Usuario:Marcelo/Conflicto Clarín-Gobierno

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La versión de Ruper[editar]

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua ley de radiodifusión creada por la última dictadura. La misma había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. Actualmente la ley tiene suspendido judicialmente el artículo 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma.

Durante sus presidencias mantuvo fuertes controversias con varios medios de comunicación, en especial con el periódico La Nación y con aquellos que formaban parte del Grupo Clarín. Los acusó de tendenciosos y de estar protegiendo los intereses de poderosos grupos económicos.

Desde 2008 a 2012 solo permitió cinco conferencias de prensa.[1][2]​ El 22 de febrero de 2012, luego de un accidente ferroviario en la estación Once, en Buenos Aires, que causó 51 muertos, los funcionarios de la secretaría de transporte llamaron a un encuentro con la prensa y pese a las dudas sobre lo ocurrido, no aceptaron responder preguntas.[1]​ Este fue el disparador para que un conocido grupo de periodistas iniciaron una campaña en la televisión, foros públicos y medios sociales para reclamar su derecho a cuestionar al poder bajo la frase 'Queremos preguntar'.[2]

El conflicto con el Grupo Clarín hizo pie en el extranjero cuando en mayo de 2012, en el marco de una visita de la presidenta a Angola, el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno le entregó medias con la leyenda "Clarín miente" a niños pobres de ese país.[3][1][4]

Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de abril de 2012 criticaba que la información seguía "siendo manejada selectivamente y como un bien privado” y que los funcionarios la utilizaran “para discriminar a medios y periodistas, obstaculizando su tarea profesional".[1]

La nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la aparición de decenas de nuevos[cita requerida] canales digitales, principalmente en el interior del país donde se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.

Otro aspecto que resalta es la aparición de varios nuevos[cita requerida] diarios de tirada nacional, y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.


Mi versión[editar]

Durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno se enfrentó abiertamente con algunos medios de comunicación, en particular con el diario La Nación,[5]​ mientras los medios de comunicación del Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, se mantenían neutrales o favorables al gobierno.[6][7]

El estilo comunicacional de Kirchner resultaba enojoso para los periodistas por su negativa a conceder conferencias de prensa. La presidenta Cristina Fernández continuó esa costumbre, y muy rara vez convocó a conferencias de prensa en territorio argentino, actitud que fue imitada también por sus ministros.[8]

Desde 2008 a 2012 solo permitió cinco conferencias de prensa.[1][2]​ El 22 de febrero de 2012, luego de un accidente ferroviario en la estación Once de Buenos Aires, que causó 51 muertos, los funcionarios de la Secretaría de Transporte llamaron a un encuentro con la prensa y —pese a las dudas sobre lo ocurrido— no aceptaron responder preguntas.[1]​ Este fue el disparador para que un grupo de conocidos periodistas iniciaron una campaña en distintos medios de comunicación para reclamar su derecho a cuestionar al gobierno bajo la frase "Queremos preguntar".[2]

En lugar de las conferencias de prensa, la presidenta ha preferido utilizar en forma masiva la cadena nacional de radio y televisión, que obliga a las emisoras de este tipo de medio a transmitir sus mensajes a todo el país, lo cual es criticado como un intento de "acallar voces disidentes",[9]​ mientras que la presidenta y sus partidarios lo justifican como la única forma de garantizar que la ciudadanía se entere de las obras que hace el gobierno, que no son adecuadamente publicitadas por la mayor parte de los medios.[10]

Durante los últimos meses del mandato de Kirchner, el gobierno decidió comenzar a impulsar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proyecto generado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática desde el año 2004 para reemplazar a la antigua ley de radiodifusión creada por la última dictadura.[11]​ Este proyecto enfrentó al gobierno con el poderoso Grupo Clarín, que interpretó que sería el principal afectado por la sanción de una ley en tal sentido. El proyecto fue incluido en la plataforma electoral del Frente para la Victoria, que nominó como candidata a presidenta a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien entonces era la primera dama de la Nación.[12]

Ya por entonces, los medios del Grupo Clarín se mostraron hostiles hacia el gobierno de Kirchner, cuestionando repetidamente ciertas políticas del mismo, en particular el presunto falseamiento de los datos económicos por el Indec[13]​ y casos de corrupción.[14]

Durante el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, el Grupo Clarín tomó abiertamente partido por los sectores opuestos al gobierno, y políticos oficialistas interpretaron que esta toma de partido tuvo una importancia crucial en la derrota del gobierno en esa oportunidad.[14]​ El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín tomó estado público durante ese mismo año, cuando el gobierno acusó a esos medios de tendenciosos y de estar protegiendo los intereses de poderosos grupos económicos.[7]

Durante el año 2009, el gobierno impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tras la derrota electoral de mayo de ese año obtuvo su aprobación por el Congreso Nacional, con apoyo de parte de los sectores de la oposición.[15]​ Varios de los partidos opositores cuestionaron el tratamiento y el texto de la ley,[16]​ y en la actualidad la misma tiene suspendido judicialmente el artículo 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma.[17]

