Wikiproyecto:Memoria histórica en la Argentina/Decretos de aniquilamiento de 1975 (Argentina)

Por el nombre de "decretos de aniquilamiento", se conocen a los tres decretos que, en octubre de 1975, en la Argentina, se redactaron tras el violento y luctuoso ataque de la agrupación Montoneros contra un cuartel militar, en la Ciudad de Formosa, durante el gobierno constitucional del peronismo. Este ataque provocó una gran conmoción a nivel nacional y tuvo como inmediata consecuencia que Ítalo Argentino Luder, presidente interino de la Nación Argentina en ese instante, reaccionara redactando dichos decretos, que delegaron la lucha contra la guerrilla en las Fuerzas Armadas de ese país, ordenándoles aniquilar el accionar subversivo. Pero los militares tomaron los decretos como una excusa para aniquilar también a los insurgentes, y finalmente realizar el golpe de estado de 1976.

Contexto político previo

Archivo:CompañiaMonte.jpg

Formación de la Compañía de Monte del ERP en Tucumán.

Previo a los decretos de Luder, María Estela Martínez de Perón (que ocupaba el cargo presidencial), había ordenado al ejército intervenir y "aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán", mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975. A esto se lo denominó Operativo Independencia, y durante el desarrollo del mismo, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina accionaron en Monteros, en dicha provincia, para aniquilar a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, y a los militantes Montoneros enviados a apoyarlos, que buscaban crear un "foco revolucionario" en el monte tucumano.​

Archivo:Isabelita.jpg

María Estela Martínez de Perón, apodada "Isabel".

El domingo 5 de octubre de 1975, la organización guerrillera Montoneros atacó los cuarteles del Regimiento de Infantería Monte 29, el Casino de Suboficiales de dicha fuerza y el Aeropuerto "El Pucú" de la Ciudad de Formosa en la provincia homónima, Argentina. La intención era demostrarle al Ejército y a la opinión pública que Montoneros había desarrollado la suficiente capacidad militar para atacar al Ejército.​

El enfrentamiento armado le ocasionó al Ejército 30 bajas, entre muertos y heridos, donde 10 de ellos eran soldados muy jóvenes.​ que estaban realizando el servicio militar obligatorio, es decir, eran lo que en la Argentina se denominaba como "colimbas" (conscriptos).

El ataque provocó una conmoción nacional y todas las fuerzas políticas condenaron el asalto, que apuntaba al muy deteriorado gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien ya había solicitado y obtenido el 13 de septiembre una licencia en su cargo, alegando motivos de salud. De manera que el presidente interino, en el momento del ataque, era Ítalo Argentino Luder, hasta el 17 de octubre, en que María Estela retornó a su cargo.

Los decretos

Luder extendió a todo el país la política de "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" que había sido iniciada pocos meses antes, con el mencionado Operativo Independencia, solo en la provincia de Tucumán.

• El decreto número 2770, creaba dos Consejos:
  El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
  El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
• El decreto 2771 disponía que el ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
• El decreto 2772 ordenó a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso de la Nación el 29 de octubre de 1975.

Tanto el decreto 261 del 5 de febrero, como el 2772, de octubre, fueron conocidos públicamente recién el 24 de sebtiembre de 1983, cuando los publicara el Diario La Prensa, de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1983, en su página 4.​

Consecuencias

Los decretos no lograron detener la violencia entre los bandos de derecha e izquierda. Por el contrario, la incrementó. Las Fuerzas Armadas lograban la autoridad que habían estado buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los llamados terroristas, la cual hasta este momento había sido en gran medida manejada por la Policía Federal, y ayudaron a que se llegase al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, iniciando la última y más violenta dictadura vivida por en la historia del país.

El decreto 2772 introdujo el polémico verbo "aniquilar", un término militar que era más duro que el "neutralizar y/o aniquilar" del decreto 261 de María Estela. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término "aniquilar" en vinculación directa al concepto de guerra sucia, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no solo de sus estructuras o su accionar.

Carlos Ruckauf, que era ministro de Trabajo en aquel entonces, iba a recordar años más tarde que Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba.

Ya en el ocaso de la dictadura, previendo problemas judiciales por las violaciones a los Derechos Humanos, los jefes militares sostuvieron que había sido una guerra y que no habían hecho más que obedecer los tres decretos, emitidos por un gobierno democrático; ese mismo argumento fue esgrimido por los defensores de los comandantes juzgados en 1985 y siguió siendo utilizado por los partidarios de los militares presos.

Sin embargo, en el juicio contra los comandantes, Luder precisó que "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" aludía a "inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal".​​ En la acusación contra los militares, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo destacaron las explicaciones de Luder y resaltaron que ninguno de los oficiales superiores citados a declarar por la defensa (de los comandantes) entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar. En la sentencia, leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985, los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal coincidieron en que la orden de Luder no podía entenderse fuera del contexto jurídico de aquel momento, cuando la Carta Magna, las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras seguían siendo la ley suprema de la Nación.

Fuentes consultadas

• “Operación Primicia fue el salto militar de Montoneros”, en el Litoral.com, 19/09/2010.
• A sangre y fuego por Ceferino Reato, en Pefil.com, 29/08/2010.