Anexo:Casos de corrupción política en Colombia por año

En este artículo se listan los principales casos de corrupción en Colombia desde 1995, incluyendo los principales implicados y el valor de detrimento patrimonial público y privado estimado de cada uno (en el sector público, la corrupción no es solo económica, también es política cuando los servidores públicos realizan uniones o actividades ilegales a cambio de resultados operativos y/o electorales). La lista se irá expandiendo a medida que se desarrollen nuevos casos.​​​​​​​

Casos de corrupción seleccionados entre 2020-2023 ^[actualizar]

2023

Escándalo Colombia-Gate / Il Distorto Italiano

Desde marzo de 2022​, el diario Corriere della Sera publicó las investigaciones de la Procuraduría de Nápoles sobre un Escándalo de Corrupción entre altos funcionarios y empresarios de la industria bélica de Italia, que involucraban a altos funcionarios del Ministerio de Defensa de Colombia del Gobierno de Iván Duque. El mayor implicado es Massimo D'Alema​, quien habría intentado una venta por más de 4300 millones de euros entre aviones de entrenamiento producidos por Leonardo S.p.A. (24 Alenia Aermacchi M-346) y Fincantieri (4 corbetas FCx 30 y dos submarinos Trachinus)​ El escándalo, que pasó a conocerse como Colombia-gate, revelaría que Massimo D'Alema (quien fue Primer Ministro de Italia entre 1998 y 2000, Viceprimerministro y Canciller de 2006 a 2008) repartiría entre él y sus socios 80 millones de euros de comisión (de los que se conocen Alessandro Profumo - director general de Leonardo S.p.A. y Giuseppe Giordo, gerente general de Fincantieri). Esta negociación, que ha sido negada por distintos funcionarios de ambos países por el simple hecho de que nunca se materializó, tenía como contactos en Colombia a los paramilitares Edgar Ignacio Fierro Flórez alias "Don Antonio" (excapitán del Ejército Nacional de Colombia y mano derecha de alias Jorge 40), y Oscar José Ospino Pacheco alias "Tolemaida", capturado a finales de 2010 y condenado a 27 años de prisión por los delitos cometidos como subcomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40). Otros implicados son el contratista Robert Allen (Estados Unidos), y los italianos Gherardo Gardo, Umberto Bonavita, Giancarlo Mazzota, Emanuele Carusso y Francesco Amato (estos dos últimos trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia). A finales de enero de 2022 Gardo, Bonavita y Mazzota se encontraban en Bogotá,​ y hay un documento firmado por Giuseppe Giordo, Achille Fulfaro (división militar de Fincantieri), Germán Monroy Ramírez, Francisco Joya Prieto (capitanes de la Armada y delegados de la comisión del Senado de Colombia) del 27 de enero de 2022. Esta firma fue al día siguiente del fallecimiento del Ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo a causa de una neumonía derivada de complicaciones por COVID 19, y fue sucedido en el cargo por Diego Molano Aponte. Holmes Trujillo ya había generado polémica por la adquisición de un helicóptero italiano Leonardo AW-139 por 12 millones de dólares en octubre de 2020, al considerarse un gasto innecesario en plena pandemia de COVID-19​

El caso se volvió mediático en Colombia en junio de 2023 cuando el Corriere della Sera difundió que en el caso estaba implicada Marta Lucía Ramírez, que en 2022 era Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores (Canciller) de Colombia: “Esta operación tenía por objeto favorecer y obtener de las autoridades colombianas la firma de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros y para conseguirlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilegal de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros”​. En entrevistas concedidas a Revista Semana y W Radio, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia, Giorgio Mulé, niega que Marta Lucía Ramírez tenga vínculos con el escándalo​. Sin embargo, Diego Molano Aponte estaría implicado en el escándalo debido a que en los audios de D'Alema se menciona que “el primer paso es recuperar el contacto y hacer una llamada con el ministro (Diego Molano)"​. El presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación el 6 de junio de 2023 que se investigue este escándalo​.

Escándalo de las Chuzadas, Laura Sarabia y Armando Benedetti

• El caso comenzó con una denuncia en Revista Semana en la que Marelbys Meza, una niñera que trabajaba para Laura Sarabia, Jefe de Gabinete de Gustavo Petro, revelara que fue sometida a una prueba de polígrafo por parte de Laura Sarabia quien la acusó por la desaparición de un maletín con 4000 dólares en efectivo​. Marelbys Meza fue recomendada a Sarabia por Armando Benedetti, y a su vez, Laura Sarabia había pasado de ser la secretaria personal de Benedetti a ser Jefe de Gabinete de Gustavo Petro al posesionarse como presidente​. Las actuaciones de Laura Sarabia hacia la niñera implicaba, además del abuso de poder, que se estaban utilizando recursos de inteligencia del Estado de forma ilegal; Marelbys Meza declaró a Revista Semana haberse sentido "secuestrada y amenazada"​. Meza fue recomendada a Laura Sarabia por Armando Benedetti, y la Fiscalía General encontró que Marelbys Meza fue incluida ilegalmente como perteneciente a la organización Clan del Golfo para que un juez de garantías pudiera autorizar a la DIJIN para interceptar las conversaciones telefónicas entre ella y Laura Sarabia​. Tras conocer sobre las escuchas ilegales el Fiscal General Francisco Barbosa anunció una investigación donde se descubrió que además de Marelbys Meza, otra persona del servicio doméstico de Laura Sarabia tendría el teléfono intervenido, ambas interceptaciones (denominadas coloquialmente como 'chuzadas' en Colombia) habrían tenido lugar por un período de 72 horas​. Aunque son escuchas ilegales, estas habrían revelado que Armando Benedetti —asignado como embajador de Colombia en Venezuela desde el inicio del mandato de Petro— le habría pedido a Marelbys Meza tras ser despedida por el presunto robo, que viajara a Venezuela (un vuelo privado pagado por Benedetti)​, para discutir sobre la polémica generada por el escándalo, y además sobre un plan de chantaje de Benedetti hacia Petro. A pesar de que Armando Benedetti sostuvo que esos audios han sido manipulados, en ellos se establece que su plan consistía en chantajear a Gustavo Petro por medio de Laura Sarabia, con una supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro con dinero proveniente de la organización criminal Clan del Golfo. Como resultado del escándalo, el Presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Laura Sarabia de su cargo de Jefe de Gabinete y a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela el 29 de mayo de 2023 y lo confirmó públicamente el 2 de junio​. La renuncia como embajador por parte de Benedetti fue aceptada el 6 de junio, un día después de nombrar a su sucesor​ y tenía efectividad el 23 de junio, sin embargo ese día, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un decreto para extender el periodo de Benedetti en la embajada en Venezuela hasta el 18 de julio a petición de Benedetti​ quien afirmó "que necesitaba más tiempo para poder entregar el cargo y garantizar la reapertura de la embajada"​. El mismo día en que el presidente Petro anunció la solicitud de renuncia a Benedetti, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó revocar la visa de Benedetti debido a su posible vínculo con el Clan del Golfo​.

Nicolás Petro Burgos

• El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, anunció el 20 de marzo de 2023 que la Fiscalía General de la Nación está investigando Nicolás Petro Burgos desde el 2 de marzo por petición directa de su padre, el presidente Gustavo Petro​​, por un posible delito de lavado de activos, al igual que el hermano del presidente Juan Fernando Petro​, quien ha sido mencionado en un supuesto caso de sobornos para recibir beneficios de la ley de Paz Total. Según un testimonio de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, quien acusó a Nicolás Petro Burgos de recibir dinero dirigido a la campaña electoral de Gustavo Petro por parte del ex narcotraficante Samuel Santander "El hombre Marlboro" quien habría entregado 600 millones de pesos (aproximadamente 120,000 dólares de 2022)​, Alfonso "El Turco" Hilsaca y Juan Manuel Sarmiento, en una entrevista con Revista Semana​ Sin embargo, el dinero no habría llegado a la campaña presidencial directamente, sino que habría beneficiado la candidatura a cargos públicos y de elección popular de Máximo Noriega (Gobernación del Atlántico) y permitido la posesión de Jorge Eduardo Londoño como director del SENA, de Alfonso Prada como Ministro del Interior y de Roosevelt Rodríguez como Superintendente de Notariado y Registro. Por otra parte el escándalo se enmarca en una aparente relación cercana de Nicolás Petro Burgos con Musa Besaile Florez "Musita", hjio de Musa Besaile, implicado en el escándalo de Corrupción de Odebrecht, aunque la misma Day Vásquez tuvo que aclarar, en otra entrevista con Revista Semana, que esa relación no existía​. El presidente Petro ha intentado mostrarse distante de la posición política y relaciones personales de su hijo Nicolás, justificando con la frase "yo no lo crié" el hecho de ser un hijo de su primer pareja, Katia Burgos, quien tuvo a Nicolás en junio de 1986 cuando Gustavo Petro estaba detenido bajo el cargo de porte ilegal de armas (y fue liberado en febrero de 1987).

Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad

• En enero de 2023 se hizo público que la Contraloría General de la República emitió el 26 de diciembre de 2022 un auto que decreta medidas cautelares por detrimento patrimonial de 30.595 millones de pesos (6.7 millones de dólares a enero de 2023) a siete militares de alto rango, a los que señala de ser los presuntos responsables de la pérdida de dineros públicos. De acuerdo con el documento de la Contraloría, las obras del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad “no fueron terminadas e incluso presentan deficiencias constructivas y de diseño que ponen en riesgo su estabilidad estructural”​. Esto confirma la denuncia hecha en 2022 por el periodista Yohir Akerman​, quien ya señalaba el robo de más de 30.000 millones de pesos que se habían invertido en 2013 en la construcción de un centro de rehabilitación física para miembros de las fuerzas militares afectados en combate, que atendería a más de 1.000 militares víctimas de minas antipersonal y discapacitados en la obra ubicada en el Cantón Caldas en la localidad de Puente Aranda del centro de Bogotá, que debía entrar a funcionar el 31 de diciembre de 2014, según el contrato interadministrativo No. 1441 del 23 de diciembre de 2013 que el Ejército firmó con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa. En el documento de la Contraloría queda explícito que el contrato entre el Ejército y la Agencia Logística no cumplió con su finalidad: “Prestar atención médica especial, física y emocional, al personal militar en condición de discapacidad víctima del conflicto”​. La contraloría embargó los bienes y acusó de detrimento patrimonial a: el mayor general (r) Fernando Pineda Solarte, quien para la época de los hechos era el ordenador del gasto; el brigadier general (r) Pablo Federico Przychondny Jaramillo, quien para la época era el director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; la coronel Ligia del Rosario Maldonado, quien era una de las ordenadoras del gasto; el coronel Oscar Alberto Jaramillo, quien fungía como director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; la mayor Luz Mery López Rangel, quien era una de las ordenadoras del gasto; el mayor Gerardo Mojica, supervisor del contrato, y el capitán Carlos Norvey González, supervisor del contrato​.

2022

Caso Mario Castaño y el Escándalo de las Marionetas

• El Senador Mario Alberto Castaño, perteneciente al Partido Liberal Colombiano, fue capturado el 9 de junio de 2022 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adjunto a la Fiscalía General de la Nación, tras ser señalado de ser el cabecilla de una organización delincuencial dedicada principalmente a la corrupción​​, un escándalo al que se denominó el Caso de las Marionetas. La mayoría de los delitos del ex-senador Castaño y la organización que lideraba estaban relacionados con la contratación de obras públicas con el fin de obtener ganancias ilegales por su adjudicación/ejecución, especialmente en programas de inversión social, valiéndose de su posición y poder dentro del Senado de Colombia​​ y apoyado en la dirección del entramado por el odontólogo Juan Carlos Martínez Rodríguez el Hombre del Maletín​​, prófugo desde el 4 de marzo de 2022​. Sin embargo la confesión y admisión del senador estaban dirigidas a reconocer su participación en los hechos de los que se le acusaban, mientras que la acusación y condena no son por su participación sino por liderar directamente la organización y sus actividades​, dentro de las que se encontraban el peculado (malversación) y contratos amañados dentro del Ministerio de Interior como el del Programa Sacúdete al Parque​​, así como una donación de 1.500 millones de pesos (equivalentes a 397.707 dólares del 6 de junio de 2022) para la candidatura de César Cristian Gómez Castro a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, la designación de empleados dentro del Congreso de la República y el SENA que ganaban sueldos sin ejercer ninguna función ni asistencia, el desvío de 2000 millones de pesos (equivalentes a 530.275 dólares del 6 de junio de 2022) del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Cultura con el falso propósito de financiar una escuela proyecto en Salamina (Caldas). Como parte de la red de corrupción fueron capturados Humberto Vásquez, alcalde de Balboa (Risaralda), Ronal Villegas, alcalde de Suárez (Cauca), Jhonattan Vásquez, alcalde de La Merced (Caldas), Diego Fernando González, alcalde Aguadas (Caldas), Gloria Estella Raigoza, alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Medardo Ortega, alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Víctor Hugo Franco, alcalde de Piendamó (Cauca), Andrés Aristizábal Parra, alcalde de Villamaría (Caldas)​, el gerente de la empresa para el desarrollo territorial Proyecta Quindío, Pablo César Correa (quien fue detenido en julio de 2022 y está cumpliendo su condena en arresto domiciliario desde febrero de 2023​) . El 6 de febrero de 2023 Caracol Radio reveló que de acuerdo a investigaciones del periodista Juan Pablo Barrientos, hay una lista de más de cien personas involucradas en el Escándalo de las Marionetas​ y la cifra del desfalco supera los 112,000 millones de pesos (24 millones de dólares a 29 de enero de 2023)​. El 16 de junio de 2023 la Corte Suprema de Justicia condenó al ex-senador Mario Castaño a 15 años de prisión​​ y el 30 de junio de 2023 vinculó al senador Ciro Alejandro Ramírez del Centro Democtrático a la Red Criminal de Mario Castaño, acusándolo de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y contrato sin requisitos legales.​.

Sociedad de Activos Especiales (SAE)

• Una de las beneficiadas del entramado corrupto del Escándalo de las Marionetas habría sido Juliana Márquez Tono​, madre del presidente Iván Duque Márquez. La SAE, o Sociedad de Activos Especiales, es una entidad estatal creada en Colombia en 2011 para administrar los bienes que han sido confiscados por el gobierno como resultado de actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, por lo que está diseñada para vender, subastar o utilizar los bienes confiscados para financiar proyectos sociales, y a su vez reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad encargada de hacer lo mismo pero que fue permeada por la corrupción y tuvo que ser disuelta por ese motivo. Desde 2019 la Sociedad de Activos Especiales comenzó a ser investigada por irregularidades que habrían permitido pérdidas millonarias en los bienes que administra. La periodista Silvia Charry reveló en Cambio Colombia que Juliana Márquez Tono fue grabada hablando con Nova Lorena Cañón​, relacionista pública y una de las protagonistas del entramado de corrupción de Las Marionetas (y quien quedó en libertad tras delatar a sus miembros principales, siendo subalterna directa de Mario Castaño)​. La relación entre Juliana Márquez Tono y Nova Lorena Cañón era personal y es previa a la presidencia de Iván Duque, y juntas se encargaron de gestionar varias obras sociales y donaciones lideradas por Juliana Márquez como las de instrumentos musicales y mercados en plena pandemia​; de acuerdo a esa relación y las conversaciones, Juliana Márquez​ se habría beneficiado con tráfico de influencias al poder tener asignados bienes administrados por la SAE para sus proyectos de beneficencia, así como acelerar proyectos como el del acueducto de La Chamba, Tolima, y de mediar ante la Unidad de Gestión de Riesgos para un contrato que quería Cañón​; la primera conversación sobre el tema sucede el 7 de julio de 2021, a las 11:50 a. m., y trata sobre la posibilidad de que la DIAN disponga algunos puestos para contratar bachilleres o personas sin trabajo que Márquez quiera colocar en la entidad . A pesar de la gravedad de estos hechos, la Fiscalía General de la Nación encabezada por Francisco Barbosa, se enfocó en la resolución del Escándalo de las Marionetas y guardó silencio sobre la relación de Juliana Márquez Tono en las investigaciones por corrupción al interior de la SAE o de su relación con Nova Lorena Cañón y con el condenado por corrupción, Mario Castaño. Después del escándalo a mediados de 2022, Juliana Márquez Tono empezó a ser conocida como "La Madrina"​)
• Además de Juliana Márquez Tono, otro implicado en la corrupción de la SAE es el ex-director de la Policía Nacional general (r) Rodolfo Palomino, a quien de acuerdo al portal La Nueva Prensa, se le adjudicaron propiedades que pertenecieron al narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias “Pedro Orejas”​, una adjudicación que fue hecha de manera clandestina e inconsulta por Leidy Constanza Cifuentes, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de la SAE, diez días después de haber asumido Gustavo Petro la Presidencia de la República, y que fue retirada de la entidad por corrupción en septiembre de 2022. De esta forma, a pesar de ser un delincuente extraditado con una condena en Estados Unidos, Rincón Castillo habría podido encargar la administración de su hacienda al general (r) Palomino. Además de implicarlo como testaferro de un narcotraficante extraditado, Palomino no podía recibir esa hacienda de parte de la SAE debido a que, entre otras cosas, sobre él pesa una sanción disciplinaria de la Procuraduría que lo inhabilita para contratar con el estado colombiano durante 13 años​. También, figura en un expediente penal sobre compras corruptas de camionetas blindadas para la Policía Nacional​.