Las relaciones con el Grupo Clarín, así como con otros medios de comunicación, se han mantenido en un alto nivel de tirantez, llegando a hacer pie en el exterior en ocasión de iuna visita de la presidenta a Angola.[nota 1]​ Esta situación es interpretada como consecuencia de la "Ley de Medios" por los sectores oficialistas,[14]​ mientras que los sectores opositores interpretan que la Ley fue una "venganza" contra el Grupo Clarín,[18]​ o bien un intento de controlar a los medios de prensa en general.[19]

También el intento gubernamental de ejercer algún tipo de control sobre la empresa Papel Prensa S.A., único proveedor local de papel para diarios —incluyendo la declaración de la comercialización de ese insumo como "de interés público"[20]​ como la investigación de los presuntos crímenes relacionados con la adquisición de la misma por Clarín y La Nación—[21]​ han sido interpretados alternativamente como una forma de control de la prensa,[22]​ o como un freno a las limitaciones que ese monopolio ejercería sobre otros medios.[23]

El Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Prensa, Frank La Rue, ha considerado que la Ley de Medios argentina representa un significativo avance en cuanto a libertad de expresión.[24]​ En sentido adverso, un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)[nota 2]​ de abril de 2012 afirmaba que la información seguía "siendo manejada selectivamente y como un bien privado” y que los funcionarios la utilizan “para discriminar a medios y periodistas, obstaculizando su tarea profesional".[1]

La nueva ley de medios audiovisuales dio como resultado la aparición de decenas de nuevos canales digitales, principalmente en el interior del país, donde tradicionalmente se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.[cita requerida] También han aparecido varios nuevos diarios de tirada nacional.[cita requerida] El gobierno es acusado de sostener económicamente algunos de ellos,[25]​ mientras que otros son sistemáticamente privados de la cuota de publicidad oficial obligatoria, entre los cuales el caso más notable es el de las publicaciones de la Editorial Perfil, notoriamente opositoras.[26][27]

Una de las iniciativas presidenciales que más amplia aceptación ha logrado es la ley de despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, algo que es unánimemente interpretado como un avence en la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.[28]

Versión de Erico[editar]

Durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno se enfrentó abiertamente con algunos medios de comunicación, en particular con el diario La Nación,[29]​ mientras los medios de comunicación del Grupo Clarín, el multimedio más poderoso del país, se mantenían neutrales o favorables al gobierno.[30][7]

El estilo comunicacional de Kirchner resultaba enojoso para un sector del periodismo, por su negativa a conceder conferencias de prensa. La presidenta Cristina Fernández continuó esa costumbre y en escasas ocasiones convocó a conferencias de prensa en territorio argentino, actitud que fue imitada también por sus ministros.[31]

Desde 2008 a 2012 sólo permitió cinco conferencias de prensa.[1][2]​ El 22 de febrero de 2012, luego de un accidente ferroviario en la estación Once de Buenos Aires, que causó 51 muertos, los funcionarios de la Secretaría de Transporte llamaron a un encuentro con la prensa y —pese a las dudas sobre lo ocurrido— no aceptaron responder preguntas.[1]​ Este fue el disparador para que un grupo de conocidos periodistas, en su mayoría pertenecientes al Diario La Nación y a los medios de propiedad del Grupo Clarín,[32]​ iniciaran una campaña en distintos medios de comunicación para reclamar su derecho a cuestionar al gobierno bajo la consigna «Queremos preguntar».[2]

Durante los últimos meses del mandato de Kirchner, el gobierno decidió impulsar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proyecto generado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en el año 2004 para reemplazar a la antigua ley de radiodifusión creada por la última dictadura.[33]​ Este proyecto enfrentó al gobierno con el poderoso Grupo Clarín, que interpretó que sería el principal afectado por la sanción de una ley en tal sentido. El proyecto fue incluido en la plataforma electoral del Frente para la Victoria, que nominó como candidata a presidenta a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien entonces era la primera dama de la Nación.[34]

Ya en ese momento, los medios del Grupo Clarín se mostraron hostiles hacia el gobierno de Kirchner, cuestionando repetidamente ciertas políticas del mismo, en particular el presunto falseamiento de los datos económicos por el Indec[35]​ y dando visibilidad a denuncias de corrupción.[14]

Durante el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, el Grupo Clarín tomó abiertamente partido por los sectores opuestos al gobierno, y políticos oficialistas interpretaron que esta opción tuvo una importancia crucial en la derrota del gobierno en esa oportunidad.[14]​ El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín tomó estado público durante ese mismo año, cuando el gobierno acusó a esos medios de tendenciosos y de estar protegiendo los intereses de poderosos grupos económicos.[7]

