principios de agosto y, el día 13 del mismo mes, Martínez de Perón designó a Antonio Cafiero como interventor federal sin que fuera consumado el juicio político en la Cámara de Senadores de la provincia.​

La siguiente intervención realizada durante el gobierno de Martínez de Perón fue la de la provincia de Santa Cruz. Jorge Cepernic, gobernador de dicha provincia, en el momento la más remota y menos poblada del país, pertenecía al sector de «la Tendencia» y había sido elegido por mayoría absoluta de votos en marzo de 1973.​ Durante su mandato se habían tomado medidas contra el latifundio y permitió la filmación de la película «La Patagonia rebelde» en territorio santacruceño. El gobierno de Cepernic había sufrido la progresiva desestabilización de fuerzas conservadoras tanto dentro como afuera del peronismo, que lo acusaron de ser un infiltrado marxista. Este acoso en gran medida se relajó durante el tercer gobierno de Perón, pero tres meses después de su fallecimiento la oposición a Capernic se fortaleció y forzó en su caída. Días después de finalizado el período de sesiones del Congreso, Martínez de Perón decretó la intervención federal del poder ejecutivo provincial el 7 de octubre de 1974, reemplazando a Cepernic por Augusto Pedro Saffores.​​ «La Patagonia rebelde» fue prohibida por el gobierno nacional el 12 de octubre y numerosos funcionarios de la administración de Cepernic y militantes del sector del peronismo que le respondía fueron arrestados. El propio exgobernador fue frecuentemente objeto de amenazas durante el resto de la gestión de Martínez de Perón y la dictadura sucesora surgida en 1976 lo mantuvo detenido durante casi seis años.​​​

Isabel Perón con la banda presidencial junto a Raúl Lastiri, expresidente argentino y por ese entonces, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en los festejos por el aniversario del Día de la Independencia argentina, el 9 de Julio de 1975.​

Días después de la intervención a la provincia de Santa Cruz, Martínez de Perón viajó a la provincia de Salta, en el norte del país, para asistir al VII Congreso Eucarístico Nacional, arribando a la misma el 13 de octubre de 1974. Para entonces, el peronismo salteño enfrentaba un fuerte conflicto interno sufrido por el gobernador Miguel Ragone y el sector que le respondía, la Lista Verde. Además del peronismo ortodoxo, el mandatario recibía fuertes ataques por parte de la derecha local. Ragone era nativo de Tucumán y no pertenecía a la élite política salteña, además de mantener la costumbre de relacionarse con personas de clase trabajadora y humilde, lo que llevó a que fuera acusado de «comunista» por la vasta oligarquía provincial.​ Durante su visita al distrito Martínez de Perón rechazó compartir palco con Ragone en el Congreso, lo que fue visto como una muestra de rechazo. Un mes más tarde, el 23 de noviembre, la presidenta decretó la intervención federal de Salta, reemplazando al gobernador con el interventor José Alejandro Mosquera. El 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe de Estado que derrocó a Martínez de Perón, Ragone fue secuestrado y asesinado por integrantes del ejército y de la policía de Salta vinculados a la Triple A.​​​

Durante las primeras semanas de 1975, buscando generar un nuevo clima político ante la inestabilidad persistente, Martínez de Perón anunció que comenzaría un proceso de normalización institucional. A tal fin dispuso el 21 de enero, la intervención de la provincia de Misiones, que se hallaba desde finales de 1973 bajo un prolongado interinato por parte del presidente de la legislatura, Luis Ángel Ripoll, a pesar de que las normativas vigentes exigían la convocatoria a nuevos comicios para culminar el período después de la muerte simultánea del gobernador y el vicegobernador en un accidente de avión.​ Juan Carlos Taparelli asumió la intervención de la provincia y organizó elecciones provinciales para el 13 de abril, las cuales constituyeron los únicos comicios realizados durante el gobierno de Martínez de Perón. Los dos principales candidatos fueron el justicialista oficialista Miguel Ángel Alterach, y el radical Ricardo Barrios Arrechea. El peronismo disidente participó como una coalición entre los partidos Tercera Posición y Partido Auténtico, con la candidatura de Agustín Teófilo Puentes.​ Aunque los comicios fueron en gran medida libres, el oficialismo realizó numerosos movimientos judiciales y políticos que fueron percibidos como un intento de desestabilizar las posibilidades del peronismo disidente, destacando intentos de judicializar la candidatura de Puentes bajo el alegato de que los partidos no podían utilizar símbolos peronistas,​ así como actos de censura o agresión contra los distintos candidatos.​ Alterach defendió abiertamente la administración de Martínez de Perón, empleando el eslogan de campaña «Isabel es Perón». En un contexto polarizado, Alterach resultó elegido gobernador por un margen bajo de votos con respecto al obtenido por Irrazábal en las anteriores elecciones, de solo el 46,52% de los votos contra el 39,13% de Arrechea, que logró recuperar para la UCR oficial casi la totalidad del voto radical, una parte hasta entonces en manos del Partido Intransigente. Afectado por la agresiva campaña en su contra y la polarización entre el FREJULI y la UCR, Puentes reunió solo el 9,62% de los votos.​​

Decretos de aniquilamiento

Martínez de Perón pasando revista a las tropas en la provincia de Tucumán, acompañada por el general de brigada Acdel Vilas, primer comandante del Operativo Independencia; mediados de 1975.

Durante los últimos meses del año 1974, el gobierno de Martínez de Perón inició un proceso de represión y militarización de la sociedad argentina, que se prolongó hasta su derrocamiento y fue profundizado y llevado al extremo por la dictadura posterior. El 6 de noviembre de ese mismo año, cinco meses después de llegar al poder Martínez de Perón impuso por decreto el estado de sitio en todo el territorio nacional. Entre los objetivos nominales de la represión legitimada, el decreto establecía como propósito: «Con toda energía, erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista aleve y criminal contra la Nación».​ Al amparo de dicho decreto, numerosos dirigentes políticos y gremiales fueron detenidos sin proceso, destacando el «Operativo Serpiente Colorada del Paraná» contra el sindicalismo combativo del polo metalúrgico en Villa Constitución, deteniendo a más de trescientas personas sin juicio e instigando una campaña del terror por parte de la Triple A contra la población local, lo que desató manifestaciones y huelgas en contra del gobierno, dando como saldo entre veinte y treinta personas asesinadas o desaparecidas.​ En el curso del operativo, se instaló en los dormitorios de solteros de la empresa Acindar el primer Centro clandestino de detención (CCD), que luego se multiplicarían durante la dictadura.​

