Censura en Perú

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La censura en Perú se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. En Perú, la censura ocurrió en diversas etapas de su historia.

Historia[editar]

Perú históricamente reconoció las ideas liberales en la entonces Constitución española de 1812.[1]​

Siglo XX[editar]

A inicios de 1926 se formó la Junta Censora de Películas para controlar contenido que considere el gobierno inapropiado para su exhibición.[2]​ Esta se desarrolló desde 1947,[3]​ como la Junta de Supervigilancia de Películas, organismo que velaba incluso en controlar ideas morales y políticas.[4]​

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se implementó una nueva ley de prensa, ordenando la expropiación de todos los periódicos de circulación nacional en 1974,[5]​ además de permitir que el concesionario tenga mayor posesión.[6]​ El gobierno cerraron los periódicos y se acusó a los editores de distorsionar sus informes para influir en el público, y se envió a los editores al exilio.[5]​[7]​ Velasco también expropió los principales canales de televisión y estaciones de radio del país.[7]​ Solo podían operar las plataformas de prensa que compartían los objetivos principales del régimen, alinear los medios de comunicación con el interés social de Velasco.[7]​ Velasco utilizó burócratas designados por el gobierno para revisar los artículos que se publicaban.[7]​ Aunque Velasco logró ocultar opiniones opuestas en gran parte de la prensa, algunas organizaciones de prensa independientes lograron sobrevivir a fines de la década de 1970.[5]​ Para los años 1980, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry redujo las penas por delitos de difamación e injuria y estableció el abuso de autoridad para funcionarios que intentaron censurar medios de comunicación.[8]​

El diario La República fue lanzado en formato berlinés en 1981 para luego reducirse a formato tabloide a fines de aquella década, en medio de presiones de cierre por las Fuerzas Armadas del Perú.[9]​ A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú crearon el Plan Verde, que suposo en sus planes políticos el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar.[10]​[11]​[12]​

Después de las elecciones generales de Perú de 1990, el nuevo presidente electo Alberto Fujimori adoptaría muchas de las políticas descritas en el Plan Verde.[13]​[14]​ En 1991, se produjo un notable incidente de censura contra los diarios La República y El Comercio, que duró un día.[15]​ Durante el período del golpe de 1992, sólo al gobierno de Fujimori se le permitió comunicarse con el público y todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tenían contenido similar; se ordenó a todos los periódicos que no incluyeran la palabra «golpe».[16]​[17]​ Posteriormente, Fujimori evitó intervenciones directas sobre la prensa, ya que la mayoría de los medios respaldaban sus objetivos, garantizando así la estabilidad de los intereses empresariales. Esto quedó demostrado por el rechazo del proyecto de creación del Consejo Peruano de Cultura y Comunicación, así como una propuesta posterior del Congreso de la República en este sentido.[18]​ Asimismo, en 1993 se registraron detenciones a periodistas.[15]​

Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno financió a los medios de comunicación a cambio de ofrecer una cobertura positiva y estable para la presidencia.[19]​ Por medio de la red de corrupción, se realizaron sobornos y promesas de clemencia legal a múltiples tabloides de la prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, ATV, América Televisión y Panamericana Televisión.[19]​ La emergente Internet en el país no estuvo afectada por el gobierno lo que portales organizados por grupos de oposición publicaron contenido desde allí.[20]​

Siglo XXI[editar]

Después del gobierno de Fujimori, Perú emprendió esfuerzos para restaurar los procesos democráticos, y con estos surgieron iniciativas para restaurar la libertad de prensa a partir del gobierno de Valentín Paniagua.[5]​ Sin embargo, coincidiendo con expresiones de veto y mordaza contra la memoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,[21]​ resurgieron amenazas por parte de varios gobiernos oficialistas y militares.[22]​ En 2004, el legislador Jorge Mufarech propuso tomar acciones de censura a los medios por acusaciones en contra de Alejandro Toledo.[23]​

Años después, en 2007, el Instituto Nacional de Cultura concedió la censura de la exposición encabezada por pintor Piero Quijano.[24]​[25]​ Alan García justificó que una de sus obras mostraba como ofensa a las Fuerzas Armadas.[26]​ En 2008, Perú 21 impidió presentar la obra realizada por el artista Álvaro Portales en la sección «Otorongo» por su fuerte contenido contra García.[27]​

