Elecciones federales de México de 1988

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Elecciones federales de México de 1988
Fecha						Miércoles 6 de julio de 1988
Tipo						Presidencial y legislativa
Demografía electoral
Población					82,223,152
Hab. registrados						38,074,926
Votantes						19,145,012
Participación
							52.01 %  22.9 %
Votos válidos						18,596,133
Votos nulos						548,879
Resultados
			Carlos Salinas de Gortari – PRI
			Votos			9,641,329  42.4 %
			Senadores obtenidos						60  3
			Diputados obtenidos						262  30
									50.36 %
			Cuauhtémoc Cárdenas – Ind.
			Frente Democrático Nacional PARM PFCRN PPS PMS PVEM
			Votos			5,956,988
			Senadores obtenidos						4
			Diputados obtenidos						137  59
									31.12 %
			Manuel Clouthier – PAN
			Votos			3,267,159  11.7 %
			Senadores obtenidos						0
			Diputados obtenidos						101  63
									17.07 %
Resultado por estado
27     CSG						4+DF   CCS
Composición del Senado
60   PRI						4   PMS
Composición de la Cámara de Diputados
262   PRI   101   PAN   49   PPS						36   PFCRN   30   PARM   18   PMS
Presidente de México
Titular Miguel de la Madrid Hurtado						Electo Carlos Salinas de Gortari

Las elecciones federales de México de 1988 se llevaron a cabo el miércoles 6 de julio de 1988 y en ellas se renovaron los siguientes cargos:

• Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 1988. El candidato electo fue Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional.

• 64 Senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso de la Unión, 2 por cada estado de la federación y por el Distrito Federal, 32 electos de manera directa por un periodo de seis años y 32 electos para un periodo extraordinario de tres años, ambos comenzaron el 1 de septiembre de 1988.

• 500 Diputados Federales. Miembros de la cámara baja, 300 elegidos de manera directa por cada distrito uninominal y 200 elegidos indirectamente a través de un sistema de listas nacionales por cada una de las 5 circunscripciones en las que se divide el país, todos por un periodo de tres años, que comenzó el 1 de septiembre de 1988.

Mientras se realizaba el cómputo de los votos se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los sufragios a medida que se realizaban. Este incidente causó acusaciones de fraude en la elección del Presidente de la República.​

A pesar de haberlo negado anteriormente,​ en el año 2009 el ex-presidente Miguel de la Madrid confesó que el PRI perdió la elección de 1988, confirmando así el fraude electoral orquestado por su gobierno para imponer a Carlos Salinas de Gortari como ganador.​​ En julio de 2017, el exsecretario de gobernación Manuel Bartlett declaró a medios que se había cometido fraude electoral a través de la manipulación de cifras, además de que éste se había llevado a cabo en complicidad con el Partido Accional Nacional para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegará a la presidencia.​ --> Las elecciones federales de México de 1988, referidas también como el proceso electoral federal 1987-1988, se llevaron a cabo el miércoles 6 de julio de 1988. Desarrolladas bajo la dirección de la Comisión Federal Electoral —y siendo las últimas a su cargo—, con ellas se renovaron ambas cámaras del Congreso de la Unión y se eligió un nuevo presidente de la República. Los comicios se efectuaron en el marco de nuevas regulaciones electorales que permitían una mayor participación de la oposición en los propios procesos electorales y una mayor representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estas reformas también trataron de asegurarle al partido gobernante desde 1946, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mayoría absoluta en la Cámara y otorgar al gobierno federal el control total de la organización electoral.

Los cambios en las normativas institucionales demostraron que el PRI ya preveía un resultado «conflictivo» en estas elecciones. Por otra parte, el Código Electoral Federal de 1986 supuso un incremento de poder del partido hegemónico en la autoridad electoral y alteró la unión que tradicionalmente mantenía con los partidos paraestatales, creando la oportunidad de creación del opositor Frente Democrático Nacional (FDN) y representando la primera ocasión desde 1946 en la que el candidato presidencial priista era postulado únicamente por el propio partido.​

Antecedentes

Las elecciones legislativas de 1985, en las que se renovó la Cámara de Diputados, fueron las últimas regidas por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), emanada de la reforma política de 1977. En esa ocasión se registró una participación del 50.68% y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó el 64.81% de los votos por mayoría relativa y 60.07% de representación proporcional, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 15.59% y 15.49%, respectivamente. La tercera fuerza, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), llegó solamente a 3.22% de los votos por mayoría y 3.30% de representación proporcional. Por lo anterior, el PRI logró controlar el 72.25% de la Cámara de Diputados en la LIII Legislatura.​

Reformas constitucionales de 1986

El 19 de junio de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo firmado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) que instruía a la Secretaría de Gobernación a convocar a los partidos políticos nacionales, asociaciones, organizaciones, instituciones y ciudadanos a participar en «audiencias públicas de consulta sobre la renovación Política Electoral [...]», con la intención de recabar opiniones que permitieran al presidente «encontrar formas de perfeccionamiento democrático».​ La «renovación» se refería a reformas de la legislación electoral. Entre julio y agosto de ese año se efectuaron las consultas. Más tarde, el 3 de noviembre, de la Madrid envió una iniciativa de reforma de los artículos constitucionales 52, 53, 56, 60 y fracciones de los 54 y 77.​ Aprobadas por la Cámara a finales de noviembre​ y publicadas en el DOF el 15 de diciembre, las reformas implicaron cambios en los sistemas de representación de la Cámara de Diputados.​