El 5 de febrero de 1975 Martínez de Perón dictó el Decreto 261/75, conocido también como el primer decreto de aniquilamiento, que establecía una zona de emergencia en un sector de la provincia de Tucumán (entonces bajo el gobierno provincial del justicialista Amado Juri) con el fin de combatir militarmente a la guerrilla denominada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ERP había establecido una fuerte presencia rural en el distrito tucumano, y su principal intención era instaurar una «zona liberada» o «foco revolucionario» dentro de la provincia para, una vez controlado el territorio, iniciar un conflicto armado contra el estado argentino y buscar reconocimiento internacional.​ Montoneros también mantenía un pequeño núcleo en Tucumán, con alrededor de treinta combatientes, que aumentarían a cien al año siguiente. El decreto firmado por Martínez de Perón, de carácter secreto y desconocido para la opinión pública, autorizó al ejército a «ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán», poniendo a disposición del Ejército las fuerzas de la Policía Federal, la Policía de Tucumán y el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea.​

El dictado de este decreto de aniquilamiento de la subversión preludió el terrorismo de Estado.​ Esta solución no contentaba plenamente a algunos sectores militares, como el principal responsable del operativo, el general Acdel Vilas, que reconoció haberse extralimitado en sus funciones, no respetando el espíritu de la orden presidencial y pasando por encima de las autoridades políticas legales del país.​ Si bien el Operativo incluyó una serie de combates militares en el área rural con los grupos guerrilleros, la acción militar se concentró en las ciudades, reprimiendo a los civiles que militaban en organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, religiosas y sociales, consideradas en forma genérica como elementos «de izquierda». Vilas consideraba que la supuesta «guerra» librada en Tucumán era «eminentemente cultural» ya que la guerrilla en el monte tucumano era «sólo la manifestación armada del proceso subversivo y no la más importante».​

Militares durante el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán.

Al amparo de este primer decreto, el Ejército implantó en Tucumán por primera vez un régimen de terrorismo de Estado, que se aplicaría a todo el país luego del golpe de Estado. A tal fin el Ejército detuvo ilegalmente a miles de personas, estableció un centro clandestino de detención en una escuela de Famaillá donde mantuvo desaparecidas a las personas detenidas, torturó a los detenidos en forma sistemática, realizó ejecuciones ilegales públicas e hizo desaparecer los cadáveres de las personas asesinadas.​ Vilas fue por fin relevado el 18 de diciembre de 1975, siendo reemplazado por Antonio Domingo Bussi. Bussi intensificó la acción terrorista del Estado y en los últimos tres meses del gobierno constitucional el 91% de las víctimas fueron detenidos desaparecidos.​ Trasladó además el CCD de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, y abrió otros trece centros de detención clandestina.​ De acuerdo con el historiador Felipe Pigna, las reuniones durante las cuales se preparó el golpe de Estado comenzaron a principios de 1975, en la estancia de José Alfredo Martínez de Hoz, figura clave de la política económica llevada a cabo por el régimen de facto.​ Según el relato de Julio Carlos González, secretario privado de Martínez de Perón, el coronel Jorge Montiel, secretario de la SIDE (desaparecido), le había confesado que tenía información de que oficiales de las Fuerzas Armadas tenían contacto con las cúpulas guerrilleras para desestabilizar al gobierno.​

Martínez de Perón realizó discursos defendiendo la represión contra las organizaciones guerrilleras, alegando que ponían en peligro la paz social. El 1 de mayo de 1975, en conmemoración del Día de los Trabajadores, y con el país en un estado particular de tensión, Martínez de Perón realizó un fuerte discurso ante la Plaza de Mayo en contra de las guerrillas, afirmando que cumpliría su objetivo de «llevar el país a donde corresponda, como lo quería el general Perón» a toda costa, y afirmó que: «A aquellos antipatrias que se opongan, les daré con el látigo». La multitud respondió con fuertes cánticos de «los vamos a reventar». Martínez de Perón añadió: «Hemos tenido demasiada paciencia y comprensión. No les tengo miedo».​​​

Política económica y social

Fin del Pacto Social establecido por Cámpora y política sanitaria

Año	Crecimiento del PIB
1974​	5,4%
1975​	-1,4%

Al momento de asumir la presidencia, Martínez de Perón heredó las políticas del Pacto Social establecidas durante el gobierno de Héctor José Cámpora y que continuaron durante la tercera presidencia de Perón bajo la gestión del ministro de Economía José Ber Gelbard. El «Pacto» tenía tres objetivo principales: alcanzar una participación de los asalariados del 40-50% del ingreso nacional en un lapso de cuatro años; reducir la alta inflación existente; y consolidar el crecimiento económico. Su principal acuerdo fue la renuncia de los sindicatos a realizar paritarias (negociación de convenios colectivos) por dos años, a cambio de que las empresas congelaran los precios y realizaran un aumento de salarios de suma fija que para las categorías más postergadas representó un 20% de aumento real.​ En un primer momento, Martínez de Perón se comprometió a mantener las políticas del «Pacto», así como el nacionalismo económico que incentivó Perón. Dos de las primeras decisiones importantes de política económica fueron la promulgación de una nueva ley de contrato laboral favorable a los trabajadores y la concesión a la petrolera estatal YPF de un monopolio sobre las estaciones de servicio.​

Isabel Perón con sus atributos presidenciales correspondientes.

Sin embargo, en los primeros meses posteriores a la muerte de Perón el pacto social se derrumbó rápidamente. Los comerciantes argentinos cometieron agio (desabastecimiento de productos esenciales para especular con un aumento de precios); ocultando productos básicos como el aceite y el azúcar y desarrollaron un mercado negro de productos.​ Tan solo tres meses después de haber llegado a la presidencia Martínez de Perón reemplazó a Gelbard con Alfredo Gómez Morales, una figura histórica del peronismo que ya había ejercido como ministro de Asuntos Económicos durante el segundo mandato de Perón.​ El fin del Pacto Social reabrió las paritarias para negociaciones colectivas sectoriales, suspendidas por los sindicatos en acuerdo con el gobierno desde 1973.