2021

Caso Centros Poblados

• El Caso Centros Poblados, también conocido como "caso MinTic" o "escándalo Abudinen" ocurrió el 10 de agosto de 2021 gracias a la denuncia de la periodista Paola Herrera en La W Radio tras ocho meses de investigación​, en el cual la Ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, enfrentó acusaciones de manejos irregulares en la contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en escuelas de zonas rurales, por la adjudicación de un contrato por un billón de pesos colombianos (unos 250 millones de dólares) a la Unión Temporal Centros Poblados, que no contaba con la experiencia ni las capacidades técnicas para ejecutar dicho contrato y que durante el proceso presentó tres pólizas falsas. El ministerio les giró un anticipo por 70.000 millones de pesos (alrededor de 17,5 millones de dólares) y estos incumplieron con el contrato, el dinero fue sacado del país y transferido a una empresa en Delaware, Estados Unidos​. A pesar de contar con el respaldo del presidente Iván Duque y el partido de gobierno el Centro Democrático, Karen Abudinen renunció a su cargo como Ministra de las TIC el 9 de septiembre de 2021, un día antes de la votación parlamentaria en la que podría ser destituida de su cargo por el congreso, siguiendo la petición del presidente para hacerlo antes de que la votación tuviera lugar​. A pesar de que Iván Duque aseguró que se encargaría de recuperar el dinero entregado a Centros Poblados​, el dinero nunca se recuperó​. El escándalo dejó en evidencia un claro entramado de desviación del recurso billonario hacia los contratistas particulares con firmas falsas y cuentas bancarias falsas​ y produjo pocas capturas, entre ellas la de Emilio Tapia, quien se encontraba en libertad condicional después de cumplir parte de su condena por el Carrusel de la Contratación, y Luis Fernando Duque Torres, quien fue representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados​

2020

Escándalo Memo Fantasma y Marta Lucía Ramírez

• El 2 de junio de 2020, el portal InsightCrime reveló en la investigación "El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma" que la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, fundador de la Constructora Hitos Urbanos, le compraron en 2006 un lote en Bogotá al narcotraficante y ex líder paramilitar Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.​ Ramírez denunció ante la Fiscalía al autor de la investigación, el periodista Jeremy McDermott por afectar “su derecho a la integridad moral, buen nombre, dignidad y honra”, sin embargo ella misma retiró la denuncia ante las acusaciones internacionales de violación de libertad de prensa y por no llegar a un preacuerdo con McDermott para que corrigiera sus acusaciones​​. La investigación, revelada cuando Marta Lucía Ramírez era vicepresidente de Colombia, demostraría sus vínculos con alias Memo Fantasma quien habría utilizado a Hitos Urbanos como una empresa lícita principalmente para el blanqueo de capitales de sus actividades delictivas que además del narcotráfico (con el transporte de más de 100 toneladas de cocaína) incluiría la financiación y fundación del Bloque Central Bolívar (BCB) en compañía de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”​. Esto habría permitido un acelerado crecimiento de Hitos Urbanos en cabeza del esposo de Ramírez, Álvaro Rincón.
• Acusado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y narcotráfico (sin incluir sus actividades como líder dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia), Guillermo León Acevedo alias "Memo Fantasma" ó alias "Guillermo Camacho" fue puesto en libertad en agosto de 2022​. Un mes antes de forma extraña el expediente del caso Marta Lucía Ramírez con Memo Fantasma se reportó como perdido y dañado por inundación​, lo que confirmaría el alto poder de influencia del paramilitar al interior de la Fiscalía General de la Nación​.
• Adicionalmente, Hitos Urbanos no sólo habría lavado dinero de alias Memo Fantasma, camuflándose en los contactos y poder político de Marta Lucía Ramírez. Desde 2019 se produjeron varias denuncias con el Hotel Gran Sirenis en San Andrés, cuya ejecución está a cargo de Hitos Urbanos, dentro de las cuales existían diversas irregularidades como la construcción por encima del nivel permitido en la zona y la privatización de un sector público de la playa para que fuera usado de forma exclusivo por el hotel, ubicado en proximidad a propiedades de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez en la isla. El caso salió a la luz en marzo de 2022, y ante el escándalo Hitos Urbanos lanzó un comunicado en el que desmentía las acusaciones​, basándose en su praxis de ejecutar proyectos de construcción en terrenos que no le pertenece directamente y asegurando haber obtenido los permisos necesarios. El 16 de junio de 2023 se ordenó la suspensión o demolición de una parte del Hotel Grand Sirenis​. Esta no es la primera vez que ocurre, ya que Hitos Urbanos tuvo un proyecto con problemas similares con el hotel La Ermita o Gema Tours en 2016 en Cartagena​​, ejerciendo tráfico de influencias para conseguir permisos que violaran las normativas y limitaciones de construcción, en un momento en el que Marta Lucía Ramírez era Senadora del Partido Conservador y no se había descubierto su relación con alias Memo Fantasma.
• El socio principal de Álvaro Rincón en Gran Sirenis, el excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold (y considerado uno de los hombres más poderosos de San Andrés​), fue condenado a finales de abril de 2023 por cohecho, formando parte de los condenados por el Cartel de la Toga​. Las autoridades demostraron que el político y empresario le entregó 200 millones de pesos, entre 2014 y 2015 (aproximadamente 83.600 dólares a enero de 2015), a Luis Gustavo Moreno, corrupto exfiscal anticorrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez. Julio Eugenio Gallardo Archbold fue representante a la Cámara por el Partido Conservador entre 2002 y 2018, partido al que pertenece Marta Lucía Ramírez.

• Durante el tiempo de confinamiento ordenado por el presidente Iván duque desde marzo de 2020, con el objetivo de reducir el riesgo de contagios durante la pandemia de COVID-19 en Colombia, la corrupción ha permanecido intacta desangrando el presupuesto de los municipios y departamentos, desviando recursos destinados para ayudar a personas desfavorecidas, las cuales no pudieron generar ingresos debido a la cuarentena nacional ordenada por el gobierno, afectando sus ingresos básicos obligando al cierre de negocios y empresas, incluso de manera permanente. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, hasta octubre de 2021 se han registrado 837 registros para investigación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales. La Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación vienen actuando también en estos casos, lo cual debería conducir a juicios de responsabilidad fiscal y a penas de cárcel en el futuro cercano. Entre los actos de corrupción descritos por la Procuraduría en tiempo de pandemia están: Sobrecostos, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores políticos, pagos a financiadores de campañas o uso de recursos para objetos innecesarios, aprovechando la declaración de urgencia manifiesta a nivel nacional, lo cual hace más flexible los procesos de licitación o incluso los evita, situación aprovechada por los corruptos para apropiarse indebidamente de los recursos públicos.​