Durante el año 2009 el gobierno impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, tras la derrota electoral de mayo de ese año, obtuvo su aprobación por el Congreso Nacional, con apoyo de parte de los sectores de la oposición.[15]​ Varios de los partidos opositores cuestionaron el tratamiento y el texto de la ley[36]​ y en la actualidad la misma tiene suspendido judicialmente el artículo 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma.[37]

Las relaciones con el Grupo Clarín, así como con otros medios de comunicación, se han mantenido en un alto nivel de tirantez, llegando a hacer pie en el exterior en ocasión de una visita de la presidenta a Angola.[nota 3]​ Esta situación es interpretada como una consecuencia de la «Ley de Medios» por los sectores oficialistas,[14]​ mientras que los sectores opositores interpretan que la Ley fue una «venganza» contra el Grupo Clarín,[38]​ o bien un intento de controlar a los medios de prensa en general.[39]

Además, el intento gubernamental de ejercer algún tipo de control sobre la empresa Papel Prensa S.A., único proveedor local de papel para diarios —incluyendo la declaración de la comercialización de ese insumo como «de interés público»[40]​ y la investigación de los presuntos crímenes relacionados con la adquisición de la misma por Clarín y La Nación—[41]​ han sido interpretados alternativamente como una forma de control de la prensa,[42]​ o como un freno a las limitaciones que ese monopolio ejercería sobre otros medios.[43]

En lugar de las conferencias de prensa, la presidenta ha preferido utilizar en forma masiva la cadena nacional de radio y televisión, que obliga a las emisoras de este tipo de medio a transmitir sus mensajes a todo el país, lo cual es criticado como un intento de «acallar voces disidentes».[44]​ No obstante, la presidenta y sus partidarios lo justifican como la única forma de garantizar que la ciudadanía se entere de las obras que hace el gobierno, que no son adecuadamente publicitadas por la mayor parte de los medios.[45]

El Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Prensa, Frank La Rue, ha considerado que la Ley de Medios argentina representa un significativo avance en cuanto a libertad de expresión.[46]​ En sentido adverso, un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)[nota 4]​ de abril de 2012 afirmaba que la información seguía «siendo manejada selectivamente y como un bien privado» y que los funcionarios la utilizan «para discriminar a medios y periodistas, obstaculizando su tarea profesional».[1]

La nueva ley de medios audiovisuales dio como resultado la aparición de decenas de nuevos canales digitales, principalmente en el interior del país, donde tradicionalmente se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.[cita requerida] También han aparecido varios nuevos diarios de tirada nacional.[cita requerida] El gobierno es acusado de sostener económicamente algunos de ellos,[47]​ mientras que otros son sistemáticamente privados de la cuota de publicidad oficial obligatoria, entre los cuales el caso más notable es el de las publicaciones de la Editorial Perfil, notoriamente opositoras.[48][49]

Una de las iniciativas presidenciales que más amplia aceptación ha logrado es la ley de despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, algo que es unánimemente interpretado como un avance en la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.[50]

Notas al pie

  1. El conflicto con el Grupo Clarín hizo pie en el extranjero cuando, en mayo de 2012, en el marco de una visita de la presidenta a Angola, miembros de la comitiva presidencial medias con la leyenda "Clarín miente" a niños de ese país. Véase «¿Quién llevó a los niños descalzos de Angola la campaña contra Clarín?». Plaza de Mayo.com. 18 de mayo de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012.  y «Las medias "Clarín Miente" llegaron a Angola». Diario La Nación. 22 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  2. La Sociedad Interamericana de Prensa es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América. Véase Ghersi, Diego. «Los “ilustres Capitanes” de la Prensa Libre». Agencia Periodística de América del Sur. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  3. El conflicto con el Grupo Clarín hizo pie en el extranjero cuando, en mayo de 2012, en el marco de una visita de la presidenta a Angola, miembros de la comitiva presidencial distribuyeron medias con la leyenda «Clarín miente» a niños de ese país. Véase «¿Quién llevó a los niños descalzos de Angola la campaña contra Clarín?». Plaza de Mayo.com. 18 de mayo de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012.  y «Las medias "Clarín Miente" llegaron a Angola». Diario La Nación. 22 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  4. La Sociedad Interamericana de Prensa es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América. Véase Ghersi, Diego. «Los “ilustres Capitanes” de la Prensa Libre». Agencia Periodística de América del Sur. Consultado el 22 de agosto de 2012. 