No obstante la inestabilidad política creciente, algunas medidas tomadas durante el gobierno de Martínez de Perón perduraron durante muchos años, como la estatización de varios canales de televisión y la sanción de la ley de contrato de trabajo. En el plano laboral también se actualizaron importantes convenios colectivos, como el de los empleados de comercio, aún vigente. En el plano de la política sanitaria, a través de Pedro Rolan Yáñez, a cargo de la cartera de Salud Pública, se lograron amplias mejoras de la salud en políticas públicas y se modelizaron planes de salud que mejoraron las prestaciones a nivel de estado. Asimismo, se llevó a la Argentina a intervenir dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este activo papel en materia de salud pública se mantuvo hasta la renuncia de Yáñez, que ejerció como ministro separado de la cartera de Bienestar Social entre el 21 de julio de 1974 y el 1 de agosto de 1975.

Otras medidas, como el monopolio de la comercialización de combustibles por YPF, fueron derogadas por el gobierno militar. Una medida social como el congelamiento de las cuotas de los créditos para compra de vivienda posibilitó que muchas familias llegaran a tener su primera propiedad. Sin embargo, y a pesar de una devaluación de la moneda, la economía argentina sufrió los daños graves de una inflación creciente, con la paralización de las inversiones de capital. A esas dificultades se sumó la suspensión, por parte de varios países europeos, de las exportaciones de carne argentina. La solución de corte monetarista intentada por el ministro Gómez Morales no tuvo éxito, y provocó una fuerte retracción de la liquidez, iniciando un complicado proceso. Se había alcanzado una de las tasas de desocupación más bajas de la historia, pero a costa de una inflación muy alta.​

El «Rodrigazo»

Celestino Rodrigo, ministro de Economía entre junio y julio de 1975 fue artífice de la política de ajuste históricamente conocida como «el Rodrigazo».

En 1975 la Argentina había llegado a situarse entre los países con mayor igualdad de ingresos fuera del Bloque del Este.​ Ante el fracaso de Alfredo Gómez Morales, cuya política había aumentado notoriamente el déficit fiscal, la extrema derecha peronista encabezada por López Rega pudo imponer como sucesor a Celestino Rodrigo, que asumió el 2 de junio de 1975. El 4 de junio anunció la política económica a implementar, diseñada por el viceministro Ricardo Zinn, que incluía medidas tales como la devaluación de más de un 150% del peso en relación con el dólar comercial, un aumento promedio del 100% en el precio de todos los servicios públicos y transporte y una suba de hasta un 180% de los combustibles.​ Como contrapartida, anunció un aumento del 45% de los salarios. Su objetivo era adelantar los precios a los salarios, para licuar las deudas de las empresas para luego estabilizar y liberar la economía para la entrada del capital extranjero.​ Para justificar las medidas adoptadas, Rodrigo enunció una serie de postulados contrarios al consumismo, pidiendo a todos los argentinos que disminuyeran sus gastos, en especial de artículos suntuarios e importados.​ A esta política de ajuste se la conocería como el «Rodrigazo», recordado por la historiografía como el comienzo de una serie de políticas económicas centradas en el «ajuste» y el «sinceramiento» de la economía, que en definitiva terminaron por perjudicar a los asalariados y a la producción, especialmente la industrial.​ La política de Rodrigo establecía un tope del 40% para los aumentos salariales acordados en paritarias de negociación colectiva. Los sindicatos, que habían acordado con las cámaras patronales aumentos salariales que promediaban el doble del tope, rechazaron con dureza la política económica y se desataron protestas contra esta en todo el país.​​ La Confederación General del Trabajo (CGT) exigió a la presidenta que homologara los convenios colectivos.​ Sin embargo, el gobierno de Martínez de Perón se negó, por lo que la CGT declaró el primer paro general contra un gobierno peronista,​ que tuvo lugar durante cuarenta y ocho horas entre el 7 y el 8 de julio.​

Isabel Perón preside los festejos por el día del trabajador desde el balcón de la casa rosada, 1 de mayo de 1975.

La presión sindical lograría un aumento promedio de los salarios del 180%, lo cual, en conjunción con las medidas de Rodrigo, elevó la inflación a niveles nunca vistos en la Argentina.​ Al mismo tiempo, la crisis destruyó la legitimidad política de López Rega y el sector del peronismo que le respondía.​ Durante los últimos días de junio y la primera mitad del mes de julio, se produjeron manifestaciones exigiendo la salida del gobierno de López Rega con la consigna: «¡Isabel, coraje, al brujo dale raje!».​ De acuerdo con el historiador Marcelo Larraquy, durante una concentración masiva contra el ministro de Bienestar Social en la Plaza de Mayo, López Rega habría exigido con violencia a Martínez de Perón que saliera al balcón a reivindicar su figura, propinándole una cachetada cuando esta se negó a hacerlo, lo que habría llevado a la custodia presidencial a amenazarlo.​ Luego de permanecer algunos días encerrado con la presidenta en la residencia presidencial de Olivos, López Rega finalmente presentó su renuncia el 11 de julio, siendo nombrado embajador de Argentina en España, lo que constituyó una suerte de exilio de facto.​

Secuelas económicas antes del golpe de Estado

Rodrigo y Zinn dimitieron de sus cargos unos días después que López Rega, manteniéndose la cartera de Economía temporalmente vacante debido a la debacle. La economía entró en recesión y el país quedó al borde del default de su deuda externa, razón por la cual el gobierno se vio obligado a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el primero realizado por un gobierno peronista.​ Martínez de Perón nombró ministro a Pedro José Bonanni, pero su decisión de convocar a los empresarios y marginar a los sindicatos de las consultas para elaborar un nuevo plan económico precipitó su renuncia a solo tres semanas de designado. El 11 de agosto asumió como ministro Antonio Cafiero, quien no consiguió modificar el rumbo catastrófico que estaba tomando la economía, agravado por las operaciones que realizaban ya los grupos golpistas. Para fin de año el déficit público llegó al 12,4% y todos los indicadores sociales se deterioraban en forma acelerada. El 3 de febrero de 1976 Cafiero fue reemplazado por Emilio Mondelli, bajo cuya gestión la Argentina tuvo el primer brote hiperinflacionario de su historia en marzo de ese mismo año, cuando el aumento de precios llegó al 54% mensual y el grupo golpista tomaba el poder para imponer una dictadura que combinaría el terrorismo de Estado sistemático con el primer plan económico neoliberal en la Argentina.​