• Incluso el estado colombiano tampoco se ha salvado de este flagelo durante la pandemia de COVID-19, durante la entrega de ayudas a la población nacional con el llamado Ingreso Solidario, un programa creado para ayudar a familias de bajos recursos que tuvieron que confinarse en sus hogares, sin poder trabajar ni generar ingresos para el sostenimiento del hogar. La ayuda consistía en un subsidio en dinero por valor de 166.000 pesos mensuales (41,33 dólares), girados en transferencias bancarias o casas de cambio. Sin embargo, apenas comenzaron a repartir las ayudas ciudadanos denunciaron que la plataforma virtual habilitada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar quienes fueron favorecidos con el Ingreso Solidario reconocía el beneficio a números de cédula aleatorios como 123456 o 111111. El hecho generó sospechas sobre la transparencia en la asignación del mismo, obligando al DNP en su sitio web a cerrar la búsqueda de beneficiarios. Al respecto, la entidad declaró que lo ocurrido fue una “anomalía” con el buscador de cédulas, producto de una posible desactualización de datos en el Sisbén, entidad encargada de caracterizar a la población en situación de pobreza para acceder a beneficios sociales y económicos por parte del Estado colombiano. Sin embargo, en redes sociales y en la opinión pública continuó el descontento y las críticas de la población, incluso algunos usuarios se atrevieron a manifestar que sería un supuesto fraude electoral y una compra de votos del presidente Iván Duque para las elecciones de 2022 al candidato de su preferencia.​

• Ñeñepolítica: A inicios del confinamiento en marzo se dieron a conocer unos audios entre el narcotraficante José Hernández Aponte, apodado El Ñeñe, y una mujer sobre aportes económicos a la campaña del entonces candidato presidencial Iván Duque en 2018, y su destinación a la compra de votos.​ Tiempo después se supo que la mujer en el audio es Maria Claudia Daza, cercana al expresidente y entonces senador Álvaro Uribe y asesora suya en el Congreso,​​ quien fue citada a declarar ante la Fiscalía por este hecho el pasado 29 de mayo. A raíz del asesinato en Brasil del Ñeñe en mayo del año anterior y el descubrimiento de sus actividades ilícitas, además de su influencia con varios políticos, incluyendo el actual mandatario Iván Duque, el escándalo es reconocido a nivel nacional e internacional como la Ñeñepolítica, la cual sigue en etapa de investigación​.

Carrusel de la contratación–Liliana Pardo

En primera instancia, en octubre del 2018 Liliana Pardo, exdirectora del IDU fue condenada a 19 años de cárcel por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés en la celebración de estos contratos por apropiación e interés en contratos sin cumplimiento de requisitos legales, ya que participó con el exalcalde Samuel Moreno en estos hechos. También, actúo un daño a la moral pública actuando ilegalmente. Igualmente, se le ordenó captura inmediata y que fuera encerrada en una cárcel. Por otra parte, es condenada por segunda vez a 10 años de prisión por el delito de cohecho propio por la participación de la celebración de contratos para la fase III de Transmilenio. En efecto, se le ordenó en pagar una multa de 109 SMMV e inhabilitada de diferentes cargos por 10 años. Pardo, permanece prófuga de la justicia y tiene circular roja de la Interpol Gogogo

Casos de corrupción seleccionados entre 2010-2019

2019

Escándalo en la Universidad Distrital de Bogotá

• Dos directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Wilman Muñoz y Patricia Gamboa, son acusados de desviar recursos de la universidad pública, provenientes de convenios con otras entidades entre 2015 y 2019, para beneficios personales por un valor de $11.000 millones de pesos (más de $3.3 millones de dólares). La Fiscalía les imputó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento y concierto para delinquir. Muñoz se allanó a los dos primeros pero no al tercero, mientras que Gamboa no aceptó los cargos imputados. Al conocerse los hechos de la U.Distrital por parte de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación condenó e inhabilitó por 20 años sin ejercer cargos públicos a Wilman Muñoz calificando su falta cono gravísima a título de dolo.​​

Escándalo de corrupción de la Cuarta Brigada del Ejército

• Entramado de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, involucrando altos oficiales y contratistas de la institución, con hechos irregulares desde el desvío de dinero destinado al funcionamiento de la unidad hasta la venta de permisos para porte de armas, los cuales terminaron en manos de miembros peligrosos de grupos criminales como la Oficina de Envigado. El 9 de julio, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció el retiro del general Jorge Horacio Romero Pinzón, quien comandó esa unidad entre 2016 y 2017, al igual que 5 generales más por otros ilícitos. También se realizó la captura de 9 miembros activos y retirados del Ejército (casi todos oficiales de alto rango) por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica de documento público y cohecho por dar u ofrecer.​​

Escándalo de corrupción de la DIAN

• Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de Cali envió a la cárcel a Omar Ambuila, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN capturado por hacer parte de un esquema de corrupción al interior de la entidad gubernamental que permitía el ingreso sin control de contrabando al país, entre otras irregularidades, a través del puerto de Buenaventura. Dentro de la investigación de la Fiscalía se hallaron vehículos deportivos de gama alta, millonarias transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas que hacían parte de las múltiples actividades que realizaba la familia de Omar Ambuila, por lo cual su esposa y su hija también fueron detenidas en el marco de la investigación.​

Captura de Fiscal de la JEP

• En marzo fue capturado en flagrancia Carlos Bermeo, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, quien recibiera ded exsenador Luis Alberto Gil un sobre con $500.000 dólares (unos $1.627 millones de pesos colombianos) para incidir en la extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien se habría reunido presuntamente con carteles mexicanos para conspirar en el envío de cocaína al exterior, acto ilícito que habría ocurrido aparentemente luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC el 1 de diciembre de 2017, lo que lo excluiría de la JEP para ser juzgado por la justicia ordinaria. Por estos hechos también fue capturado el exsenador Gil y 4 personas más que hacían parte del tribunal especial, además de ser detenido por más de 1 año en la cárcel alias Jesús Santrich. Como nunca se pudo comprobar si el delito cometido por Santrich fue cometido antes o después de la firma de los Acuerdos de La Habana, la Jurisdicción Especial de Paz ordenó la liberación de alias Jesús Santrich y ordenó su no extradición al país norteamericano, provocando la renuncia del entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.​​​

Otros 2019

• Ver más casos de 2019, incluyendo escándalo en la Personería de Tabio, entre otros, en Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019.

2018

Escándalo de las Chuzadas

• En agosto, la Fiscalía General destapó un nuevo escándalo de "chuzadas" o interceptaciones ilegales desde dos empresas de seguridad fachadas establecidas en Cali, con centro de operaciones en Ipiales (Nariño), donde se habría recopilado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de personalidades nacionales e internacionales. Las empresas de seguridad fachada eran propiedad de tres oficiales de alto rango retirados de la Fuerza Pública de Colombia (dos coroneles del Ejército y un general de la Policía), quienes vendían los servicios ilegales al mejor postor. Los clientes de esta red criminal, 167 aproximadamente, pagaban entre $3 y 4 millones de pesos (entre $1.000 y 1.300 dólares) por intervenir IMEI´s, mensajes de whatsapp y cuentas de Facebook de sus víctimas, además de realizarles seguimiento a sus direcciones IP. Entre los clientes de estas empresas estaría el senador Armando Benedetti, quien habría solicitado hacerle seguimiento al fiscal general Néstor Humberto Martínez y a su esposa; así mismo, solicitó "chuzar" a tres prestigiosos abogados del país, acusaciones negadas por Benedetti, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas colombianos, investigarlo sobre su participación en el escándalo. La Fiscalía capturó a los tres propietarios de las empresas de seguridad, además de un mayor retirado del ejército y varios civiles; entre ellos, una exfuncionaria del MinTIC. Otros clientes de esta red criminal serían PepsiCo, Sevientrega y Avianca; además, se cree que habrían vendido información de inteligencia a Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo y el Frente Oliver Sinisterra de alias Guacho.​​​​

Escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol

• En 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las empresas de venta de boletería por internet Ticketshop y Tu TicketYa.com, y contra algunos empresarios deportivos, por presunta reventa ilegal y masiva de más de 42,000 entradas para los partidos locales de la Selección Colombia, durante las eliminatorias para el mundial Rusia 2018. Luego de casi un año de investigaciones, la SIC anunció pliego de cargos contra la FCF, Ticketshop y Tu TicketYa.com, y otras personas. Según la superintendencia, las empresas y personas implicadas planearon y diseñaron, junto a la Federación, una “estrategia” para desviar entradas de los partidos locales de la selección colombiana y revenderlas a precios superiores. La SIC estima que se desviaron un total de 42.221 boletas por un valor nominal de $8.700 millones de pesos (unos $3 millones de dólares); en un escenario conservador de reventa, esas boletas hubiesen podido generar ingresos por $21.800 millones de pesos (más de $7.5 millones de dólares), con utilidades para los implicados por más de $13.000 millones (unos $4.5 millones de dólares). Entre los investigados se encuentran Ramón Jesurún, el expresidente Luis Bedoya (detenido en Estados Unidos por el caso Fifagate), el expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, y el presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate. En agosto, la SIC sancionó a Ticketshop con una multa de $740 millones de pesos (unos $246.000 dólares) por desviar para reventa 6.000 entradas del partido entre Colombia y Brasil, disputado el 5 de septiembre de 2017.​