Referencias

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  2. a b c d e f Argentina: Cristina Kirchner y la prensa, dos bandos enfrentados observador Global.com 22/07/2012 Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «OBSER» está definido varias veces con contenidos diferentes
  3. ¿Quién llevó a los niños descalzos de Angola la campaña contra Clarín? Plazademayo.com 18/05/2012
  4. Las medias "Clarín Miente" llegaron a Angola Diario La nación. 18/05/2012
  5. Mochkofsky, Graciela. Pecado original. Buenos Aires: Planeta. p. 148-149. ISBN 978-950-49-2698-6.  Parámetro desconocido |añ= ignorado (ayuda);
  6. «Alberto Fernández revela la política de medios del Gobierno y la ruptura con Clarín». Perfil.com. 17 de noviembre de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  7. a b c d Montenegro, Maximiliano, Es la ekonomía, estúpido, Buenos Aires, Planeta, 2011, pág. 100. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; el nombre «MM» está definido varias veces con contenidos diferentes
  8. «Un discurso para todos y todas». Parlamentario.com. 3 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  9. «Intiman a la Presidenta para que cese el uso reiterado de la cadena nacional». La Nación. 22 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  10. «Cristina justificó el uso de la Cadena Nacional». La Voz. 9 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. «La Presidenta argumentó que "si no lo hiciéramos" de esa manera "nadie se enteraría" de las medidas del gobierno». 
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  19. Aguiar, Asdrúbal (ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) (25 de junio de 2009). «Otra ley mordaza para los medios». Clarín. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
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  24. «Frank La Rue: "Es lo más avanzado que he visto en el continente"». Página/12. 15 de julio de 2009. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
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  38. «Carrió: "La ley de ADN es fascismo puro, es una venganza personal"». Clarín. 15 de octubre de 2009. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  39. Aguiar, Asdrúbal (ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) (25 de junio de 2009). «Otra ley mordaza para los medios». Clarín. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  40. «Declaran de interés público la venta de papel para diarios». La Gaceta. 23 de diciembre de 2011. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  41. «Papel Prensa: La Verdad». Agencia de Noticias AEN (Argentina en Noticias). 16 de septiembre de 2010. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  42. Alfie, Alejandro (20 de diciembre de 2011). «El proyecto de control de papel suma críticas de periodistas». Clarín. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  43. Rodríguez Villafañe, Miguel. «El rol de Papel Prensa». Asociación Judicial Bonaerense. Consultado el 22 de agosto de 2012. «El control que los grupos Clarín y La Nación tienen sobre Papel Prensa le impone condiciones leoninas a cientos de publicaciones en todo el país. La disputa por el papel. El rol del Estado. Lo que dice la Corte Suprema.» 
  44. «Intiman a la Presidenta para que cese el uso reiterado de la cadena nacional». La Nación. 22 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  45. «Cristina justificó el uso de la Cadena Nacional». La Voz. 9 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. «La Presidenta argumentó que «si no lo hiciéramos» de esa manera "nadie se enteraría» de las medidas del gobierno». 
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  50. «Diputados aprobó la despenalización de calumnias e injurias: La iniciativa, impulsada por el Gobierno, elimina esta figura como delito penal». Clarín. 28 de octubre de 2009. Consultado el 22 de agosto de 2012. 

Versión Roblespepe[editar]

En materia de medios de comunicación, la gestión de la presidenta Kirchner se caracterizó por la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales en 2009. Otros aspectos de su gestión están vinculados a la despenalización del llamado delito de difamación para los periodistas, al conflicto con el Grupo Clarín y a las críticas recibidas desde los grupos opositores.

Ley de medios[editar]

La principal medida tomada por Cristina Kirchner estuvo vinculada a la sanción de una nueva ley de medios de comunicación audiosvisuales, reemplazando la normativa autoritaria que había impuesto la última dictadura militar y que no había podido ser derogada por ninguno de los gobiernos democráticos posteriores.

La nueva ley se originó en un proyecto de la Presidenta (exte. 0022/PE/2009 de la HCDN),[1]​ elaborado por un equipo dirigido por el Subsecretario General de la Presidencia, el radical Gustavo López,[2]​ en base a los dos proyectos radicales anteriores de 1988 y 2000, y la propuesta del Movimiento por los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.[3]​ El gobierno organizó 22 Foros Participativos de Consulta Pública para debatir y mejorar el proyecto original, en varias ciudades del país.[4]​ El proyecto contó con el apoyo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, todas las universidades nacionales y las dos centrales sindicales (CGT y CTA), entre otras organizaciones, que convocaron a diversos actos y manifestaciones en su apoyo.[5][6]​ La oposición también realizó un acto contra la sanción de la ley encabezado por el rabino Sergio Bergman, candidato a vicejefe de gobierno de Buenos Aires del PRO en 2011, y el dirigente de la Federación Agraria Argentina Alfredo de Angeli.[7]

La ley fue sancionada el 9 de octubre de 2009 bajo el nº 26.522, con el voto favorable del oficialista Frente Para la Victoria y de algunos partidos opositores de centroizquierda como Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y el Partido Socialista, y contó con el rechazo de la Unión Cívica Radical, el PRO, el PJ disidente y la Coalición Cívica.[8]