Relación con la prensa

Además de los ataques a medios y periodistas asesinados por los grupos guerrilleros opositores, durante su gobierno se tomaron diversas medidas que restringieron la libertad de prensa.​ Martínez de Perón usaba el término terrorismo periodístico para referirse a la prensa.​ Su gobierno se caracterizó por la prohibición de diarios y revistas que no eran afines a los proyectos del gobierno o publicaban algo que según el gobierno, menoscababa a los funcionarios públicos o perturbaba los esfuerzos de unidad nacional.​ Esta relación con la prensa y les medios de comunicación había comenzado durante el gobierno del general Perón.​Ella no hizo más que continuarlo durante su mandato. El 20 de mayo de 1973, cuando aún gobernaba la dictadura antiperonista que entregó el poder político al gobierno del peronista de Héctor J. Cámpora, se había publicado en el boletín oficial un decreto que preveía la posible expulsión del país de corresponsales extranjeros.​​Cuando ella asumió, el 28 de septiembre de 1974 se sancionó la Ley 20.840 que en su artículo 1^o imponía prisión de hasta seis 6 años a quien divulgara, propagandizara o difundiera noticias que alteren o supriman el orden institucional y la paz social de la nación",​ al que realice actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción de las conductas previstas en el art. Nº1. Al que tenga en su poder, exhiba, imprima, edite, reproduzca, distribuya o suministre, por cualquier medio, material impreso o grabado, por el que se informen o propaguen hechos, comunicaciones o imágenes de las conductas previstas en el art. Nº1.​​En su artículo 3^o, inciso b) imponía prisión de dos a cinco años a los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el artículo 1^o.​​

En octubre de 1973, el gobierno decretó el vencimiento y la caducidad de las licencias de las únicas tres empresas privadas de la televisión argentina, el canal 11, dirigido por Héctor Ricardo García, el canal 13, dirigido por Goar Mestre y el canal 9, dirigido por Alejandro Romay.​Diversos medios de prensa fueron clausurados, en algunos casos brevemente, entre ellos La Opinión,​ diario Noticias (por ser parte del grupo guerrillero Montoneros),​​ El Mundo, ​ Satiricón, cerrada por inmoral,​ ​ ​ ​ Marchar, ​ revista El Fortín, ​​ Última Hora, ​ diario La Calle,​El descamisado (por ser parte del grupo guerrillero peronista Montoneros),​La Causa Peronista (por ser parte del grupo guerrillero Montoneros),​El Peronista, ​El Nuevo Hombre, ​ Revista Cabildo,​​y diario Crónica,​también dirigido por Héctor Ricardo García y clausurado por haber propuesto la recuperación de las Islas Malvinas.​​En junio de 1974 la revista Militancia Peronista había sido clausurada por decreto del presidente Juan Domingo Perón pero volvieron a editar otra revista similar, bajo el nombre De Frente, que a los pocos meses también volvería a ser clausurada, esta vez por la presidenta Martínez de Perón​​ ​ El 20 de agosto de 1974, el semanario La Causa Peronista, de los montoneros, anunció su pase a la clandestinidad.​Otros medios sufrieron ataques con ametralladoras por parte de grupos parapoliciales controlados por su gobierno, como el diario El Pueblo, de San Miguel de Tucumán que, en octubre de 1974, no solo fue atacado sino que su director, José Ignacio García Hamilton fue detenido el 24 de noviembre y quedó a disposición del Poder Ejecutivo por haberse negado a abandonar el país luego de recibir amenazas de la triple A, recién fue liberado el 22 de mayo de 1975 por la presión de grandes personalidades.​​ El 31 de julio de 1974 fue asesinado, también por la Triple A, el periodista y político Rodolfo Ortega Peña, fundador de la revista Militancia Peronista, quien había responsabilizado a Perón por la masacre de Pacheco.​

El 27 de septiembre de 1974 fue secuestrado y asesinado el periodista y político Silvio Frondizi por la Triple A, organización comandada y financiada desde el Ministerio de Bienestar Social, la logia anticomunista Propaganda Due y la CIA.​El jefe de Personal del diario Noticias, Julio Troxler, padeció la misma suerte.​ El 13 de octubre de 1974 fueron asesinados el periodista Pedro Leopoldo Barraza y el fotógrafo de 21 años Carlos Laham. Su muerte también se la adjudicó la organización paraestatal manejada desde el Poder Ejecutivo, la triple A.​La Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA) fue intervenida por el gobierno de Martínez de Perón.​En noviembre de 1974, ocho de sus nueve delegados fueron despedidos.​El 17 de mayo de 1975 fue secuestrado y asesinado, por la Triple A, el periodista del diario La Opinión Jorge Money. ​​

El 18 de mayo de 1975, por cadena nacional de televisión, el gobierno acusó a los diarios La Opinión y El Cronista Comercial de realizar prácticas disolventes.​ El boletín oficial publicaba que si bien el Gobierno nacional es plenamente respetuoso de la libertad de expresión, no pueden ampararse bajo tales garantías constitucionales actividades que persiguen propósitos contrarios al ordenamiento definitivo y en paz de la Nación.​El 20 de mayo de 1975 se sancionó el decreto n.º 1273, que creaba un "Registro de Agencias Noticiosas" dependiente de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, de inscripción obligatoria para todos los medios de noticias que prohibía los corresponsales extranjeros y la difusión de noticias referidas al país provenientes de medios extranjeros.​Cuando llegó el Día del Periodista, que en Argentina se festeja el 7 de junio, un legislador de la Unión Cívica Radical manifestó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que la situación no estaba para festejar porque la libertad de expresión y prensa se encontraba seriamente dañada después de la clausura de diarios, revistas, asesinatos y atentados contra periodistas y el tema del manejo oficial del gobierno de todas las radios y la televisión.​En octubre de 1975, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia y la Secretaría de Informaciones del Estado, pasaron a depender del Consejo de Defensa Nacional, formado por el ministro de Defensa y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas a través del decreto 2772.​