Escándalo de Fonade o de la "Mermelada Tóxica"

• El 19 de julio, la Fiscalía General capturó a 7 personas, entre funcionarios y contratistas de Fonade, imputándoles delitos de interés indebido en celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir, a raíz del hallazgo de un contrato de interventoría por más de $16.000 millones de pesos (más de $5 millones de dólares) de esta entidad. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una entidad del gobierno colombiano, creada para financiar proyectos de desarrollo en los departamentos de país con un presupuesto anual de $2.2 billones de pesos (más de $7.500 millones de dólares). El contrato que originó el escándalo tenía como objeto supervisar la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en los departamentos de Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila, adjudicado este al Consorcio Interviviendas con intervención directa de los entonces congresistas Musa Besayle (detenido por parapolítica y por el caso del Cartel de la toga) y Eduardo Tous de la Ossa (detenido por el Caso Odebrecht). A cambio de adjudicarles este contrato, el consorcio debía desembolsar un 25% del valor del contrato a los senadores y un 10% para un sujeto, aún sin identificar, al cual le llamaban "Torre Negra" (presumiblemente, un alto cargo directivo de la entidad estatal ya que ese 10%, según la Fiscalía, iba a ser repartido entre funcionarios de la entidad partícipes de la adjudicación). Según interceptaciones telefónicas hechas por la Fiscalía, el consorcio habría falsificado los documentos que certificaban su idoneidad para adjudicarse el contrato; también habría pagado $200 millones de pesos (unos $69.000 dólares) a uno de sus competidores para que presentara una propuesta inviable. Los detenidos aceptaron los cargos que les imputaron; aun así, podrían enfrentar una condena de 14 años de prisión.​​

Escándalo de las elecciones legislativas de 2018

• En junio, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez da a conocer en rueda de prensa pruebas sobre delitos electorales ocurridos en las elecciones del Congreso de 2018, anunciando que pide a la Corte Suprema de Justicia abrir investigación contra los congresistas electos Fabián Castillo, Senador de la República, y Margarita Restrepo, Representante a la Cámara. También anuncia la decisión de compulsar copias de la investigación a la Corte contra la senadora electa Aída Merlano, detenida en Barranquilla el día de las elecciones luego de ser allanada su sede política​, incautando vídeos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero a líderes que luego pagaban a electores por su voto a favor de ella, como si se tratara de mercancía. Sus dos fuentes de financiación para este fin: una del sector público, a través de contratistas del Concejo de Barranquilla, y otra del sector privado, cobrando cheques de particulares que, sumados, excedían el valor límite establecido por ley para las campañas políticas. Esta empresa criminal operó desde las elecciones regionales y locales del 2015 y, en las del 2018, para el Congreso de la República.​ También involucró a Lilibeth Llinás, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, quien no alcanzó a ser elegida; aun así, la Fiscalía le imputará cargos por delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al igual que a dos diputados del Atlántico, dos concejales y dos exconcejales de Barranquilla. En los casos de Fabián Castillo y Margarita Restrepo, las actuaciones son similares a las de Aída Merlano, pero en Antioquia en Medellín y Caucasia donde, en esta última, hasta el subdirector del SENA de este municipio está salpicado. El fiscal Martínez mencionó, además, que un contratista del Distrito de Bogotá amenazó a trabajadores de jardines infantiles en la capital con no renovar sus contratos si no votaban a por Diego Caro a la Cámara de Representantes por y María Fernanda Cabal al Senado, ambos del Centro Democrático, por lo que se imputará a esta persona los delitos de constreñimiento o amenaza y corrupción al sufragante.​

Caso Hyundai en Colombia

• En 2015, la compañía automotriz Hyundai Motor Company, de Corea del Sur, le anunció a su representante en Colombia, Hyundai Colombia Automotriz, empresa presidida por Carlos Mattos, que no renovarían con ellos el contrato de representación de su marca en el país luego de 25 años de trabajo ininterrumpido, entregando la representación de su marca a la empresa Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri. Mattos demandó en febrero de 2016 a Neocorp por más de $770 mil millones de pesos (unos $224 millones de dólares en 2016) argumentando competencia desleal, inducción a ruptura de contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. En abril de ese año, el juez Reinaldo Huertas estableció que Mattos era el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda. Como consecuencia, más de 20 mil automóviles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no podía hacerlo, solo se vendían los carros que estaban en el inventario de los concesionarios de Mattos. En noviembre de 2016, Mattos y Neocorp firmaron un acuerdo en el que se estableció que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia y, a cambio, Mattos recibiría una millonaria indemnización por daños y perjuicios ocasionados. En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos, con el fin que la demanda presentada por Mattos llegase a un juzgado específico. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor. Por estos hechos, hay 9 personas capturadas, entre funcionarios y exfuncionarios del juzgado donde se falló la demanda, entre ellos, el juez Huertas, Carlos Mattos y su abogado. Los capturados deberán responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio.​

Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares

• El 22 de mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 9 empresas privadas, entre ellas, 2 comisionistas de la Bolsa Mercantil Agropecuaria (encargada del mercado bursátil de los productos agropecuarios en Colombia), además de 11 personas naturales. La investigación esta encausada por un desfalco que estas le han venido haciendo a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (entidad estatal encargada de proveer las raciones de víveres a soldados, marinos, infantes de marina y pilotos). Estas empresas y personas se pusieron de acuerdo para repartir contratos y alterar los precios de las raciones alimenticias, que eran acordados previamente con los proveedores, para hacerse con una parte del dinero destinado a la alimentación de los uniformados, constituyendo una presunta colusión en licitación pública. Esta práctica ilícita se desarrolló de manera ininterrumpida durante 2011 y 2018 en, por lo menos, 10 procesos de selección adelantados para elegir a los proveedores de los alimentos, por un valor total de $60 mil millones de pesos (más de $20 millones de dólares). La SIC aclaró que no hay miembros de las Fuerzas Militares involucrados en esta práctica, todo fue gestado desde las empresas privadas. Además, las empresas y personas involucradas habrían acordado repartir contratos con presupuestos oficiales que ascenderían a un valor superior a los $47 mil millones de pesos (unos $16 millones de dólares).​​

Escándalo en Triple A y Operación Acordeón en Barranquilla

• El 17 de marzo fue capturado por la Fiscalía General Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, quien habría defraudado a la entidad en más de $27.000 millones de pesos (casi $10 millones de dólares a 2018). A través de labores investigativas descubrieron que el exgerente, junto a los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A. (esta última propietaria de Triple A) y de la firma Recaudos y Tributos S. A., aprobó y firmó 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable. Según la Fiscalía, estos gastos fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., socios particulares y el Distrito de Barranquilla) para así realizar los cobros correspondientes por regalías. Debido a estos hechos irregulares, se le imputaron los mismos cargos a Julia Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A. El ente acusador también abrió investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la primera fase de la denominada "Operación Acordeón", cumpliendo lo establecido en el antiguo Sistema Penal colombiano ya que el presunto ilícito se presentó el 4 de septiembre del año 2000, a través de un contrato suscrito entre Inassa y Triple A S.A. de esa misma fecha, donde se pacta un pago mensual a Inassa del 4.5% del recaudo total de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (brindados por Triple A) a cambio de prestar servicios en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica a la entidad. Los fiscales anticorrupción calculan que, en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado más de $237.000 millones de pesos (cerca de $88 millones de dólares de 2018). Adicionalmente, se presume que el contrato no se ejecutó y, por el contrario, se presentó una supuesta desviación irregular de estos dineros para beneficiar a terceros; entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II, propietaria de Inassa – y Slasa. Por estos hechos, fueron llamados a indagatoria 11 exdirectivos y actuales directivos de las empresas implicadas en el caso por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.​