La ley estableció un sistema de medios audiovisuales dividiendo el espectro radial/televisivo en tres tercios, reservando un tercio para medios públicos (nacionales, provinciales, municipales, universidades estatales), otro tercio para medios comunitarios sin fines de lucro (ongs, religiosas, indígenas, sindicales, educativas) y el tercio restante para medios comerciales. Reguló por primera vez la digitalización de la comunicación radiotelefónica. Impuso límites para la concentración mediática y un plazo de un año para que los grupos mediáticos que superaran los niveles de concentración oligopólica autorizados, procedieran a desprenderse de los mismos. La ley dispuso también la disolución del COMFER creado por la dictadura militar, que permanecía intervenido desde la restauración de la democracia en 1983 y su reemplazo por una nueva agencia, la AFSCA.[9]

Algunas grandes empresas de medios, entre la que se destacó el Grupo Clarín, iniciaron acciones judiciales para impedir la ejecución de la ley, principalmente el artículo 161, que establece un plazo de un año para que las empresas que concentran mayor cantidad de medios que los admitidos, procedan a la desinversión. El Grupo Clarín, el más grande del país, obtuvo en primera instancia una medida cautelar, ordenando la suspensión sin plazo del artículo 161, para el multimedio. Finalmente, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia que decidió que el artículo "no afecta de ningun modo la aplicación general de la Ley 26.522" y que "el 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley".[10]

Eliminación del delito de injurias para periodistas[editar]

El 11 de septiembre de 2009 la Presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público.[11][12]​ El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Eduardo Kimel c/ Argentina", un periodista argentino condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento.[11]

El proyecto propuso despenalizar completamente las expresiones, cuando se refieran a asuntos de interés público, yendo mas allá de la doctrina de la real malicia de la Corte Suprema que sostenía que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa.[13]​ Fue aprobado como ley por el Congreso el 18 de noviembre de 2009 y contó con el voto a favor del Frente para la Victoria, el voto en contra del PRO y la ausencia de gran parte de la oposición.[14]

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que "es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina".[15]

Conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín y otras cuestiones[editar]

A pocos meses de asumir Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación, durante el prolongado paro agropecuario convocado por las asociaciones empresariales del campo, se desató un fuerte conflicto entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, que permaneció a lo largo de toda su primera presidencia y se mantiene en la segunda. Las razones del mismo varían de acuerdo a los involucrados. Según Néstor Kirchner,[16]​ y la propia Cristina,[17]​ el conflicto se debe a que el kirchnerismo no aceptó la presión del Grupo Clarín para que no fuera candidata a presidente ni para que el gobierno operara para que el grupo pudiera comprar la empresa Telecom, manifestada de manera personal a Néstor Kirchner por Héctor Magnetto, CEO del grupo empresarial. El Grupo Clarín sostiene que las cuotas del mercado que posee no son excesivas y le imputa al gobierno tener el objetivo de "desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia".[18]

Algunos medios y políticos opositores, cuestionaron por insuficientes la cantidad de conferencias de prensa que realiza la Presidenta,[19]​ y por el uso de la cadena nacional, considerándola impropia.[20]​ También cuestionan la manera en que se distribuye la publicidad del Estado Nacional (pauta oficial) y la existencia de algunos programas periodísticos y medios de prensa, como los periódicos Página/12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur, y el programa televisivo 678 transmitido por la televisión pública, sosteniendo que los mismos están apoyados económicamente de modo indebido por el Poder Ejecutivo Nacional, en perjuicio de otros programas y medios de prensa opositores.[21]


Referencias

  1. Poder Ejecutivo Nacional (27 de agosto de 2009). «Proyecto de Ley. Regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Derogación de la Ley 22285 (Ley de Radiodifusión». Cámara de Diputados de la Nación. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  2. «Gustavo López estará en Jujuy el 13 de junio». Norte Social. 22 de mayo de 2012. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  3. Baranchuk, Mariana (febrero de 2010 fechaacceso=21-08-2012). «Una historia sobre la promulgación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o el largo camino hacia la democratización de las comunicaciones)». AFSCA. 
  4. «Foros Participativos de Consulta Pública». FM En Tránsito. 7 de abril de 2009 fechaacceso=21-08-2012. 
  5. «Movilización por la Ley de Medios a los Tribunales». 26Noticias. 15 de abril de 2010. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  6. «Masiva marcha en favor de la ley de medios». La Nación. 15 de abril de 2010. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  7. «Miles de personas protestaron en el Congreso contra la ley de medios». La Nación. 6 de octubre de 2009. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  8. Cámara de Diputados de la Nación, ed. (16 de septiembre de 2009). «Votación nominal del Proyecto de regulación de los servicios de comunicación audiovisual». Consultado el 19 de septiembre de 2009. 
  9. Cámara de Diputados de la Nación, ed. (16 de septiembre de 2009). «Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual». Consultado el 19 de septiembre de 2009. 
  10. Perfil, ed. (26 de mayo de 2012). «Ley de Medios: la Corte falló contra el Grupo Clarín en un artículo clave». Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  11. a b Poder Ejecutivo Nacional (11-09-2009). «Proyecto de Ley 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  12. «Cristina envió un proyecto para despenalizar calumnias e injurias». Clarín. 12-09-2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  13. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallos 314:1517.
  14. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009. con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados. «Diputados aprobó la despenalización de calumnias e injurias». La Nación. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. Cámara de Diputados de la Nación Argentina (28 de octubre de 2009). «Media sanción del proyecto de Ley 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Consultado el 21 de noviembre de 2009. «Expediente 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. «Sesión del 28-10-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009.  En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores. «Argentina elimina delitos de calumnias e injurias de su Código Penal». Knight Center for Journalism. University of Texas. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  15. «Aval internacional a la sanción de la ley que protege la libre expresión. Destacan la despenalización de las calumnias e injurias». Clarín. 20 de noviembre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  16. Kirchner, Néstor (24 de enero de 2010). Entrevista a Néstor Kirchner. Programa 678. 
  17. «Cristina explosiva: “Magnetto presionó para que no sea candidata”». La Política On Line. 24 de julio de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  18. Grupo Clarín (4 de octubre de 2009). «64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos». Clarín. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  19. «Diputados reclaman conferencias de prensa». Clarín. 15 de mayo de 2012. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  20. «Diputados reclaman conferencias de prensa». Diario Uno. 21 de junio de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  21. «Los grupos alineados con Olivos duplican en un año la pauta oficial». Clarín. 8 de junio de 2012. Consultado el 23 de agosto de 2012. 