Relación con el feminismo

A pesar de ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado argentino, la relación de los grupos feministas entonces activos en Argentina con Martínez de Perón (que por lo general recurría a un discurso conservador católico y derechista)​ fue tensa, y su período de gobierno no se caracterizó por prácticamente ninguna política institucional que incrementara los derechos de las mujeres.​ El Caudillo (revista de extrema derecha empleada por López Rega y la Triple A como medio de difusión durante la primera mitad del gobierno de Martínez de Perón) calificó al feminismo como «un reducto de mujeres marxistas, lesbianas y feas».​ Los treinta y nueve ministros en las distintas carteras que Martínez de Perón tuvo durante su mandato fueron hombres.​​ Poco antes del fallecimiento de Perón, en marzo de 1974, su administración había criminalizado la venta libre de pastillas anticonceptivas, medida que fue mantenida por el gobierno de Martínez de Perón.​ El gobierno exhibió durante este período una postura marcadamente antiabortista, calificando la lucha feminista por la legalización del aborto o el divorcio vincular como una combinación de «intereses no argentinos» que buscaban «destruir a la familia» y «amenazar la maternidad como función natural de la mujer».​ En 1975, la Organización de las Naciones Unidas declaró el «año internacional de la mujer», y en abril de ese año el gobierno de Martínez de Perón creó una comisión para organizar las celebraciones. Sin embargo, el gobierno demostró un rechazo casi abierto a la participación de los principales grupos feministas del país (la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista), y su verdadera actividad fue muy escasa, con la excepción de la organización de un seminario previsto para marzo de 1976.​ La presidenta participó en un Congreso de la Mujer en agosto de 1975, pero se excluyó a las organizaciones feministas de su realización, bajo el alegato de que «fomentaban la lucha contra el hombre».​​

Durante la segunda mitad del año, la diputada jujeña María Cristina Guzmán presentó el proyecto de Ley 21.182 de patria potestad compartida, uno de los principales reclamos del movimiento feminista. Hasta entonces el varón tenía todos los derechos sobre la patria potestad de los hijos, mientras que la mujer solo tenía obligaciones al respecto.​ Argentina había tenido en su momento una legislación de patria potestad compartida durante la primera presidencia de Perón, pero esta fue derogada por la «Revolución Libertadora» y no fue recuperada.​ A pesar de que la anterior legislación se consideraba una antigua conquista peronista y que el proyecto fue en última instancia aprobado por ambas cámaras del Congreso, Martínez de Perón lo vetó el 22 de octubre de 1975, bajo el alegato de que el mismo era «poco claro» con respecto a si la patria potestad era compartida o conjunta, colocando al varón y a la mujer únicamente en una posición «indistinta».​​ La desmarcada posición y el casi nulo accionar en cuestiones feministas de un gobierno encabezado por una mujer resultó blanco de profundas críticas por parte de figuras de izquierda y centroizquierda del país.​​ El periódico Avanzada Socialista elogió la situación de Francia, que acababa de legalizar el aborto, e Italia, que estaba en proceso de instaurar una ley de divorcio vincular, para compararla con la situación de Argentina, declarando que: «La única ley propuesta en lo que va del año referida a la situación de la mujer fue vetada por el Poder Ejecutivo».​ La ley que estableció la patria potestad compartida no se aprobaría sino hasta 1985 y el divorcio vincular hasta 1987, ambas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.​​

Relaciones exteriores

Giro hacia la derecha

El gobierno de Martínez de Perón transcurrió en un contexto internacional de pronunciado giro hacia la derecha. Las dictaduras que rodeaban a la Argentina desde la segunda mitad de 1973 se habían consolidado. En este período se conformó la Operación Cóndor apoyada por los Estados Unidos, para coordinar los servicios de inteligencia y generalizar el terrorismo de Estado en América del Sur. Al mismo tiempo, en 1975, Chile se convertía en el primer país del mundo en aplicar el nuevo modelo económico desarrollado a partir de las ideas de Milton Friedman de la Universidad de Chicago, que sería conocido con el nombre de neoliberalismo. La política internacional de Martínez de Perón, llevada adelante por su canciller y miembro de la logia anticomunista Propaganda Due Alberto Vignes, abandonó la impronta tercermundista y de no alineamiento en la Guerra Fría, que había tenido durante las presidencias de Cámpora y Perón, sobre todo en las relaciones con los demás países de América Latina. Argentina enfrió las relaciones con aquellos países cuyos gobiernos eran considerados «izquierdistas» por Estados Unidos (Cuba, México, Perú y Venezuela).​ El gobierno de Martínez de Perón canceló todas las tratativas tendientes a incorporar a la Argentina al Pacto Andino que venían realizando los anteriores presidentes peronistas y en su lugar buscó establecer un polo de poder regional, sobre la base de compartir una ideología anticomunista, con las dictaduras de Bolivia, Chile y Uruguay, que a su vez frenara el «expansionismo» de Brasil. En particular Argentina tuvo un conflicto diplomático con México, debido a la protección que este país dio a gran cantidad de argentinos perseguidos por la Triple A, entre ellos el expresidente Cámpora, haciendo uso del derecho de asilo.​

Política respecto a las Islas Malvinas

Durante el último gobierno de Perón se habían realizado negociaciones secretas entre el gobierno argentino y el británico en el marco de la disputa entre ambos países por la soberanía de las Islas Malvinas. La discusión giraba en torno a la posibilidad de establecer una administración conjunta del territorio bajo un «condominio anglo-argentino» hasta un posible traspaso completo de la soberanía.​ Aunque Perón había favorecido la idea, las negociaciones se enfriaron después de su muerte y la asunción de Martínez de Perón.​ Por entonces, la Argentina ejercía su soberanía en la zona económica exclusiva en torno a Malvinas a partir de las 12 millas náuticas y hasta las 200 hasta el año 1982 sin que el Reino Unido, que no reclamaba esas aguas, objetara los actos administrativos, como la interdicción de buques extranjeros que pescaban en forma ilegal en la zona.​ Un acto de este tipo se produjo sobre el buque de investigación británico RRS Shackleton el 4 de febrero de 1976, efectivamente hacia el final del gobierno de Martínez de Perón, cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni (D-24) efectuó disparos a su proa debido a que realizaba investigaciones sin autorización argentina a 80 millas de las islas Malvinas. El buque fue luego escoltado por el destructor y un avión hasta Puerto Argentino/Stanley.​

Acercamiento con los militares y problemas de salud

Martínez de Perón después de reasumir el cargo tras su licencia durante el acto del Día de la Lealtad; 17 de octubre de 1975.

