Justicia administrativa
La justicia administrativa es el procedimiento que se sigue ante un tribunal u organismo jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo o del ámbito administrativo para resolver las controversias que pueden existir entre los particulares y la administración pública.
Para algunos juristas, implica tanto los principios, como los procedimientos que establecen recursos con que cuentan los particulares para defender sus derechos; mientras que para otros es más amplia y comprende los órganos y entidades para la defensa de los derechos de los administrados frente a la actividad administrativa. Además se encuentra incluida dentro de la legalidad que establece que la administración pública se produzca conforme a la ley con el propósito de mantener los actos de juridicidad.
Otras definiciones[editar]
Estamos en presencia de justicia administrativa cuando un órgano administrativo resuelve cierto conflicto que implica un derecho subjetivo.
El término también comprende el estudio de las garantías de la Administración para asegurar la legalidad y moralidad administrativas, además del respeto por sus derechos y sus intereses.[1]
"La justicia administrativa comprende el conjunto de principios y procedimientos que establecen recursos y garantías de que disponen los particulares para mantener sus derechos."
Principios[editar]
La justicia administrativa cuenta con principios generales para su aplicación, entre los que destacan los siguientes:
- Debe ser impartida por una autoridad competente.
- Igualdad procesal de las partes.
- Debe ser un procedimiento establecido en la ley.
- Basado en la economía procesal.
- Hacer la resolución conforme al principio de legalidad.
Referencias[editar]
- ↑ Feliz Zambudio, Héctor. «CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA».