Los cambios significaron el incremento de 400 a 500 diputados —se adicionaron 100 escaños electos por representación proporcional—, establecieron que todos los partidos que alcanzaran un 1.5% de votos podrían participar en el sistema de representación proporcional y limitaron a 350 el número máximo de escaños que el partido más votado podría obtener, independientemente del porcentaje de votos logrado. Igualmente se determinaba un mecanismo para asegurar que siempre un partido tuviera la mayoría absoluta en la Cámara:​ «Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza [...] la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta [...]».​ Por otra parte, se decretaba la renovación parcial del Senado cada tres años.​

Con las reformas, el artículo 60 determinó que cada «Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas» y que la «preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales» correspondería al Gobierno Federal.​​ En este sentido, Krieger (1990) afirma que con esto los comicios dejaron de ser «un proceso popular para convertirse en un proceso administrativo, preparado, desarrollado, vigilado [...] por la burocracia».​ Por su parte, Carmona Hernández y Jiménez Solares (2006) indican que estas reformas tuvieron la «finalidad de devolver al gobierno el control absoluto de la organización electoral».​

Código Federal Electoral de 1987

En noviembre de 1986, de la Madrid envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley del Código Federal Electoral. Los debates al respecto se iniciaron el 17 de diciembre siguiente, iniciando con el rechazo de una petición de los grupos parlamentarios de cinco partidos con la que protestaban contra la iniciativa y por la eliminación de sus proyectos.​ Posteriormente, se publicó en el DOF el 12 de febrero de 1987.​

El nuevo código electoral estableció el principio de financiamiento público a partidos políticos con base en la cantidad de votos y escaños alcanzados; facilitó la conformación de coaliciones; implementaba la revisión anual del padrón electoral; eliminaba el registro condicionado de formaciones políticas; incorporaba la figura del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, —órgano capacitado para resolver recursos de queja, reclamación y nulidad—, y cambiaba la conformación de la Comisión Federal Electoral (CFE): seguiría estando integrada por el secretario de Gobernación —que además fungía como su presidente— y representantes del Congreso de la Unión, sin embargo, establecía la representación de partidos políticos —un comisionado para cada formación con 1.5% de los votos, más uno por cada 3% adicional, con un límite de 16 comisionados por partido—.​​

Contexto

En las elecciones presidenciales de 1982, el PRI venció con 68.43% de los votos.​ Su candidato, Miguel de la Madrid Hurtado, una vez tomado el cargo implementó un «severo programa de austeridad», que implicaba recortes en el gasto social y en los servicios públicos.​ La estabilización económica consecuencia de la respuesta gubernamental a la crisis de deuda de inicios de la década se arruinó con la caída de los precios del petróleo en 1985 y empeoró con el terremoto del 19 de septiembre.​ El sismo también tuvo consecuencias políticas, pues obligó a la sociedad a organizarse en las labores de rescate y reconstrucción ante la pasividad gubernamental y catalizó el «asociacionismo civil». Para 1987, la inflación alcanzó el 159%.​ Gillingham (2012) asegura que por esta situación se incrementó el precio de las tortillas en un 400%, 800% para los frijoles y 1800% para el pan.​

En este periodo, la deuda pública externa pasó de los 6 mil millones de dólares a los 84 mil millones.​ Rueda Peiro (1998) detalla que este aumento de la deuda, el empeoramiento de la crisis económica y los compromisos que el gobierno adquirió con el Fondo Monetario Internacional, para continuar recibiendo préstamos, llevaron a la «adopción de la política neoliberal y la consolidación [en el poder] [...] de un grupo de tecnócratas». Al descontento social que estas conduciones produjeron se sumó el de «los políticos que se sienten desplazados y que continúan sosteniendo la tesis del nacionalismo revolucionario».​ A nivel político, las reformas electorales y constitucionales fueron una respuesta gubernamental a la presión de la oposición, «a la vez que [obedecieron] a propósitos de control del oficialismo».​

Molinar y Weldon (2014) toman el cambio de composición de la CFE —incrementando la presencia del PRI y eliminando su necesidad de conseguir apoyos de partidos opositores— y afirman que tal situación animó a los denominados peyorativamente «partidos paraestatales» —también llamados «partidos electoreros»​ o «partidos satélite», aquellos que normalmente apoyaban al PRI y que en ese entonces eran el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)​— a desafiar a su antiguo aliado.​ Ortega Ortiz (2010) indica que en este periodo la oposición, tanto izquierdista como derechista, comenzó a progresar lentamente, al punto de que el PAN se convirtió en una «amenaza» para el PRI en ciertas elecciones estatales, como fue el caso de Chihuahua en 1986.​