La salud de Martínez de Perón fue objeto de controversia durante su presidencia, siendo vista como una mujer enfermiza que padeció constantes crisis nerviosas y una insana pérdida de peso durante su período de gobierno, lo que llevó a licencias continuadas alegando motivos de salud.​​ El 25 de julio de 1975, dos semanas después de la caída de López Rega, un informe de la CIA resumía que: «Los médicos han confinado a la señora de Perón a su cama, lo cual desencadenó una nueva ronda de especulación sobre si ella solicitará una licencia, posiblemente por un largo periodo de dos meses. Aunque sus asistentes de prensa describen sus dificultades como una gripe, ella sufre un grave cuadro nervioso y necesita frecuente sedación fuerte. Bajó mucho de peso».​ La CIA se mostró preocupada ante un posible incremento del vacío de poder tras la salida de López Rega del gobierno, y describió a Martínez de Perón como una mujer con tendencia a reaccionar a la angustia personal y política con depresión, sugiriendo que esto podía ser una causa de sus problemas de salud. Ante la creciente presión política en su contra después de la caída de López Rega, Raúl Lastiri renunció como presidente de la Cámara de Diputados, y el abogado Ítalo Luder fue instalado como presidente provisional del Senado y sucesor constitucional de Martínez de Perón.​​​ El 13 de septiembre de 1975, Martínez de Perón solicitó licencia por razones de salud. Por entonces apenas podía dormir y pesaba tan solo 41 kilogramos, por lo que Luder asumió el ejercicio del poder ejecutivo en forma interina.​ Durante su licencia, Martínez de Perón se mantuvo en Ascochinga, cerca de la capital provincial de Córdoba, en una colonia de vacaciones de la Fuerza Aérea,​ acompañada por Alicia Raquel Hartridge de Videla, Delia Viera de Massera y Lía González de Fautario,​ las esposas de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas: el Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, y Héctor Fautario.​​

Durante su breve período a cargo del poder ejecutivo, Luder reforzó el poder de los militares y sancionó a su pedido otros tres decretos de aniquilamiento que extendían a todo el país la orden de «aniquilar» el accionar guerrillero: creaba un Consejo Nacional de Defensa controlado por las Fuerzas Armadas y ponía a las policías nacionales y provinciales a órdenes de aquellas.​ Una de las primeras decisiones del Ejército fue militarizar el país en cinco zonas, dentro de las cuales cada comandante de cuerpo tenía autonomía para ordenar las acciones represivas que considerara necesarias, entre ellas el establecimiento de centros clandestinos de detención y tortura.​ Luder anunció también que se adelantarían las elecciones previstas para marzo de 1977, las cuales se celebrarían en la segunda mitad de 1976, aunque la fecha no se confirmaría sino hasta los últimos días del año.​ En una reunión de los altos mandos del Ejército dirigida por el entonces comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla, con participación de asesores militares franceses y estadounidenses, se aprobó en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, en donde se ordenó prescindir de los procedimientos y garantías del Estado de derecho y realizar las acciones represivas de manera clandestina y sin reconocimiento por parte de las autoridades estatales.​ Poco después, el 23 de octubre de 1975, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, Videla declaró públicamente que «Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país».​ La zonificación militar del país que dispuso la Directiva 404/75 del 28 de octubre, puso al país bajo el poder autónomo de las Fuerzas Armadas por encima de los poderes provinciales constitucionales; una política que perseguía un posible proceso de bordaberrización (dictadura con presidente civil) similar a la llevada a cabo en la vecina Uruguay por el entonces presidente Juan María Bordaberry.

Aunque numerosas fuentes documentan que el golpe estuvo planificado desde incluso antes de que Martínez de Perón asumiera en caso de que Perón falleciera en el cargo, durante el final del mes de septiembre y la primera mitad de octubre se consideró factible que Martínez de Perón extendiera por tiempo indefinido su licencia o renunciara a la presidencia, poniendo la jefatura de Estado en manos de Luder en forma definitiva y permitiendo un golpe institucional que fuera «contra Isabel, pero no contra todos».​​ Esta opción era vista como la única forma de evitar un nuevo golpe de Estado. El 17 de octubre de 1975, sin embargo, Martínez de Perón retornó a la presidencia y rechazó en forma tajante la idea de renunciar ante los medios de comunicación.​ De acuerdo con su enfermera, Norma Bailo, en una entrevista posterior, tenía la impresión de que la presidenta no tomaba decisiones por sí misma, dando indicios de que en realidad ella tuvo varias veces la intención de renunciar, pero fue forzada a no hacerlo.​ Se considera que, a partir de la decisión de Martínez de Perón de no renunciar a la presidencia y dejar a Luder como presidente interino, fue prácticamente imposible evitar el golpe de Estado.​

Crisis política y derrocamiento

Operación Primicia

Tanto la agrupación Montoneros, así como el Ejército Revolucionario del Pueblo venían desarrollando acciones tendientes a ocupar el espacio que Juan Domingo Perón les había negado y para ello realizaron actividades de guerrilla hasta que el 5 de octubre de 1975 realizaron el copamiento del Regimiento de Infantería de Monte n.º 29, que en aquel entonces era el segundo en poder de fuego del país, en una acción que denominaron como «Operación Primicia». El objetivo de la operación tenía por objeto hacerse con un gran arsenal que les permitiera desarrollar acciones a mayor escala al tiempo que consideraron que otras células podían replicar el ataque y que el pueblo los apoyaría.​

Posterior al copamiento del regimiento ocurrió un combate de 30 minutos con un saldo de 24 muertos: 12 montoneros y 12 militares, de los cuales 10 eran conscriptos. La Operación Primicia incluyó el secuestro del vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y el copamiento del aeropuerto de Formosa. Los guerrilleros llevaban 11 fusiles FAL, 18 pistolas ametralladoras Halcón, 5 fusiles FN, 1 fusil ametralladora Madsen, 2 escopetas, 5 minas, 51 granadas, revólveres y 19 vehículos. En total participaron 60 guerrilleros y para el ataque armaron bases operativas en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Resistencia y Formosa.​

Una de las primeras víctimas fue el sargento Víctor Sanabria, quien fue acribillado mientras intentaba dar aviso por radio. Otro grupo mató a cinco conscriptos que dormían dentro de la habitación de la guardia, a la vez que varias granadas fueron arrojadas hacia las ventanas del baño, impactando a otros soldados mientras se duchaban.​