Cartel del Sida en Colombia

• La Procuraduría General de la Nación, a través de su entonces titular, Fernando Carrillo, reveló a finales de enero un nuevo escándalo de corrupción en el departamento de Córdoba. Según cálculos de la Procuraduría, el desfalco de recursos públicos estaría por el orden de $210.000 millones de pesos (casi $76 millones de dólares). El jefe del Ministerio Público explicó que se habrían cobrado tratamientos para la enfermedad del sida por parte de pacientes inexistentes o incluso muertos. Según la denuncia de Carrillo "los pagos realizados por el llamado Cartel del Sida obedecen a pagos que no correspondían al Plan Obligatorio de Salud (POS) del estado o a fallos de tutela que favorecían falsos pacientes de la enfermedad; estos supuestos falsos pacientes eran parte del régimen subsidiado de salud colombiano. En algunos casos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pagaban a la Caja de Compensación Familiar del departamento (Comfacor) y este, al mismo tiempo, le giraba también recursos a la caja, provocando el desangre de los recursos públicos". El funcionario calcula que más de 800 pacientes falsos serían parte de este escándalo, perjudicando la salud y calidad de vida de los pacientes de Córdoba que realmente son portadores del VIH.

Otros 2018

• Ver más casos de 2018, incluyendo la suspensión del gobernador de Córdoba Edwin Besaila por el Cartel de la Hemofilia, capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa, captura del alcalde de Barrancabermeja, entre otros, en Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019.

2017

Caso Odebrecht

• Caso de corrupción liderado por la compañía basileña Odebrecht, afectando a 12 países, en el que Departamento de Justicia de los Estados Unidos estima en $11 millones de dólares el monto total de sobornos pagados por Odebrecht en Colombia entre los años 2009 y 2014, para entre otros obtener la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Tramo Dos que ascendía a $3.6 billones de pesos del año 2011 (unos $1.980 millones de dólares)​ En Colombia cae el exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole la Fiscalía cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió $6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizarle adjudicación de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. La segunda captura fue la del exsenador Otto Nicolás Bula; según la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, para que el exsenador obtuviera el contrato de la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograrlo, Bula hizo el segundo soborno de la firma por valor de $4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a licitación como estipula la ley, sino asignado en forma directa a través de un convenio fechado 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsenador Bula por delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.​ El proceso sigue su investigación, dando como resultado la captura de más de 5 personas que están implicadas en el escándalo, entre ellas, los entonces senadores Bernardo "El Ñoño" Elías y Plinio Olano.​ La gravedad de este escándalo es tal que la Fiscalía está investigando si Odebrecht financió la campaña electoral de 2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban: Juan Manuel Santos (presidente electo) y Oscar Ivan Zuluaga.​

Escándalo en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, este último llamado "El Cartel de la toga"

• El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en su propia oficina y frente a sus empleados, el hasta ese día Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; Luis Gustavo Moreno, acusado, junto a un abogado llamado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones en su contra por posible malversación de recursos por más de $10.000 millones de pesos (unos $3.3 millones dólares), en las que sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.​​ Con la cooperación de Lyon, el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente de Lyon a cambio de $400 millones (unos $130.000 dólares) y una “adición” de $30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradición por Estados Unidos.​ Luis Gustavo Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte (a los cuales Estados Unidos les canceló la visa estadounidense), manifestando que estos absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema de Justicia que, en efecto, pagó dos mil millones de pesos (unos $680.000 dólares) al exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones (unos $2 millones dólares) solicitada por estos.​ La Comisión de Acusaciones acusó además al actual magistrado de la corte Gustavo Malo, quien estaría salpicado en el escándalo de sobornos del alto tribunal; la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidió al magistrado implicado apartarse del cargo mientras continúe la investigación en su contra, petición rechazada por este afirmando que es inocente.​ ​Por su parte, la Corte Suprema emitió el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos de cohecho y peculado, quien se entregó al CTI de la Fiscalía en Montería a comienzos de octubre.

Cartel de la Chatarrización

• La Fiscalía General de la Nación ordenó, a mediados de febrero, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El Gobierno Nacional, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones de pesos ($30.945 dólares) por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según fuentes de la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones de pesos (más de $208 millones de dólares), a razón de $50 millones de pesos (unos $17.000 dólares) por camión.​​ A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.​

Cártel de las Regalías

• En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y exdirector del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150.000 millones de pesos (unos $51 millones de dólares) producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.​

Caso Manantial de Amor en Bucaramanga

• Comenzó con una investigación periodística hecha por el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga en junio de 2016, donde denunció una red de corrupción hecha por varias personas en la administración municipal; entre ellas, el entonces alcalde de la ciudad Luis Francisco Bohórquez. El plan de corrupción terminó en la concesión de contratos para un solo proponente: La Iglesia Manantial de Amor, a la cual asistía Bohórquez como feligrés al igual que varios miembros de su familia, por valores superiores a los $15 mil millones de pesos (más de $5.2 millones de dólares a diciembre de 2017) para cosas mínimas como podar árboles, modernizar alumbrados o hacerle la interventoría o supervisión a la construcción de un muro por medio de empresas constituidas por miembros de la iglesia, quienes cobraron valores alrededor del 30% por encima del valor del mercado. Luego de esta investigación el pastor de la iglesia, Óscar Leonardo Rodríguez, fue asesinado el 22 de junio de 2016 en la sede de la iglesia ubicada en el norte de la ciudad; su esposa, Rocío Méndez, recibió un atentado contra su vida un año después; los dos recibieron contratos, según la investigación, por cerca de $7 mi millones de pesos (más de USD$2.330.000 dólares a diciembre de 2017). Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha capturado y enviado a la cárcel, a noviembre de 2017, a 8 personas implicadas en los hechos; entre ellas el exalcalde Bohórquez, su Secretario de Infraestructura, Clemente León Ayala, y varios contratistas pertenecientes a Manantial de Amor por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedadideológica en documento público y falsedad en documento privado, aunque dos de ellas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas pero siguen vinculadas al proceso.​​​ En enero de 2018 se realizó una nueva captura, la de Gerson Andres González, quien en el momento de su captura ejercía como Secretario de Infraestructura en la ciudad de Barrancabermeja.​ Pese a los resultados, aún no hay capturas o implicados por el asesinato del pastor y el atentado contra su viuda.

Desfalco a Ecopetrol

• El juez cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, luego de una investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación, fue condenado en juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo con medida de aseguramiento en prisión, luego de decidir varios fallos de tutela que no estaban conformes a la ley como el de algunos extrabajadores de la estatal petrolera Ecopetrol, participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. Igual caso con el expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Hernando Hernández, el cual buscaba liquidar sus prestaciones sociales, pensión de jubilación y otros beneficios laborales de un periodo en que estuvo privado de la libertad. La Fiscalía calculó perdidas por $134.000 millones de pesos (unos $45 millones de dólares), además que los procesos de los reclamantes no eran de la jurisdicción del juez Rodríguez. Por estos hechos se encuentra en prisión el magistrado Félix Maria Galvis y próximamente se hará la imputación de cargos al magistrado Fernando Castañeda, el cual esta prófugo de la justicia.​​

Captura del alcalde de Cartagena

• El 3 de agosto fueron capturados por integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación el alcalde del Distrito de Cartagena de Indias; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; Jose Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Ivan Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.​

Escándalo en la Justicia del Meta

• Una redada llevada a cabo a finales de junio en la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte de agentes de la DIJIN (división de la policía colombiana que realiza labores de policía judicial), concluyó con la captura de dos fiscales Seccionales, dos jueces, un exjuez, un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal (entidad estatal encargada de la actividad forense en el país), un asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, dos investigadores del CTI (policía judicial de la fiscalía colombiana), y un exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, supuestamente, estarían realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría, debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de Bandas Criminales (BACRIM) de esta zona del país.​ Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, tres magistados del Tribunal Superior de Justicia en el departamento del Meta, funcionarios del INPEC (entidad estatal que vigila y regula las cárceles del país), abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos funcionarios conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.​

Escándalo de Llanopetrol

• El 19 de mayo se realizó la imputación de cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilicitamente de más de $18.000 millones de pesos (unos $6.1 millones de dólares) durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.​

Otros 2017

• Ver al menos 14 casos más de 2017, incluyendo el cartel de los Enfermos Mentales, escándalo en Colpensiones, escándalo de Corpourabá, cartel de los Abuelos, carrusel de las Cirugías Plásticas, escándalo en Secretaría de Movilidad de Medellín, captura del alcalde de Barichara, captura del alcalde de Mogotes, captura del alcalde de Moñitos, capturas de los alcaldes de Pamplona y Curillo, captura de alcaldesa de Ocaña, caso Judy Pinzón, caso Sandra Bonilla, Escándalo en Coljuegos, entre otros, en Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019.

