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Situación

Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física en contra de las mujeres, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU). En centroamérica, Guatemala es uno de los países en los que se registra el mayor número de asesinatos de mujeres.

El Gobierno de Evo Morales promulgó en marzo de 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y castigándolo con la pena más alta tipificada en el país, 30 años de prisión sin indulto.

La Ley

Obstáculos

Las denuncias por actos violentos ejercidos contra las mujeres suman miles, pero no suelen prosperar y llegar a los tribunales, mucho menos a una sentencia. De un centenar de casos apenas dos culminaron con sentencia en meses pasados. En los últimos días, un tercer caso por violación y muerte de una pequeña de diez años culminó con una sentencia de treinta años de cárcel. Un juez de La Paz dictó la pena al terminar un proceso judicial, que duró 15 años, contra el acusado, un ex regente de una escuela a la que asistía la víctima que, este agosto, habría cumplido 25 años.

Cronología y cifras[editar]

La ley permite contar...

2013[editar]

pasado 2013, cuando el balance arrojó 174 muertes violentas de mujeres mientras que en el primer semestre ya bordea el centenar. En el caso específico de “feminicidio”, a lo largo de 2013 se dieron 110 casos y en los primeros seis meses de esta gestión suman 59.

2014[editar]

En el primer semestre de 2014 casi diez mujeres al mes murieron a manos de sus parejas registrando las tasas más altas de América en violencia física contra las mujeres y el segundo en violencia sexual.[1]

Según datos de la oficina jurídica de la Mujer en Cochabamba se han registrado 4.000 denuncias de mujeres afectadas por hechos de violencia en su contra a lo largo del primer semestre del año. El Centro de Información de Desarrollo de la Mujer (CIEM) ha establecido que de los 59 feminicidios – como la ley boliviana califica a la muerte de una mujer por su condición de mujer- registrados entre enero y junio, un total de 21 corresponden al departamento de Cochabamba. Le sigue La Paz con 16, Santa Cruz con ocho, Oruro con seis, Potosí con cuatro y un caso en Beni.

La Asamblea_Permanente_por_los_Derechos_Humanos....

En noviembre de 2014 campaña comunicacional del gobierno ...... [2]

Controversia política[editar]

El presidente Evo Morales ha pedido públicamente disculpas por las desafortunadas declaraciones del candidato a senador del partido oficialista por Cochabamba, el médico Ciro Zabala, en torno a la violencia contra la mujer.

Zabala afirmó que la vestimenta provocativa y la borrachera de las mujeres “las expone a que se cometa el delito”, lo que le ha valido la condena en las redes sociales y, entre grupos ciudadanos dolidos aún por el asesinato de mujeres, dos de ellas en estado de gestación, muy alejadas del estereotipo que tiene el profesor universitario Zabala.

Morales atribuyó esas declaraciones a la inexperiencia política pero, de momento, no ha podido borrar del todo la imagen “machista” de su partido a poco más de dos meses de las elecciones generales.[1]

Contexto internacional de la violencia de género[editar]

La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, pero también un problema social y de salud pública, y un obstáculo para el desarrollo con costes económicos y financieros elevados para las víctimas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto» declaró en 2014 Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria.

ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres ha pedido a los gobiernos que adopten un "marco jurídico integral" que aborde la violencia contra las mujeres mediante «el reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres» y abogando por una «perspectiva sensible al género».[3]

Algunos países tienen ya leyes contra la violencia de género pero las mujeres que denuncian la violencia se enfrentan con frecuencia a otros obstáculos como la resistencia e incredulidad de los agentes del orden, los jueces y los abogados ha denunciado Gertrude Mongella, secretaria general de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, expresidenta del Parlamento Panafricano y concejala honoraria del WFC en representación de Tanzania.[3]

Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres[editar]

La legislación define el acoso y la violencia políticas como delitos con penas de dos a ocho años de prisión.