Alzamiento de diciembre de 1975

La negativa de Martínez de Perón a renunciar provocó la resolución definitiva de las Fuerzas Armadas de derrocar al gobierno constitucional.​​ Después de conocerse el retorno de Martínez de Perón el 16 de octubre, la Marina y el Ejército encabezados por Massera y Videla respectivamente, habían comenzado a planificar el golpe, pero el comandante de la Fuerza Aérea, Fautario, se negó a apoyarlos.​ El 18 de diciembre de 1975 tuvo lugar un intento de golpe de Estado encabezado por el brigadier Jesús Orlando Cappellini. En simultáneo, el grupo golpista manipuló la situación para forzar el relevo de Fautario y su reemplazo por Orlando Ramón Agosti, favorable al golpe de Estado.​ El gobierno, que había recibido las primeras señales irregulares el 15 de diciembre, consideró que relevando a Fautario la rebelión se sofocaría, creyendo que se trataba sólo de una disputa interna de las Fuerzas Armadas.​​ El Ministro del Interior, Ángel Federico Robledo, afirmó en cadena nacional: «Un conflicto institucional, relativo a la conducción del arma aérea, ha sido aprovechado por un reducido grupo de oficiales retirados y civiles para convertirlo en un conato subversivo, que no encontró eco ni en las Fuerzas Armadas ni en el pueblo». La rebelión encabezada por Cappellini, sin embargo, se mantuvo hasta el 22 de diciembre e incluyó un bombardeo a la VII Brigada con aviones de la Fuerza Aérea, siendo detenida a último momento por la mediación del vicario castrense Adolfo Tortolo.​ En última instancia, el golpe fracasó debido a la negativa de Videla a apoyar un derrocamiento absoluto del gobierno de Martínez de Perón en ese momento, pues consideraba que aún no era el tiempo adecuado para realizarlo.​​​ A pesar de la sublevación, Martínez de Perón concedió un mensaje por cadena nacional durante el cual se negó reiteradamente a renunciar, aunque anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para el 17 de octubre de 1976.​ Al mismo tiempo, declaró que no permitiría que nadie «con propósitos mezquinos», intentara usurpar el poder de manera inconstitucional.​

Si bien la sublevación no tuvo éxito en derrocar a Martínez de Perón el grupo golpista logró emplearlo para deshacerse de Fautario, el último oficial leal al gobierno constitucional y único obstáculo entre el sector favorable a Videla en el camino hacia un golpe de Estado exitoso y una toma de poder.​​ Días después del intento de derrocamiento, el 23 de diciembre, tuvo lugar un asalto fallido a un batallón en la localidad de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, que resultó en numerosas bajas para la organización guerrillera, con varios prisioneros ejecutados clandestinamente luego de rendirse.​​ Videla pasó entonces la Nochebuena en Tucumán, donde aún tenía lugar el Operativo Independencia, y empleó su tiempo allí para arengar a las fuerzas armadas desplegadas en el lugar. Videla impuso entonces un ultimátum de noventa días (hasta el 24 de marzo) al gobierno de Martínez de Perón para que «ordenara el país».​ Una negociación el 29 de diciembre, entre Martínez de Perón y el vicario castrense Adolfo Tortolo durante la cual este último intentó convencerla de abandonar el poder, fracasó luego de que la presidenta se negara de nuevo a renunciar, a lo que las cúpulas militares respondieron que su salida de la presidencia sería «el único punto no negociable».​ Martínez de Perón se reunió entonces personalmente con los tres comandantes el 5 de enero de 1976, volviendo a rechazar sus pedidos de renuncia.​ Nuevas presiones para forzar su dimisión, también fallidas, se dieron el 17 de febrero del mismo año. Martínez de Perón le aclararía en privado a su ministro de Defensa, José Deheza, que consideraba que renunciar implicaría «convalidar lo que va a venir después».​ El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1975 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos dos meses antes de que ocurriera.​​​

Preparativos golpistas

Martínez de Perón dando un discurso ante la CGT; 10 de marzo de 1976.

El 14 de agosto de 1975, un mes después de la renuncia de López Rega, estalló un escándalo cuando surgieron acusaciones de que Martínez de Perón habría malversado grandes sumas de dinero de la «Cruzada de la Solidaridad», una organización benéfica creada y dirigida desde su gobierno, a sus cuentas personales en España, acusación publicada en el diario opositor La Prensa.​ Las acusaciones motivaron una investigación por parte del Congreso a partir de noviembre.​ Después de la intentona golpista de diciembre, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), segundo partido más grande del oficialista Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) encabezado por el expresidente Arturo Frondizi, anunció su salida de la coalición oficialista de la que había formado parte por tres años.​ Al mismo tiempo, los bloques justicialistas en ambas cámaras del Congreso enfrentaron una fuerte división entre un sector «verticalista», favorable al gobierno, y un sector «rebelde». La división dejó al oficialismo sin mayoría propia en la Cámara de Diputados, pasando de tener 142 diputados a tener 102 contra 129 que sumaban la oposición (la UCR, la FUFEPO, la APR y algunos partidos provinciales) sumando a los sectores antiverticalistas, quedando otros 12 diputados en posiciones independientes.​​ Ese mismo mes el gobierno sufrió una fuerte ruptura con el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, que afirmó que, con la continuidad de Martínez de Perón en el poder, sería imposible que el gobierno constitucional llegase con éxito a las elecciones presidenciales, provocando un fallido intento de intervención federal.​​ El ministro de Economía, Antonio Cafiero, fue reemplazado por Emilio Mondelli, que anunció su «Plan de Emergencia Económica» que incluyó nuevos precios tope para el pan, fideos, quesos, manteca, leche en polvo y aceite. La medida rigió hasta el comienzo del gobierno militar.​

Un sector de la oposición encabezado por el senador radical porteño Fernando de la Rúa, promovió un proceso de juicio político contra Martínez de Perón. Existieron dos intentos de destituir a la presidenta por la vía institucional, uno presentado por el diputado bloquista sanjuanino Héctor R. Valenzuela y otro por el demócrata mendocino Francisco Moyano;​ si bien ninguno de los dos obtuvo los votos suficientes para prosperar, el último motivó un intenso debate en la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe.​ Después del intento, Lorenzo Miguel anunció que las 62 Organizaciones volverían a respaldar al gobierno, después de un período de marcada postura crítica.​