2016

Escándalo de Reficar

• Estalló luego de que una investigación de la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, detectara sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos $2 mil 900 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora.​ Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial;​ de los cuales, a 9 ya les abrió investigación formal en junio de 2017 por sobrecostos en el orden de los $8.000 millones de pesos (cerca de $2.8 millones de dólares).​ Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició en enero la investigación penal sobre el desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría, buscando comprobar si hubo un posible peculado por apropiación; en diciembre comunicó que quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.​​​ A finales de abril de 2017, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos contra 8 altos ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 vicepresidente jurídico, 1 revisor fiscal y 6 representantes de los contratistas (Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I); todos ellos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según Martínez, el costo del peculado esta en el orden de $610.000 millones de pesos (casi $207 millones de dólares a la fecha), cifra que difiere de la presentada por la Contraloría. Así mismo, Martínez anunció el llamado a indagatoria de 8 personas más, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, búscando más responsables.​

Escándalo de las libranzas en Colombia

• Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la pérdida de sus ahorros. Se estima que las perdidas pueden ascender a más de $1.5 billones de pesos colombianos (unos $436 millones de dólares a tasa de 2016)​ de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.​​​​​​​​ Por este hecho, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​​ En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.​​ La Físcalia imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​

Escándalo en el Hospital Universitario del Valle

• A mediados de diciembre, fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Físcalia General de la Nación, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría General de la República había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos (unos $42 millones dólares a la tasa de 2016). Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el exdirector de la institución, Jaime Rubiano.​

Cartel de la Hemofilia

• Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría General de la Nación, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba (donde más se presentaron casos), Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones de pesos (más de $26 millones de dólares a tasa de 2016).​​ En enero de 2018, la Procuraduría suspendió, de manera provisional y por 3 meses de su cargo, al gobernador en ejercicio del departamento del Córdoba Edwin Besayle, para evitar un posible entorpecimiento de parte de este en la investigación disciplinaria.​

Cartel de los Cuadernos

• Las tres grandes empresas de la industria del cuaderno en Colombia (Carvajal, Scribe y Kimberly) fueron sancionadas en febrero por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a una alianza descubierta entre ellas para eliminar la competencia e inflar los precios de estos útiles escolares a sus intereses, perjudicando a los padres de familia consumidores de estos productos para sus hijos en etapa escolar, pactos hechos en 2011 y 2014. Por esta conducta indebida, las empresas papeleras fueron sancionadas con una multa de $60.000 millones de pesos (cerca de $17.5 millones de dólares).​

Caso Pretelt

• En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de $200.000 dólares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.​ Pretelt negó rotundamente estas acusaciones, pese a que se comprobó posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho, entregó el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acción de tutela de Fidupetrol, que hubiera revertido una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos ($9 millones de dólares de la época) al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado de la República en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya exmagistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.​ Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil,​ el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano​ y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;​ a los tres se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el expresidente de la república y senador Álvaro Uribe Vélez, rival político del presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.​ El 16 de septiembre de 2017, un juez absolvió al exmagistrado Escobar al considerar que no existía material probatorio contundente, de parte de la Fiscalía, para vincularlo al caso.​

Cartel del Síndrome de Down en Córdoba

• Otro escándalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría General de la Nación en el pago, por parte de la gobernación departamental, a 4 Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) por $10.000 millones de pesos (más de $3.5 millones de dólares a la época) en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Solo una de estas IPS´s recibió cerca de $7.000 millones de pesos (USD$2.470.000 dólares) sin tener un contrato formal con el departamento.​

Escándalo de la Gobernación de la Guajira

• Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.​​​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte.​ Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.​ En octubre, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un exalcalde de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge Pérez Bernier), además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante (convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo) y en febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalía.​​ Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio por valor de $5.713 millones de pesos (unos $1.9 millones de dólares en 2016), al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.​

La Comunidad del Anillo

• En febrero se denunció en la emisora radial La FM, por parte de la periodista Vicky Dávila, una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía Nacional desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.​ La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.​​ No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino,​ quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia.​ El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.​ El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía Nacional debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.​​

Otros 2016

• Ver más casos de 2016, incluyendo el escándalo del CAS de Santander, escándalo en la Secretaría de Hacienda de Medellín, escándalo en la Contraloría de Bogotá, escándalo en la Policía de Barranquilla, entre otros, en Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019

2015

Escándalo en los Juegos Nacionales

• El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno Nacional, a través de la entidad reguladora del deporte en el país (Coldeportes), invirtió $258.910 millones de pesos (unos $94 millones de dólares); de los cuales, según una investigación hecha por la Contraloría General de la República, se habrían perdido unos $66.000 millones ($24 millones de dólares), dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y exfuncionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 millones de pesos (unos $4.2 millones de dólares), condenado además a pagar una multa de $22.000 millones de pesos (unos $8 millones dólares). Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.​​ En mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al exgerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, además de una multa de $61 millones de pesos (unos $22.000 dólares), que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones de pesos (unos $310.000 dólares) en multa.​

Carrusel de la educación en Córdoba

• Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos (más de $48.8 millones de dólares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del Ministerio de Educación (Fiduprevisora).​ Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió indagación preliminar en su contra.​

Desfalco a Colpensiones

• En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de pesos ( unos $600.000 dólares) de Colpensiones,​ aunque la cifra podría llegar a los $75.000 millones (cerca de $32 millones de dólares), debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores pensionadas o tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional basado en una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.​

Carrusel de las alcaldías locales de Bogotá

• Estalló debido a irregularidades halladas por la contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.​​​ Por estos hechos, la Fiscalía ordenó la captura de las entonces alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 millones de pesos (unos $98 millones de dólares) a razón de $15.000 millones por localidad (unos $5 millones de dólares), de los cuales se busca determinar cuanto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".​

Escándalo de la salud en el Huila

• En junio la Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), funcionarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y exalcaldes de municipios del departamento del Huila, imputándoles cargos de celebración indebida de contatos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito con la respectiva detención en establecimiento carcelario. Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar) y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 millones de pesos (uos $96 millones de dólares), dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben (un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado). La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisbén para acceder a los servicios de salud". Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6.000 millones de pesos (unos $2.3 millones de dólares) bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.​ En julio se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios (Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos), firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 millones de pesos (unos $1.2 millones de dólares).​

Captura del alcalde de San Gil

• En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de San Gil; Álvaro Agón Martínez, por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el exalcalde de San Gil; Javier Agón (condenado por celebración indebida de contratos durante su administración) estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones de pesos (unos $530.000 dólares de la época) con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" (Asovibrisas). Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como reserva forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.​ En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.​

Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla

• En agosto fueron capturados 11 miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público.​ La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.​

Carrusel de contratos en Bucaramanga

• En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

Otros 2015

• Ver más casos de 2015, incluyendo el escándalo del Caso Villarraga, entre otros, en Anexo:Casos de corrupción política en Colombia entre 2010-2019

2014

Casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda

• El 5 de mayo, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia de la Fuerza Pública, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.​ En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga.​ Un colaborador de Sepúlveda, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, fue capturado en junio por interceptar ilegalmente al exvicepresidente Francisco Santos.​ En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó en octubre a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.​​ Finalmente un informe de una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andromeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.​

Carrusel de contratos en Bucaramanga

• En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

Caso Villarraga

• Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron reveladas a la opinión pública. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel (r) Róbinson González del Río (posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 dólares en 2014); del Río tenía dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,​ provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado de la República, renuncia aceptada por el Congreso en pleno.