A lo anterior se sumó la división al interior del «partido hegemónico».​ La respuesta de la élite priista a las circunstancias fue «moverse a la derecha y bloquear a los principales izquierdistas».​ En este contexto se formó, en 1986, la Corriente Democrática al interior del partido, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara.​ Medina Peña (2001) detalla que su creación fue una respuesta al «abandono de la intervención del Estado en la economía, los recortes presupuestales, la privatización de las empresas del sector paraestatal y la contracción del gasto social». Para Cárdenas y Muñoz Ledo, este cambio en el actuar gubernamental implicaba una traición a la base ideológica del partido: «la ideología de la Revolución mexicana».​

Elecciones

Preparación de la elección

Autoridad electoral

Con las reformas de 1986 y 1987, se transformó la composición de la Comisión Federal Electoral. Valdés y Piekarewicz (1990) afirman que la mayor fuerza del PRI en el órgano y la centralización de funciones en su presidente, el secretario de Gobernación, «aparecen como intentos gubernamentales para afianzar el control sobre la competencia electoral». No obstante, aclaran, el contexto político impidió el éxito de estas intenciones.​ En diversas ocasiones, el PRI ocupó su mayoría de votos en la CFE —19 votos (16 comisionados, dos representantes del Congreso y el presidente de la comisión) frente a 12 de la oposición​— para resolver conflictos en contra de «la voluntad de los restantes partidos». Ejemplo de lo anterior, fue la solicitud de los partidos opositores de extender el plazo de empadronamiento —con fecha límite el 31 de diciembre de 1987 según el Código—. El PRI, argumentando que tal medida sería ilegal y acortaría otros plazos, votó en contra. Para estas elecciones, el padrón de electores quedó establecido en cerca de 38 millones de personas. No obstante, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimaba que, para 1987, los habitantes mexicanos con derecho a voto llegarían a los 43.5 millones.​

Para la oposición, algunos medios periodísticos y expertos del tema, el padrón era poco confiable. Se calculó que 20-30% era irregular. En este sentido, a la CONAPO se sumó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que estimó en 40 millones los ciudadanos con derecho a voto. Por su parte, la Presidencia de la República consideraba que serían «cerca de 38 millones de mexicanos». Las cifras oficiales arrojaron un padrón compuesto por 38 074 926 personas.​ Igualmente, el PRI logró imponer su decisión cuando el Partido Mexicano Socialista (PMS) retiró su candidatura en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Centrando el debate en temas técnicos, el PRI rechazó la solicitud de reeimprimir las boletas electorales, cuya impresión estaba a cargo de los Talleres Gráficos de la Nación. En suma, dicen Valdés y Piekarewicz (1990), la «contundencia del voto priista» fue uno de los factores que más afectó la credibilidad de este proceso electoral.​ Rodríguez Araujo (1997) señala que, al igual que con el número de empadronados, el número de casillas instaladas varía de acuerdo con las fuentes —entre 54 652 y 56 642—.​

Véase también

• Portal:México. Contenido relacionado con México.
• Elecciones federales de México

Bibliografía

• Barquín, Manuel (1988). «La reforma electoral de 1986-1987 en México. Retrospectiva y análisis». El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. La Constitución Mexicana 70 años después. Tomo VI (Primera edición). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-0716-0. 
• García Calderón, Carola (2006). «1. 1988. Elección bajo sospecha y ruptura de la credibilidad». En Carola García Calderón y Leonardo Figueiras Tapia, ed. Medios de comunicación y campañas electorales (1988-2000) (Primera edición). Plaza y Valdés. ISBN 970-722-578-5. 
• Gillingham, Paul (2012). «Mexican Elections, 1910–1994: Voters, Violence, and Veto Power». En Roderic Ai Camp, ed. The Oxford Handbook of Mexican Politics (en inglés). Oxford University Press. ISBN 978-0-1953-7738-5. doi:10.1093/oxfordhb/9780195377385.013.0003. 
• Krieger, Emilio (1990). «Derecho electoral en julio de 1988». En Pablo González Casanova, ed. México, el 6 de julio de 1988: segundo informe sobre la democracia (Primera edición). Siglo XXI Editores. ISBN 968-23-1651-0. 
• Medina Peña, Luis (2001). Visita guiada a las elecciones mexicanas. Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
• Ortega Ortiz, Reynaldo Yunuen (2010). «Las elecciones de 1988». En Luis Medina Peña, ed. El siglo del sufragio. De la reelección a la alternancia. FCE, CONACULTA, IFE, CONACyT. 
• Rodríguez Araujo, Octavio (1997). La reforma política y los partidos en México (12a edición). Siglo XXI Editores. ISBN 968-23-1567-0. 
• Rueda Peiro, Isabel (1998). México: crisis, reestructuración económica, social y política 1982-1996 (Primera edición). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Siglo XXI Editores. ISBN 968-36-6597-7. 
• Valdés, Leonardo; Piekarewicz, Mina (1990). «La organización de las elecciones». En Pablo González Casanova, ed. México, el 6 de julio de 1988: segundo informe sobre la democracia (Primera edición). Siglo XXI Editores. ISBN 968-23-1651-0. 

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