Durante los últimos meses antes del golpe de Estado numerosos medios de comunicación opositores jugaron un papel muy importante en debilitar al gobierno constitucional e infundir en la población de la idea de que un golpe de Estado era una conclusión inevitable, e incluso preferible.​ A lo largo del año 1975 varios periódicos destacaron la incapacidad de la presidenta para gobernar, así como buscaron desacreditar cualquier propuesta de buscar una vía legal para salir de la crisis política, intentando profundizar el estado de inestabilidad del país.​ Los titulares contra el gobierno de Martínez de Perón fueron casi diarios hasta el día del golpe, y durante las últimas semanas periódicos como el diario Clarín o La Nación incitaban a las Fuerzas Armadas de manera abierta a intervenir para poner fin al régimen constitucional.​ Algunos dirigentes políticos emitieron declaraciones sobre su opinión con respecto a un posible golpe de Estado en los días previos a la sublevación militar. El líder conservador liberal, Álvaro Alsogaray, se manifestó escéptico ante la idea de derrocar a Martínez de Perón durante una entrevista el 21 de marzo, alegando que sería cuestionable hacerlo en una ocasión en la que la oposición tenía posibilidades nunca antes vistas de derrotar al peronismo por medios electorales, y declarando: «¿Por qué transformarlos en mártires incomprendidos de la democracia, precisamente en el momento en que se verán obligados a declarar su gran fracaso?».​ El 16 de marzo, Balbín había dado un discurso por cadena nacional de radio y televisión en donde afirmó que el aislamiento del gobierno había provocado que el Estado dejara de funcionar tras la muerte de Perón, y culminó con la frase: «Todos los incurables que tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Desearía que los argentinos, hoy, no empezáramos a hacer la cuenta de los últimos cinco minutos».​

El 23 de marzo de 1976, último día bajo el gobierno de Martínez de Perón el diario La Razón tituló: «Todo está dicho, el inminente fin»:​ mientras que la primera plana de Clarín establecía «Inminencia de cambios en el país».​​ Ese mismo día, se produjeron numerosos hechos que parecían anunciar el golpe: mientras que los militares comenzaban a desplegar sus fuerzas en las principales ciudades del interior, varios diputados comenzaron a retirar sus pertenencias del Palacio del Congreso y a solicitar un adelanto de sus dietas.​​

El Golpe de Estado de 1976

Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1976, Martínez de Perón se subió al helicóptero presidencial junto a su secretario privado Julio Carlos González; el jefe de su custodia personal, Rafael Luisi; un joven oficial del Regimiento de Infantería 1 Patricios; el teniente de fragata Antonio Diamante y dos pilotos de la Fuerza Aérea, con dirección a la residencia presidencial de Olivos.​ Durante el vuelo, el piloto anunció que el vehículo tenía un desperfecto y que debían realizar un aterrizaje no programado en Aeroparque, ingresando la delegación a las oficinas del jefe de la Base.​ Aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, el general José Rogelio Villarreal le anunció a Martínez de Perón: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada», dando comienzo formal al golpe de Estado. Martínez de Perón preguntó si sería fusilada, a lo que Villarreal respondió que los militares garantizarían su integridad física. La presidenta denunció la traición de las Fuerzas Armadas a su gobierno y buscó negociar con los golpistas el cierre del Congreso y el nombramiento de cuatro militares para su gabinete, amenazando con huelgas y manifestaciones masivas de los sindicatos si consumaban su derrocamiento. Villarreal le respondió que «le han dibujado un país ideal, un país que no existe».​ Martínez de Perón fue trasladada entonces a la provincia del Neuquén en calidad de detenida, y por la mañana una Junta Militar asumió el gobierno del país, instaurando la dictadura autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que invistió a Jorge Rafael Videla como presidente de facto el 29 de marzo de 1976.​

Gabinete de ministros

Ministerios del Gobierno de María Estela Martínez de Perón
Cartera	Titular​	Período​
Ministerio del Interior	Benito Llambí Alberto Rocamora Antonio J. Benítez Vicente Damasco Ángel F. Robledo Roberto Antonio Ares	1 de julio de 1974 – 13 de agosto de 1974 14 de agosto de 1974 – 11 de julio de 1975 11 de julio de 1975 – 11 de agosto de 1975 11 de agosto de 1975 – 16 de septiembre de 1975 16 de septiembre de 1975 – 15 de enero de 1976 15 de enero de 1976 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Alberto Juan Vignes Ángel Federico Robledo Manuel Aráuz Castex Raúl Quijano	1 de julio de 1974 – 11 de agosto de 1975 11 de agosto de 1975 – 16 de septiembre de 1975 2 de octubre de 1975 – 14 de enero de 1976 19 de enero de 1976 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Economía	José Ber Gelbard Alfredo Gómez Morales Celestino Rodrigo Pedro José Bonanni Antonio Cafiero Emilio Mondelli	1 de julio de 1974 – 21 de octubre de 1974 21 de octubre de 1974 – 1 de junio de 1975 2 de junio de 1975 – 17 de julio de 1975 22 de julio de 1975 – 11 de agosto de 1975 14 de agosto de 1975 – 2 de febrero de 1976 3 de febrero de 1976 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Cultura y Educación	Jorge Alberto Taiana Oscar Ivanissevich Pedro J. Arrighi	1 de julio de 1974 – 13 de agosto de 1974 14 de agosto de 1974 - 11 de agosto de 1975 11 de agosto de 1975 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Bienestar Social y Salud Pública	José López Rega Carlos Villone Rodolfo Roballos Carlos Alberto Emery Aníbal Demarco	1 de julio de 1974 – 11 de julio de 1975 11 de julio de 1975 – 20 de julio de 1975 20 de julio de 1975 – 11 de agosto de 1975 11 de agosto de 1975 – 29 de octubre de 1975 29 de octubre de 1975 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Salud Pública​	Pedro Rolan Yáñez	21 de julio de 1974 - 1 de agosto de 1975
Ministerio de Defensa Nacional	Ángel Federico Robledo Adolfo M. Savino Jorge Garrido Tomás Vottero Ricardo César Guardo José A. Deheza	1 de julio de 1974 – 13 de agosto de 1974 14 de agosto de 1974 - 11 de julio de 1975 11 de julio de 1975 – 16 de septiembre de 1975 16 de septiembre de 1975 – 15 de enero de 1976 22 de enero de 1976 – 8 de marzo de 1976 12 de marzo de 1976 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Justicia	Antonio Juan Benítez E. Corvalán Nanclares José A. Deheza Augusto Pedro Saffores	1 de julio de 1974 – 10 de junio de 1975 10 de junio de 1975 – 14 de enero de 1976 15 de enero de 1976 – 12 de marzo de 1976 12 de marzo de 1976 – 24 de marzo de 1976
Ministerio de Trabajo	Ricardo Otero Cecilio Conditi Carlos F. Ruckauf Miguel Unamuno	1 de julio de 1974 – 11 de junio de 1975 29 de junio de 1975 – 11 de agosto de 1975 11 de agosto de 1975 – 3 de febrero de 1976 3 de febrero de 1976 – 24 de marzo de 1976