Notas[editar]


Referencias[editar]

Aporte referido al diario Perfil[editar]

Sugiero agregar a la versión que salga del consenso el tema concreto del diario Perfil:

Discriminación en la publicidad oficial[editar]

El diario Perfil es una de las publicaciones afectadas por la decisión del gobierno de Néstor Kirchner y continuada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner de no otorgarle publicidad oficial. Esto originó una acción de amparo iniciada en mayo de 2006 que culminó con el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que esa política -reconocida expresamente por el gobierno- era violatoria del derecho de libertad de expresión y ordenando que se le diera publicidad oficial. Como la sentencia no fue cumplida, el juez impuso al Estado una multa compensatoria.<ref>[http://www.perfil.com/docs/falloperfil.pdf Sentencia.] Acceso 21-11-2011</ref><ref>[http://www.perfil.com/contenidos/2011/03/03/noticia_0011.html La pauta oficial fue el huevo de la serpiente de la comunicación K por Jorge Fontevecchia] Acceso 21-11-2011</ref>

Versión larga, incluyendo todos los aportes[editar]

En materia de medios de comunicación, la gestión de la presidenta Kirchner se caracterizó por la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales en 2009. Otros aspectos de su gestión están vinculados a la despenalización del llamado delito de difamación para los periodistas, al conflicto con el Grupo Clarín y a las críticas recibidas desde los grupos opositores.

Ley de medios[editar]

La principal medida tomada por Cristina Kirchner estuvo vinculada a la sanción de una nueva ley de medios de comunicación audiosvisuales, reemplazando la normativa autoritaria que había impuesto la última dictadura militar y que no había podido ser derogada por ninguno de los gobiernos democráticos posteriores.

La nueva ley se originó en un proyecto de la Presidenta (exte. 0022/PE/2009 de la HCDN),[1]​ elaborado por un equipo dirigido por el Subsecretario General de la Presidencia, el radical Gustavo López,[2]​ en base a los dos proyectos radicales anteriores de 1988 y 2000, y la propuesta del Movimiento por los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.[3]​ El gobierno organizó 22 Foros Participativos de Consulta Pública para debatir y mejorar el proyecto original, en varias ciudades del país.[4]​ El proyecto contó con el apoyo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, todas las universidades nacionales y las dos centrales sindicales (CGT y CTA), entre otras organizaciones, que convocaron a diversos actos y manifestaciones en su apoyo.[5][6]​ La oposición también realizó un acto contra la sanción de la ley encabezado por el rabino Sergio Bergman, candidato a vicejefe de gobierno de Buenos Aires del PRO en 2011, y el dirigente de la Federación Agraria Argentina Alfredo de Angeli.[7]

La ley fue sancionada el 9 de octubre de 2009 bajo el nº 26.522, con el voto favorable del oficialista Frente Para la Victoria y de algunos partidos opositores de centroizquierda como Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y el Partido Socialista, y contó con el rechazo de la Unión Cívica Radical, el PRO, el PJ disidente y la Coalición Cívica.[8]

La ley estableció un sistema de medios audiovisuales dividiendo el espectro radial/televisivo en tres tercios, reservando un tercio para medios públicos (nacionales, provinciales, municipales, universidades estatales), otro tercio para medios comunitarios sin fines de lucro (ongs, religiosas, indígenas, sindicales, educativas) y el tercio restante para medios comerciales. Reguló por primera vez la digitalización de la comunicación radiotelefónica. Impuso límites para la concentración mediática y un plazo de un año para que los grupos mediáticos que superaran los niveles de concentración oligopólica autorizados, procedieran a desprenderse de los mismos. La ley dispuso también la disolución del COMFER creado por la dictadura militar, que permanecía intervenido desde la restauración de la democracia en 1983 y su reemplazo por una nueva agencia, la AFSCA.[9]