Antecedentes[editar]

El gobierno de Morales promulgó la ley tras el asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012, después de que ella se quejara de los abusos que sufrió de otros concejales y del alcalde de su municipio, Ancoraimes, en el departamento de La Paz.

Premios y reconocimientos[editar]

La ley fue galardonada con el Premio Política Futura 2014 por el Consejo para el futuro del mundo (WFC) en una ceremonia celebrada en Ginebra organizada por el Consejo, la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. La ley boliviana es «visionaria», dijo el fundador del Consejo, Jacob von Uexkull, para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas.[3]

Críticas al funcionamiento[editar]

Cifras regionales[editar]

En 2012 casi un tercio de las mujeres de América Latina fueron víctimas de violencia en su propio hogar mientras que dos tercios de ellas han sido víctimas fuera de su domicilio según una encuesta realizada por LAPOP-PNUD. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denuncia que la violencia de género es una de las amenazas más persistentes de América Latina y constituye un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos.[4]

Estas violencias antes eran consideradas "asuntos privados" y su visibilización ha sido posible gracias al trabajo de organizaciones de mujeres y organizaciones internacionales como Naciones Unidas.

Craske, Nikki y Maxine Molyneaux (2002), Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America, Palgrave, Londres.

La violencia de género puede ocurrir en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, el barrio y en todos los espacios ciudadanos.

Según el Informe del PNUD “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina 2013-2014[4]​ la violencia de género es una de las amenazas más persistentes en América Latina y como tal constituye un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos. La amenaza se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el espacio público.

En Bolivia, la tasa de trata de personas por 100.000 habitantes era de 3,1 casos reportados para el 2009 y 4,4 para el 2012, muy por encima de cualquier otro país de la región –por ejemplo: 0,5 en Argentina y Perú, 0,1 en Chile y Colombia.

El Informe sobre seguridad ciudadana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a la trata de personas como una “amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad”con fines de explotación.

La tasa de violaciones, según la policía nacional, va también aumentando en nuestro país, pasando de 15,2 casos por 100.000 habitantes el año 2005, a 24,5 el 2009 y 40,9 el 2012. Para fines de comparación, los datos compilados para los años 2010 y 2011 en América del Sur por el PNUD en su último informe regional sobre desarrollo humano registran una tasa de 2,9 violaciones por 100.000 habitantes en Colombia, 8,9 en Paraguay, 9 en Uruguay, 14,7 en Brasil, 16,2 en Chile y 25 en Perú.

Los registros de la policía nacional establecen en 458 la tasa boliviana de violencia familiar por 100.000 habitantes el año 2005, 478 el 2009 y 580 el 2012. En comparación, según los datos regionales compilados para el año 2011 por el PNUD, esta tasa fue de 15 en Argentina, 58 en Colombia, 483 en Uruguay y 762 en Chile. La socióloga y criminóloga boliviana Gabriela Reyes considera que los reportes de violencia intrafamiliar son “deficientes” ya que la gente, “por razones obvias”, no se anima a denunciar los crímenes que ocurren dentro de sus mismos núcleos familiares. Indica ella que, de modo general, la violencia contra la mujer es un “problema grande” en Bolivia, por la falta de mecanismos a favor de las víctimas. “Y los victimarios están conscientes de eso, ¿no?”, puntúa Reyes.

Referencias[editar]

  1. a b País, Ediciones El (25 de agosto de 2014). «Crece la violencia contra la mujer en Bolivia pese a las leyes del Gobierno». EL PAÍS. Consultado el 28 de mayo de 2016. 
  2. «Bolivia inicia campaña contra la violencia de género». www.telesurtv.net. Consultado el 28 de mayo de 2016. 
  3. a b c Ravi Kanth Devarakonda (24 de octubre de 2014). «Premio a la 'visionaria' ley de Bolivia contra la violencia de género». En IPS, ed. euroXpress. Consultado el 28 de mayo de 2016. 
  4. a b «Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014». UNDP. Consultado el 28 de mayo de 2016. 

Enlaces Externos[editar]

http://www.cidem.org.bo/