En la década de 2010, la violencia y las amenazas de muerte contra los trabajadores de la prensa provocaron el declive de la libertad de prensa en Perú;[28]​ además del cierre de programas políticos como El francotirador y Enemigos públicos.[29]​ Este incluyó, como apartente estrategia neoliberalista en el gobierno de Alan García,[30]​ la clausura de La Voz de Bagua, tras los sucesos en esa ciudad en 2009 y años posteriores por otros gobiernos,[31]​[32]​[33]​ luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones revocara la licencia.[34]​[35]​

El año 2012 generó otra controversia por orden del Ministerio de Justicia tras censurar obras relacionadas con la captura de Abimael Guzmán.[36]​ Además, en diciembre de ese año, se negó el acceso público a la información sobre seguridad y defensa nacional.[37]​[38]​ A pesar de la existencia de leyes de acceso a la información, en la práctica los documentos oficiales no siempre se ponen a disposición de los periodistas.[38]​

Durante la crisis de fines de la década de 2010, el Congreso intentó controlar a la prensa.[39]​ Los ataques verbales contra trabajadores de la prensa por parte de políticos aumentaron en la década de 2020, y Reporteros sin Fronteras documentó que grupos de extrema derecha en Perú atacaban a periodistas.[40]​ Uno de los grupos notables en tales ataques es La Resistencia, en que la CPJ reportó en 2023 el hostigamiento por parte de los colectivos.[41]​

En 2018, la jueza la jueza Yanet Ofelia Paredes Salas ordenó el retiro de la serie La paisana Jacinta en las plataformas de televisión y redes sociales de Latina Televisión. Si bien se tomó como motivo al rechazo de la discriminación por procedencia étnica, se discutió si el pedido interfiere con el artículo artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993.[42]​

Crisis política de 2021-presente[editar]

En 2022, durante la crisis política ocurrida desde 2021, el Congreso de la República estableció la prohibición de que sus trabajadores realicen declaraciones públicas que «[afecten] la imagen del Congreso o la dignidad de los congresistas».[43]​ Entre los afectados se encuentra un asesor de la congresista Flor Pablo, Diego Pomareda, sancionado tras denunciar en Twitter un caso de abuso de poder del parlamento.[44]​[45]​

En 2023, tras la convulsión social, la administración de Dina Boluarte (con algunas conexiones de sectores conservadores del parlamento) propuso un proyecto para sancionar a comunicadores que instigaran la violencia en las manifestaciones,[46]​ seguido de estrategias para separar de la IRTP a quien se opongan su mandato. Tales acciones se extendieron a las presiones ejercidas sobre altos funcionarios. En el caso de Rudecindo Vega, miembro del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú, fue destituido de su cargo por solicitud de la ministra de Trabajo.[47]​[48]​[49]​ Además, según el Colegio de Abogados de Ayacucho, la Defensoría del Pueblo intentó controlar los cantos tradicionales del carnaval de Ayacucho.[50]​

Por otro lado, pobladores denunciaron intentos de censura en su obra alegórica contra la mandataria Dina Boluarte denominada La Descarada en 2023,[51]​[52]​[53]​ inspirada en el calificativo de «Dina asesina».[54]​ Días después, se descubrió que la obra fue desmontada y quemada.[55]​ Como resultado, una nueva copia fue presentada en Arequipa.[56]​ En agosto de ese año, su creador César Aguilar «Chillico» (artista quien colaboró con la revista Hildebrandt en sus Trece y recibió el acoso de La Resistencia)[57]​ fue despedido de la universidad, supestamente oficialista, donde enseñó;[58]​ caso que su veto al público permaneció con la prohibición de otras exposiciones por parte de la Policía Nacional del Perú.[59]​

Las intenciones de censura continuaron al año siguiente, cuando se realizaba una exposición de sus obras.[60]​ Asimismo, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho denunció otro incidente de censura de un carro alegórico durante el carnaval ayacuchano por parte de la policía.[61]​

Por otro lado, también en 2024, la Policía Nacional del Perú presentó una denuncia contra el caricaturista Carlín, acusándolo de atentar contra la imagen de la institución.[62]​ Se trató de uno de los precedentes de un juicio a un caricaturista en el país, según la periodista Zuliana Lainez.[63]​ Ante ello, la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana criticaron el empleo del comunicado como una estrategia para emprender acciones legales contra el caricaturista.[64]​[65]​ Además, caricaturistas compartieron sus propias viñetas relacionadas con la Policía.[66]​

En paralelo, profesionales del cine denunciaron la eliminación de concursos para promover la producción cinematográfica regional por parte de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.[67]​

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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Bibliografía[editar]

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