Algunas grandes empresas de medios, entre la que se destacó el Grupo Clarín, iniciaron acciones judiciales para impedir la ejecución de la ley, principalmente el artículo 161, que establece un plazo de un año para que las empresas que concentran mayor cantidad de medios que los admitidos, procedan a la desinversión. El Grupo Clarín, el más grande del país, obtuvo en primera instancia una medida cautelar, ordenando la suspensión sin plazo del artículo 161, para el multimedio. Finalmente, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia que decidió que el artículo "no afecta de ningun modo la aplicación general de la Ley 26.522" y que "el 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley".[10]

El Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Prensa, Frank La Rue, ha considerado que la Ley de Medios argentina representa un significativo avance en cuanto a libertad de expresión.[11]​ En sentido adverso, un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)[nota 1]​ de abril de 2012 afirmaba que la información seguía "siendo manejada selectivamente y como un bien privado” y que los funcionarios la utilizan “para discriminar a medios y periodistas, obstaculizando su tarea profesional".[12]

Eliminación del delito de injurias para periodistas[editar]

El 11 de septiembre de 2009 la Presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público.[13][14]​ El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Eduardo Kimel c/ Argentina", un periodista argentino condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento.[13]

El proyecto propuso despenalizar completamente las expresiones, cuando se refieran a asuntos de interés público, yendo mas allá de la doctrina de la real malicia de la Corte Suprema que sostenía que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa.[15]​ Fue aprobado como ley por el Congreso el 18 de noviembre de 2009 y contó con el voto a favor del Frente para la Victoria, el voto en contra del PRO y la ausencia de gran parte de la oposición.[16]

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que "es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina".[17]

Conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín[editar]

Durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno se enfrentó abiertamente con algunos medios de comunicación, en particular con el diario La Nación,[18]​ mientras los medios de comunicación del Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, se mantenían neutrales o favorables al gobierno.[19][20]​ Durante la campaña electoral que llevaría a Cristina Fernández a la presidencia, los medios del Grupo Clarín comenzaron a mostrarse hostiles hacia el gobierno de Kirchner, cuestionando repetidamente el presunto falseamiento de los datos económicos por el Indec[21]​ y casos de corrupción.[22]

Durante el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, el Grupo Clarín tomó abiertamente partido por los sectores opuestos al gobierno, y políticos oficialistas interpretaron que esta toma de partido tuvo una importancia crucial en la derrota del gobierno en esa oportunidad.[22]​ El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín tomó estado público durante ese mismo año, cuando el gobierno acusó a esos medios de tendenciosos y de estar protegiendo los intereses de poderosos grupos económicos.[20]​ Las interpretaciones del enfrentamiento difieren de acuerdo a los involucrados. Según Néstor Kirchner,[23]​ y la propia Cristina,[24]​ el conflicto se debe a que el kirchnerismo no aceptó la presión del Grupo Clarín para que no fuera candidata a presidente ni para que el gobierno operara para que el grupo pudiera comprar la empresa Telecom, manifestada de manera personal a Néstor Kirchner por Héctor Magnetto, CEO del grupo empresarial. El Grupo Clarín sostiene que las cuotas del mercado que posee no son excesivas y le imputa al gobierno tener el objetivo de "desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia".[25]

Las relaciones con el Grupo Clarín, así como con otros medios de comunicación, se han mantenido en un alto nivel de tirantez, llegando a hacer pie en el exterior en ocasión de una visita de la presidenta a Angola.[nota 2]

También el intento gubernamental de ejercer algún tipo de control sobre la empresa Papel Prensa S.A., único proveedor local de papel para diarios —incluyendo la declaración de la comercialización de ese insumo como "de interés público"[26]​ y la investigación de los presuntos crímenes relacionados con la adquisición de la misma por Clarín y La Nación—[27]​ han sido interpretados alternativamente como una forma de control de la prensa,[28]​ o como un freno a las limitaciones que ese monopolio ejercería sobre otros medios.[29]

Conferencias de prensa, cadena nacional y pauta publicitaria[editar]

Algunos medios y políticos opositores, cuestionaron por insuficientes la cantidad de conferencias de prensa que realiza la Presidenta,[nota 3][30]​ y por el uso de la cadena nacional, considerándola impropia.[31]

También cuestionan la manera en que se distribuye la publicidad del Estado Nacional (pauta oficial) y la existencia de algunos programas periodísticos y medios de prensa, como los periódicos Página/12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur, y el programa televisivo 678 transmitido por la televisión pública, sosteniendo que los mismos están apoyados económicamente de modo indebido por el Poder Ejecutivo Nacional, en perjuicio de otros programas y medios de prensa opositores.[32]