2013

Escándalo de la Gobernación del Casanare

• El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones de pesos (más de USD$34 millones 700 mil dólares de la época) correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 millones de pesos (USD$20.967.000 dólares) del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 dólares) al patrimonio de Fidupetrol (posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones (USD$25.381.000 dólares).​

2012

Caso Santoyo

• El General Retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).​​​ Debido a la controversia, Uribe indicó​ que desconocía las "andanzas" de su exfuncionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.​ Sin embargo, sectores políticos de izquierda y algunos periodistas manifestaron que Uribe si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del entonces presidente con el narcoparamilitarismo.​ Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente del país, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, prófugo de la justicia desde 2012) y el exdirector de la Policía, Óscar Naranjo (futuro Vicepresidente de la República), también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.​​

Escándalo de Interbolsa

• Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal corredor de bolsa del mercado bursátil colombiano) de su "Fondo Premium" para su uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a más de $340.000 millones de pesos (unos $170 millones de dólares a la tasa de 2012), perjudicando a más de 1.200 inversionistas, originando también su intervención por parte de la Superfinanciera y posterior quiebra.​​​​​​​​​​ Por este hecho fueron enviados a la cárcel los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, además de otras personas vinculadas con la entidad.​ También por este hecho fue condenado a prisión el expresidente de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, además del pago de una multa de $7.000 millones de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las víctimas de esta estafa, porque el condenado tendría prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.​ Jaramillo y Ortiz fueron condenados a 5 años de cárcel el 31 de marzo de 2017 con beneficio de detención domiciliaria, condena que los afectados consideran "muy baja".​

Escándalo de Termorrío

• Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Nación a pagar la suma de USD$60.3 millones, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al exsuperintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a la señora Marlén Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la época).​

Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura

• Escándalo destapado por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporación nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cuestionada desde la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.​ Pese a ello, la Contraloría General de la República abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 dólares de ese año),​ investigación que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes (en Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la República para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control).​
• Cartel del Cemento. Los grandes productores de cemento en el país (Argos, Cemex y Holcim) fueron sentenciados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) al haber acordado manipular, a través de un pacto secreto, el precio del material entre 2010 y 2012 para eliminar a los pequeños productores y, posteriormente, acomodar el precio del concreto a sus intereses; estas tres empresas producen y comercializan el 96% del concreto en el país. Por esta conducta indebida, la SIC les impuso en diciembre de 2017 una sanción de $200.000 millones de pesos (USD$66 millones de dólares a 2017).​

2011

Condena a exalcaldes de Barranquilla

• En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social (VIS) en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.​ Los dos exalcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.​

Destitución del Alcalde de Bucaramanga

• En julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos (USD$487.300 dólares a la tasa de 2011), que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.​ En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.​

Escándalo de la DIAN

• Estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado enmascarándolos, por medio de cifras infladas, como devolución de IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos (USD$ 350.000 dólares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la nación llegaban a más de $400.000 millones de pesos (más de $133 millones de dólares a la tasa de diciembre de 2016).​ Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios de la DIAN que podrían afrontar penas de hasta 18 años de cárcel.​

Escándalo de la Salud en Colombia

El expresidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.​ Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que eran en su momento las más grandes de país). Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones de pesos (cerca de USD$1.200 millones a la tasa de 2015).​

2010

Escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes

• Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre dos bienes incautados al capo del extinto Cartel de Medellín; Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano del fallecido jefe del cartel, Pablo Escobar. Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre sí contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.​ Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la Fiscalía General de la Nación a través de la extinción de dominio, y entregados en custodia a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), un órgano estatal. Este escándalo llevó al gobierno nacional a intervenir de manera directa la DNE,​ ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014; al mismo tiempo, la Fiscalía investigó penalmente, a junio de 2014, a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como congresistas (los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia) y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O (Fácil Acceso, Rápido y Oportuno), que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. (CISA), encargada de negociar activos de y para el Estado.​​ A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.​

Carrusel de la Contratación en Bogotá

• Estalló en junio debido al descubrimiento de asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio de Bogotá, entre otros contratos para la ciudad. Por este caso, están condenados el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, igual que el excongresista Germán Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule).​ El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos colombianos (USD$1.100 millones de dólares a 2011).

Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos

• A continuación se relaciona una lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación (en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.​ Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación (2009-2016), se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;​ mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas razones de su sucesor.​

Casos de corrupción seleccionados entre 2000-2009

2009

Escándalo de Agro Ingreso Seguro

• Irregularidades en el programa destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual asignó subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos colombianos (unos $77 millones de dólares, a la tasa de 2009) a narcotraficantes​ y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.​ La Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros,​​​ condenándolo a 17 años y 4 meses de prisión.​​​

Escándalo de las chuzadas

• El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS (antigua agencia de inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.​ Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.​ Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre otros, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

2008

Condena a exgobernador de Santander

• En febrero, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el exgobernador del departamento de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de 2008) para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces contralor departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871 dólares en 2008), dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.​ En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaría privada.​

La Yidispolítica

• La Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Álvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.​ Además de la congresista, fueron condenados por este caso altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez).​ Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.​

La Farcpolítica

• En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC, alias Raúl Reyes, en el mismo lugar donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,​ y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.​ Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.​ Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces jefe de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyera e inhabilitara de ejercer cárgos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.​

Escándalo de los falsos positivos

• Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el presidente Álvaro Uribe y conocida como Política de Seguridad Democrática (PSD). Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.​ A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.​ Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.​ Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el entonces presidente Uribe Embajador en República Dominicana.​​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Uribe, algunos procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno nacional.​ La Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.​​ En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados con los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.​

Crisis de las pirámides en Colombia

• En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.​​​ Estas empresas no solo lograron afectar la economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,​ sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (más de USD$900 millones a la tasa de 2008).​​​​

La DMGpolítica

• Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.​ La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que David Murcia Guzmán, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez (ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos).​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.​ Asimismo, la Fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía.​ El entonces procurador general de la Nación, Edgardo Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Nacional Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.​​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al expersonero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.​ De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.​

2007

Escándalo de Commsa

• Pleito iniciado por el estado en los años 2007 con la firma colombo-española Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid), debido a la no construcción de una carretera clave para el país (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones de pesos (más de USD$ 53 millones de dólares en ese año) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.​ Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.​

2006

Destitución del Alcalde de Cali

• En diciembre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.​ En 2013, el exalcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.​

La Parapolítica

• Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.​ Adicionalmente, por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Álvaro Uribe;​ además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.

Desfalcos a Cajanal

• Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años (en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los dos de $269 mil 622 millones de pesos (más de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).​ Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 millones de pesos a la desaparecida Cajanal (más de USD$ 11 millones de la época), a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.​​ Este escándalo incluso logró salpicar al entonces senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en 2008,​ absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.​ En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena de Indias, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese año). Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos (más de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).​

2004

Escándalo de Invercolsa

• Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Álvaro Uribe. La Superintendencia de Sociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi USD$7 millones de dólares en ese año), obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.​ Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el exministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy (2016) las acciones no han sido devueltas.​

Casos de corrupción seleccionados entre 1990-1999

1999

Escándalo de Dragacol

• Suscitado por el pago de $1.200 millones de pesos colombianos de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Ministerio del Trabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones de pesos colombianos a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el entonces senador Javier Cáceres Leal (condenado años después por el escándalo de la parapolítica). Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.​

Escándalo de Foncolpuertos

• En el que un gran número de personas, entre empleados públicos y del común, fueron condenadas por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones (Foncolpuertos).​ Un saqueo a la nación calculado en más de $11 mil millones de pesos (cerca de USD$5 millones 500 mil dólares de la época).​ El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria.​

Escándalo de Chambacú

• Descubierto durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de César Gaviria y Ernesto Samper, en el que se acusó principalmente a los exministros de Desarrollo, Fernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, haberse aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas hechas contra ellos, para negociar en términos favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés Social en el país (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE), y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo objetivo era presentar una "imagen más amable" a los turistas de este sector (conocido también como Chambacú), desalojando a la población que estaba en el lugar, formando asentamientos irregulares de extrema pobreza. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurrallada o Centro Histórico.​ El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de 35 familias afrocolombianas que, a través del Estado, habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país). El 1 de marzo, el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y procurador general, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos, Araújo y Moreno. Durante su secuestro de 7 años a manos de las FARC, los cargos contra Fernando Araújo precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno.

1995

Proceso 8000

• Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros en el mandato de Ernesto Samper. Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;​​ al ser el presidente en ejercicio, no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo, la comisión absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.​