El diario Perfil es una de las publicaciones afectadas por la decisión del gobierno de Néstor Kirchner y continuada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner de no otorgarle publicidad oficial. Esto originó una acción de amparo iniciada en mayo de 2006 que culminó con el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que esa política -reconocida expresamente por el gobierno- era violatoria del derecho de libertad de expresión y ordenando que se le diera publicidad oficial. Como la sentencia no fue cumplida, el juez impuso al Estado una multa compensatoria.<ref>[http://www.perfil.com/docs/falloperfil.pdf Sentencia.] Acceso 21-11-2011</ref><ref>[http://www.perfil.com/contenidos/2011/03/03/noticia_0011.html La pauta oficial fue el huevo de la serpiente de la comunicación K por Jorge Fontevecchia] Acceso 21-11-2011</ref>

Notas[editar]

Referencias[editar]

  1. Poder Ejecutivo Nacional (27 de agosto de 2009). «Proyecto de Ley. Regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Derogación de la Ley 22285 (Ley de Radiodifusión». Cámara de Diputados de la Nación. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  2. «Gustavo López estará en Jujuy el 13 de junio». Norte Social. 22 de mayo de 2012. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  3. Baranchuk, Mariana (febrero de 2010 fechaacceso=21-08-2012). «Una historia sobre la promulgación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o el largo camino hacia la democratización de las comunicaciones)». AFSCA. 
  4. «Foros Participativos de Consulta Pública». FM En Tránsito. 7 de abril de 2009 fechaacceso=21-08-2012. 
  5. «Movilización por la Ley de Medios a los Tribunales». 26Noticias. 15 de abril de 2010. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  6. «Masiva marcha en favor de la ley de medios». La Nación. 15 de abril de 2010. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  7. «Miles de personas protestaron en el Congreso contra la ley de medios». La Nación. 6 de octubre de 2009. Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  8. Cámara de Diputados de la Nación, ed. (16 de septiembre de 2009). «Votación nominal del Proyecto de regulación de los servicios de comunicación audiovisual». Consultado el 19 de septiembre de 2009. 
  9. Cámara de Diputados de la Nación, ed. (16 de septiembre de 2009). «Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual». Consultado el 19 de septiembre de 2009. 
  10. Perfil, ed. (26 de mayo de 2012). «Ley de Medios: la Corte falló contra el Grupo Clarín en un artículo clave». Consultado el 21 de agosto de 2012. 
  11. «Frank La Rue: "Es lo más avanzado que he visto en el continente"». Página/12. 15 de julio de 2009. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  12. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas VOA
  13. a b Poder Ejecutivo Nacional (11-09-2009). «Proyecto de Ley 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  14. «Cristina envió un proyecto para despenalizar calumnias e injurias». Clarín. 12-09-2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
  15. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallos 314:1517.
  16. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009. con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados. «Diputados aprobó la despenalización de calumnias e injurias». La Nación. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. Cámara de Diputados de la Nación Argentina (28 de octubre de 2009). «Media sanción del proyecto de Ley 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Consultado el 21 de noviembre de 2009. «Expediente 0025-PE-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. «Sesión del 28-10-2009». Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009.  En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores. «Argentina elimina delitos de calumnias e injurias de su Código Penal». Knight Center for Journalism. University of Texas. 28 de octubre de 2009. Consultado el 21 de noviembre de 2009. 
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  18. Mochkofsky, Graciela. Pecado original. Buenos Aires: Planeta. p. 148-149. ISBN 978-950-49-2698-6.  Parámetro desconocido |añ= ignorado (ayuda);
  19. «Alberto Fernández revela la política de medios del Gobierno y la ruptura con Clarín». Perfil.com. 17 de noviembre de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  20. a b Montenegro, Maximiliano, Es la ekonomía, estúpido, Buenos Aires, Planeta, 2011, pág. 100.
  21. «Conflicto INDEC: un club de mujeres es el mayor dolor de cabeza para Moreno». Clarín. 27 de septiembre de 2007. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
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  25. Grupo Clarín (4 de octubre de 2009). «64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos». Clarín. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
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  28. Alfie, Alejandro (20 de diciembre de 2011). «El proyecto de control de papel suma críticas de periodistas». Clarín. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  29. Rodríguez Villafañe, Miguel. «El rol de Papel Prensa». Asociación Judicial Bonaerense. Consultado el 22 de agosto de 2012. «El control que los grupos Clarín y La Nación tienen sobre Papel Prensa le impone condiciones leoninas a cientos de publicaciones en todo el país. La disputa por el papel. El rol del Estado. Lo que dice la Corte Suprema.» 
  30. «Diputados reclaman conferencias de prensa». Clarín. 15 de mayo de 2012. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  31. «Diputados reclaman conferencias de prensa». Diario Uno. 21 de junio de 2011. Consultado el 23 de agosto de 2012. 
  32. «Los grupos alineados con Olivos duplican en un año la pauta oficial». Clarín. 8 de junio de 2012. Consultado el 23 de agosto de 2012. 


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